Del Parlamento Vasco al Juzgado de Vitoria. Este miércoles, representantes de las asociaciones policiales JUSAPOL, JUCIL –compuesta por guardias civiles– y SiPE –integrada por ertzainas– se han vuelto a encontrar con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, quien les denunció por insultos y amenazas, tanto de forma presencial como en las redes sociales. Ahora habrá que esperar la sentencia.

Todo comenzó el 4 de abril de 2019 en la tribuna de la Cámara vasca. Ese día, el pleno del parlamento autonómico se disponía a aprobar la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales, una norma que despertó el rechazo frontal de las asociaciones policiales citadas. PP, Ciudadanos y Vox –estos dos últimos sin representación en Euskadi– también se sumaron a la campaña contra la ley y la llevaron al Tribunal Constitucional, que aceptó sus recursos.

Los miembros de JUSAPOL, JUCIL y SiPE se convirtieron en protagonistas del pleno en el que se aprobó esta ley. "Los representantes de policías, guardias civiles y ertzainas, que habían acudido a la sesión plenaria invitados por el PP, se dirigieron al parlamentario de EH Bildu (Julen Arzuaga) colocando 'sus dedos a modo de pistola' mientras proferían contra él frases y gestos despectivos". Durante su intervención, Arzuaga comparó a los integrantes de esas asociaciones con "los nazis que protestan por el juicio de Nuremberg".

Una vez finalizado el debate parlamentario, miembros de las organizaciones citadas "le imputaron graves delitos en una rueda de prensa, todo lo cual derivó luego en las redes sociales en 'una campaña de amenazas graves e insultos' contra su persona que incluso empujó a la Mesa del Parlamento a hacer una declaración pública para mostrarle apoyo y rechazar los insultos y amenazas", señalaba EH Bildu en las horas previas al juicio de este miércoles.

"Injurias y amenazas"

La coalición abertzale recordó que el juicio ha llegado "justo después de los incidentes y amenazas protagonizadas por Jusapol en Madrid, a las puertas del Congreso". En tal sentido, remarcó que la propia celebración de esta audiencia servía para "poner en evidencia" que representantes de las Fuerzas de Seguridad "se niegan todavía hoy a admitir la existencia misma de las víctimas de la violencia del Estado y que están dispuestos a recurrir a injurias y amenazas para impedir que esas víctimas sean reconocidas como tales".