El PP de Andalucía trató este miércoles de poner un cortafuegos en su feudo de la provincia de Almería después de que esta semana la Guardia Civil implicase a uno de los vicepresidentes de la Diputación, Óscar Liria, en una investigación sobre un contrato de dos millones de euros "por adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario".

Según un comunicado oficial de la Guardia Civil, "las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis Covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas de [un…] empresario (vinculado al narcotráfico, residente en Barcelona y beneficiario de las contratas), adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público".

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, respaldó la decisión del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), de cesar "de forma preventiva e inmediata" de sus funciones de vicepresidente a Liria. Y luego, añadió que, para él, en este caso hay "una diferencia sustancial" en relación a otros: "El presidente de la Diputación de Almería, de manera preventiva e inmediata, ha cesado de todas sus responsabilidades al vicepresidente que parece ser que era la persona que tiene relación con este asunto", según recoge Europa Press.

Sin embargo, Óscar Liria, seguía en el momento de publicarse esta crónica en la web del PP andaluz como miembro –coordinador de markéting político– del Comité Ejecutivo Autonómico que preside Juanma Moreno. El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha exigido "explicaciones" al presidente. Liria no ha dimitido como diputado provincial ni tampoco como concejal en Fines (Almería).

Además, a pesar de la claridad con la que habla la Guardia Civil, José Antonio Nieto afirmó que "lo único que sabemos porque se ha declarado el secreto de las investigaciones, es que hay una operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre una serie de contratos" de los que "desconocemos el contenido, porque el secreto de la investigación así lo obliga".

Financiación de campañas

El PP andaluz ya ha tenido éxito antes en esta estrategia de cortar de raíz los debates sobre la corrupción en Almería. Hace unos meses, el PP vetó, con la ayuda de Ciudadanos y Vox una pregunta parlamentaria sobre sobre la investigación judicial abierta en Almería a cuenta de las presuntas comisiones y otras "gratificaciones" a cambio de suculentos contratos públicos presuntamente entregadas por una constructora a responsables municipales.

En un informe judicializado, la Policía Nacional documentó que José Cara, cuando era alcalde, intervino en expedientes de permutas y subastas de terrenos en los que tenía "intereses económicos directos", un caso investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería. Cara, meses después, fue cesado "a petición propia", según la explicación oficial.

Antes de su cese, el PP ya buscó poner otro cortafuegos y. consideró que no había vinculación con la acción del gobierno, porque las pesquisas se refiere a hechos ajenos a la actuación de Cara como director del IFAPA", aseguraron fuentes parlamentarias para explicar la actuación de Vox, PP y Ciudadanos.

El antecesor de Aureliano García en la Diputación, Gabriel Amat, factótum del PP en la provincia, hoy alcalde de Roquetas, en coalición con Vox, lleva años esquivando denuncias, investigaciones e imputaciones en los juzgados.
En ese Ayuntamiento, en una causa aún abierta, la Policía Nacional ha documentado presuntas irregularidades que se prolongaron durante una década, entre 2000 y 2010, en diversos expedientes –hasta 62– de adjudicación.

El propio Amat aparece en un informe policial, elevado hace unos meses al juzgado de instrucción número 3 de Almería, en el listado de intervinientes –en el primer lugar– en la tramitación de esos expedientes. Esta causa está hoy unida a la de Cara, y, según fuentes jurídicas, está muy parada. El juzgado no llama a declarar como investigados a aquellos a los que la Policía apunta, lo que podría dar como resultado la prescripción de los delitos, según las fuentes.

En el informe, la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos (UDEF), afirma que el importe total de las obras adjudicadas a la empresa Hispano Almería entre 2000 y 2010 por el Ayuntamiento de Roquetas, según la Policía, ascendía a 77,5 millones de euros.

A cambio, Hispano Almería pagaba presuntamente gratificaciones a las personas y partidos que estaban al cargo, consideran los policías. Las pruebas son unos recibís, incorporados a la causa, que suman en total 7,2 millones de euros. El destino del grueso de esos fondos se desconoce, pero para la Policía, esos recibís vendrían a "sustentar pagos en metálico vinculados a las adjudicaciones y vienen a confirmar la existencia de una contabilidad B utilizada para gratificar la concesión de las adjudicaciones, además de con posibles fines de ilusión de sus obligaciones fiscales".

La UDEF afirma que existen "recibís no vinculados a ejecución de obras" de los que, al menos seis, "se corresponden con aportaciones, al parecer, a tenor del concepto, al Partido Popular para financiar campañas electorales". Público ha tenido acceso a estos recibís y la suma total en la que aparece el PP como beneficiario –de forma manuscrita– del dinero B de la constructora es de 111.540 euros –hay dos que se pagaron en pesetas y uno que habla del PP de la Diputación de Almería–. La Policía señala recibís relativos a las elecciones municipales del año 2003 y también vinculados a las generales y autonómicas del año 2008.