Con sus trabajadores del campo en pie de guerra, el Gobierno español ha mostrado públicamente su disconformidad con el nuevo reparto que la Unión Europea guarda para la Política Agraria Común (PAC) en sus nuevos presupuestos para 2021-2027. 

Lo ha hecho este lunes a través de la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. "Desde nuestro punto de vista es por ahora insuficiente para lograr un consenso", resumió la ministra ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

También dijo que "es injusta en su reparto", pues no "acaba de resolver los problemas de divergencia dentro de la Unión Europea que han ocurrido desde la crisis de 2008". Y sobre todo, continuó la ministra española, "no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como un elemento fundamental para la transición ecológica".

Un recorte del 14%

La propuesta de presupuesto para la UE que debatirán los líderes comunitarios en su cumbre del jueves próximo plantea una dotación de 1,09 billones de euros, el 1,07 % de la renta nacional bruta conjunta, e introduce recortes en las partidas de cohesión y la PAC.

Elaborada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la propuesta es solo ligeramente superior a la planteada por Finlandia a finales de 2019, durante su presidencia de la UE, que fue rechazada por los Estados miembros.

En concreto, la propuesta prevé una dotación de 329.300 millones de euros para la PAC para los próximos siete años, un 13,9 % inferior a los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020.

Dentro de la política agraria, los pagos directos a los agricultores ascienden a 256.700 millones de euros, por debajo de los 285.700 millones del presupuesto actual, mientras que las ayudas al desarrollo rural caen a los 72.500 millones de euros desde los 96.800 millones asignados entre 2014 y 2020.