El Senado ha dado el último paso para aprobar la reforma que limita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. El Pleno de la Cámara Alta ha dado luz verde por 150 votos a favor, 108 en contra y tres abstenciones a la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos mientras que la renovación del órgano de gobierno de los jueces, caducado hace más de dos años, sigue paralizada por el veto del PP a los vocales propuestos por el Gobierno de coalición. Un bloqueo que, por otra parte, se mantendrá tras la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa se ha tramitado por el procedimiento de urgencia tanto en el Congreso como en el Senado. De esta forma, los partidos que sostienen el Ejecutivo han presionado al PP para que retomara las negociaciones tras el registro y tramitación de la proposición de ley, que recoge parte de lo expuesto en la anterior reforma legislativa que plantea rebajar las mayorías parlamentarias para desbloquear la renovación de este órgano. Esta última duerme en el sueño de los justos a la espera de un acuerdo de ambas partes.

La reforma aprobada este miércoles contempla la adición de los artículos 570 bis y 598 bis a la ley del Poder Judicial para que el gobierno de los jueces no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato. De esta forma pondrá fin a la carrera emprendida por el CGPJ que, con Carlos Lesmes al frente, ha realizado al menos 72 nombramientos a lo largo de estos dos años. Y es que, sólo desde que la iniciativa comenzó su andadura en sede parlamentaria (hace tres meses), la cúpula judicial ha nombrado a cinco presidentes de sala, nueve presidentes de audiencias provinciales, dos del TSJ y un miembro del Supremo.

En cualquier caso, el PSOE ha manifestado en reiteradas ocasiones que esta reforma no acaba con el problema de fondo, esto es, la renovación del CGPJ. Así lo ha manifestado también el senador socialista José María Oleaga este miércoles, que ha instado nuevamente al PP a sentarse a hablar para desbloquear la situación. "La renovación es importante porque así lo dice la Constitución. No se puede, ilegítimamente, detentar el poder en un órgano del Estado. Y esto es lo que viene a corregir esta ley". 

Tras las elecciones catalanas, y ante el espejismo de un panorama libre de comicios hasta 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, abordaron en una conversación telefónica la renovación de tres órganos constitucionales —el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo—, y del Consejo de RTVE. Esta aparente voluntad de entendimiento se reflejó en el acuerdo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Administración del ente público. Asimismo, los partidos políticos se emplazaron a continuar negociando para alcanzar un pacto que permita el desbloqueo del resto órganos constitucionales e institucionales cuya renovación está pendiente o habrá de acometerse en las próximas fechas.

Sin embargo, las conversaciones para la renovación del CGPJ sufrieron un nuevo revés después del veto del PP a dos vocales propuestos por el Ejecutivo de coalición. El partido conservador mostró su rechazo a la designación de Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la violencia de género, y de José Ricardo de Prada, integrante del tribunal de la Audiencia Nacional que dictó sentencia sobre la primera época de la Gürtel —detonante de la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy— como miembros del nuevo consejo.

La censura del PP a estas propuestas se ha mantenido intacta durante estas semanas y a ello se suma la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, una cita que demorará previsiblemente mucho más la renovación del órgano de los jueces y del resto de instituciones. En ese caso, hasta que ese cambio se haga efectivo, la cúpula judicial en funciones no podrá hacer nuevos nombramientos a partir de la publicación de esta norma en el Boletín Oficial del Estado.