Las elecciones generales del 28-A dejan una conclusión bastante extendida respecto a los resultados: Pedro Sánchez tiene varias opciones para formar Gobierno. Desde ningún ámbito se elevan voces que apunten a una situación de ingobernabilidad o que alerten contra la inestabilidad política que hasta hace nada parecía la “enfermedad” del multipartidismo.

Pero este escenario de normalidad democrática, donde los pactos de gobierno entre dos o más formaciones se han asumido y ya no son ajenos al sistema, apenas tiene unos meses de vida. Las anteriores elecciones, celebradas en junio de 2016, así como la legislatura resultante, estuvieron marcadas por las referencias a la inestabilidad política y por las supuestas consecuencias de haber roto un bipartidismo que no tanto tiempo atrás coleccionaba mayorías absolutas.

De hecho, tan solo un año antes, en 2015, se celebraron unos comicios de los que ni siquiera salió un Gobierno, lo que derivó en una legislatura fallida y en una convocatoria electoral extraordinaria por la incapacidad de los grupos de lograr un acuerdo de investidura. Las diferencias entre los dos escenarios son de diversa índole, desde el calado del multipartidismo en el imaginario político, hasta la correlación de fuerzas y su reparto en diferentes bloques (ideológicos, instrumentales…).

El gobierno "fácil" de 2019

Los comicios del 28 de abril tuvieron un claro ganador, el PSOE. De hecho, la idea más extendida en los últimos días es que Pedro Sánchez goza de la ventaja de poder elegir varias opciones para su investidura. Con casi 7,5 millones de votos (el 26,7% de los sufragios) los socialistas han obtenido 123 escaños que posibilitan varias opciones de investidura con mayoría absoluta (PSOE, CS; PSOE, Unidas Podemos, ERC) y muchas más posibilidades en una hipotética segunda sesión de investidura, donde vale una mayoría simple.

Los bloques se han inclinado durante la campaña más por el nexo ideológico que por otro tipo de “corte” en la distribución de los partidos, debido, en gran parte, a la irrupción de la ultraderecha en la primera línea política y a la radicalización del discurso de partidos como el PP. La derecha a nivel estatal (PP, Cs, Vox) aglutina en el Parlamento 147 escaños y suma 11.169.796 votos (el 42,8% de los sufragios).

La izquierda a nivel estatal (PSOE, Unidas Podemos) suma en el Congreso 165 escaños. En total, estas dos formaciones han cosechado 11.213.684 votos (casi 44.000 votos más que las derechas), es decir, el 43% de los sufragios. Al bloque de la derecha se podrían añadir los algo más de 107.000 votos de Navarra Suma (2 escaños), pero esta coalición se limita al territorio foral (también se podría sumar a los votos de Unidas Podemos y el PSOE los de la izquierda catalana independentista, ERC, que en la campaña a las generales ha apostado por el discurso social y que logró más de un millón de sufragios; o los de Compromís en la Comunidad Valenciana, más de 170.000).

El “alto grado de gobernabilidad” que arroja este escenario también se debe a la moción de censura que situó a Sánchez en La Moncloa en junio del pasado año. La construcción de una mayoría instrumental con hasta ocho formaciones distintas que se pusieron de acuerdo para cambiar el Gobierno marcó un antes y un después en la política española.

La "difícil" gobernabilidad de 2016

El Ejecutivo que salió de las elecciones de junio de 2016 duró tres años, una legislatura en la que se destacó la complejidad de gobernar con un Parlamento fragmentado. Más allá de que la mayoría de la moción de censura actuó de facto como una mayoría de investidura (con los mismos números que en junio de 2016, aunque con circunstancias diferentes), estos comicios dieron a Mariano Rajoy un resultado mejor que el que otorgó el 28-A a Sánchez, pero los bloques no eran, en ningún caso, los actuales.

El PP ganó las elecciones ese año con 137 escaños y casi ocho millones de votos (por encima del 33% de los sufragios), seguido por el PSOE, que cosechó 85 escaños, Unidos Podemos (71) y Ciudadanos (32). Las derechas a nivel estatal sumaron 169 diputados (algo más de 11 millones de votos, el 46% de los sufragios) en unos comicios donde participaron dos millones de electores menos que en el 28-A.

La izquierda a nivel estatal (PSOE y Unidos Podemos) aglutinaba entonces 156 escaños y sumaba algo menos de 10,5 millones de votos (el 43,8% de los sufragios). En este escenario, ninguno de los dos bloques ideológicos principales podía gobernar, y la relevancia de los partidos de ámbito territorial y de las pequeñas formaciones era crucial para cualquier acuerdo que precisara de amplias mayorías. De hecho, para que Rajoy gobernase, Ciudadanos tuvo que levantar el “veto” que le había puesto durante la campaña y una buena parte de los diputados socialistas se abstuvieron durante su investidura, partiendo en dos a la formación.

La subida en la participación favorece a la izquierda

En este sentido, el incremento de la participación el pasado domingo ha posibilitado un cambio en la correlación de fuerzas situando a la izquierda por encima de la derecha. Con unos 160.000 votos más que en 2016, las derechas han pasado de tener el 46% de los sufragios a no llegar al 43%, a la vez que la izquierda recibía más de medio millón de votos más que en las pasadas elecciones. Es decir, mientras el voto de la derecha apenas se ha movido respecto a los anteriores comicios, la izquierda ha ampliado su base electoral.

En 2016, la derecha (PP y Ciudadanos) sacaba más de 550.000 votos de ventaja a la izquierda (PSOE y Unidos Podemos). Con dos millones más de electores en el 28-A que en el 26-J, la izquierda ha ganado algo más de 739.000 votos, y la derecha, casi 140.000, y ahora las dos formaciones progresistas aventajan en casi 44.000 votos a las tres conservadoras.