Era el sábado 25 de octubre de 2008 y el reloj marcaba las 21 horas. Gobernaba Rodríguez Zapatero en el Gobierno central, Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento Madrid y Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. A esa misma hora un brazo de unos 20 metros de una potente excavadora de largo golpeó la cúpula de la vieja cárcel de Carabanchel, que había sido levantada en la década de los 40 por trabajadores esclavos del franquismo, entre otros, y que durante la dictadura había encerrado entre sus muros a miles de presos políticos y por orientación sexual. Los últimos presos comunes habían salido del espacio diez años antes, en 1998. La antigua cárcel quedó reducida a añicos y el símbolo más evidente de la represión franquista en Madrid desaparecía físicamente.

Doce años después, poco o nada ha cambiado. Los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel siguen siendo un enorme solar para desesperación de las diferentes asociaciones de vecinos y vecinas que llevan ya más de una década reclamando, por un lado, la creación de un Centro de Memoria que explique la represión franquista y honre a los presos que lucharon contra la dictadura y, por otro lado, la construcción de un hospital público más que necesario para una de las zonas más humildes y pobladas de la capital. Pero prácticamente nada ha cambiado y desde entonces solo se ha ejecutado un complejo policial, compuesto por la Brigada Provincial de Extranjería, la comisaría de Latina y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Frente a ellos queda un inmenso solar que solo conserva, de manera testimonial, parte de la entrada principal de la antigua cárcel.

La larga historia de este desaguisado comenzó en el verano de 2008, unos meses antes de la demolición de la cárcel, con el "protocolo de intenciones" suscrito entre el Ministerio del Interior de Pérez Rubalcaba y el Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón que cristalizó en un acuerdo según el cual en la superficie de la cárcel se construirían 650 pisos, un hospital, zonas verdes y oficinas del Estado. El acuerdo, no obstante, fue recibido con críticas desde el vecindario, que siempre consideró como insuficientes las instalaciones dotacionales destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.  "Nos quieren hacer colar un CIE como un equipo dotacional de servicios para el barrio y eso no puede ser. Carabanchel y Latina son dos de los barrios más infradotados de Madrid y este solar es una oportunidad única para mejorar la calidad de vida del barrio", explica Jesús Rodríguez, vecino del barrio de Carabanchel. 

La lucha de Rodríguez, que está al frente de SOS Carabanchel, y de otras muchas asociaciones vecinales y memorialistas que se integran en la Plataforma por el Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel, no obstante, pasar por una modificación del Plan que fue aprobado por las diversas administraciones para que los terrenos acojan, también, un lugar de memoria que honre a los miles de presos políticos que pasaron por la prisión. Él lleva más de 12 años en esta lucha y recuerda que antes que él hubo otros y otras que también pelearon por este centro de la Memoria. 

En esta pelea, la citada Plataforma se reunió el pasado mes de enero con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y también ha solicitado varias reuniones con el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. Las sensaciones después de los contactos con ambos organismos no pudieron ser más contradictorias. Por un lado, fuentes presentes en la reunión con el secretario de estado de Memoria Democrática señalaron que Martínez mostró interés en sus reclamaciones y se mostró receptivo. Por el otro lado, no han conseguido la deseada reunión con Grande Marlaska y solo han recibido dos escritos. En el último, de hace apenas una semana, señalando únicamente que "actualmente se encuentra en curso la tramitación de la promoción de la ejecución del planeamiento urbanístico respecto a esos terrenos". Desde la Plataforma consideran que la respuesta de Interior consiste en "en echar balones fuera de nuevo sobre la responsabilidad del desarrollo inmobiliario y urbanístico de los terrenos, que, insistimos, es del propio Ministerio como propietario muy mayoritario de los mismos". 

Este periódico ha contactado con el Ministerio del Interior, como propietario de la mayoría de los terrenos, y con la secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ostenta las competencias en materia de Memoria. Así, Interior ha trasladado a Público que su Ministerio "no tiene competencias" sobre los terrenos ya que ya hay diseñado un plan urbanístico previo a este Ejecutivo y que, por lo tanto, no les corresponde a ellos realizar ninguna valoración. 

Por otro lado, desde la secretaría de Estado de Memoria democrática sí han trasladado a este periódico que tienen "una especial sensibilidad con las aspiraciones" memorialistas de la Plataforma por el Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel y que "la voluntad del Gobierno es impulsar y asegurar la existencia de un memorial dedicado a los presos políticos, demócratas y luchadores antifranquistas por la libertad que pasaron por la Cárcel de Carabanchel". "Este memorial se hará a través de un proceso participativo que incremente la capacidad pedagógica de memoria democrática de este proyecto", aseguran desde la secretaría de Estado a Público. 

Sin embargo, y a pesar de la declaración de intenciones de la secretaría de Estado, una parte del tejido asociativo se mantiene escéptico. Por varias razones. Por un lado, porque las palabras se las lleva el viento y desde que la cárcel fuera cerrada de manera permanente en 1998 han escuchado de todo. Por otro, porque parte de los terrenos siguen a la venta a través de la web de Siepse (Sociedad de Infraestructuras y de Equipos Penitenciarios de la Seguridad del Estado), que como explica en su propia página tiene tiene la función "encomendada por el Gobierno de España" de proceder a "la venta de los bienes inmuebles y Centros Penitenciarios que, una vez desafectados de los fines penitenciarios, le son aportados por el Estado". Y, por último, porque en los últimos años han visto como cada paso que se ha dado encaminado a la creación de un espacio de memoria en Carabanchel ha sufrido después un retroceso. 

El último fue con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno municipal de Ahora Madrid aprobó una partida de 300.000 euros para la construcción de un memorial acordado por el Comisionado de la Memoria Histórica, entre otras cosas. Sin embargo, poco después de llegar al poder municipal el Partido Popular, y contestando a una propuesta del partido de extrema derecha de Vox, anunció que no ejecutaría el proyecto del memorial. 

Mientras tanto, el tiempo transcurre, muchas de las personas que sufrieron la cárcel de Carabanchel van falleciendo y el tejido asociativo sigue reclamando un centro de la memoria a través de acciones reivindicativas como la instalación de placas con el nombre de más de mil presos políticos. "Llevamos más de 10 años luchando y no vamos a bajarnos de la batalla ahora. Creemos que Carabanchel reúne los ingredientes perfectos para ser un lugar de pedagogía que sirva a las nuevas generaciones para conocer qué fue la dictadura franquista", explica Jesús Rodriguez. El memorial alternativo desapareció apenas unos días después de ser instalado, pero las asociaciones vecinales y memorialistas insistieron e instalaron uno nuevo que aún permanece. 

Por su parte, Alicia Torija, miembro de la Plataforma y arqueóloga, señala que la única razón por la que este proyecto no se ha llevado adelante es porque los los únicos que tienen necesidad de llevarlos adelante son "los vecinos". "Si las administraciones hubiesen querido el hospital ya se habría levantado y este proyecto ya estaría construido. Pero no ha interesado a nadie. Solo a los vecinos y vecinas que reclaman un nuevo hospital y a los que piden un Centro de Memoria y nunca han dejado de reivindicarlo. Pero siempre que Interior es propietario de un terreno, surgen problemas", sentencia Torija.