El Consejo Fiscal celebrado este miércoles ha otorgado por unanimidad el amparo a los fiscales que actuaron en todos los procedimientos derivados del procés independentista de Catalunya frente a las acusaciones por supuesto lawfare.

Pese a esta medida, los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), de sensibilidad conservadora y a petición de los cuales se ha debatido este asunto en el pleno, creen que la declaración aprobada es insuficiente, por lo que han decidido no firmarla.

Todos los consejeros, han estado de acuerdo en conceder el amparo conforme al artículo 118 del Reglamento del Ministerio Fiscal, según el cual todo fiscal tiene derecho a "acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones".

El Consejo Fiscal ha analizado la solicitud formulada por los vocales de la AF --la mayoritaria en la carrera fiscal--, a la que se sumó después el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los vocales proponían la "aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política".

Por otra parte, aunque no figuraba en el orden del día, algunos vocales han planteado en ruegos y preguntas el posible pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista. 

A este respecto, el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, ha manifestado que un pronunciamiento u opinión del Consejo Fiscal "excedería las competencias" que este órgano tiene legalmente atribuidas
y supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma, según informan fuentes de la Fiscalía General.