El fiscal Tomás Herranz, el mismo que defendió entre lágrimas al magnate de la noche Bartolomé Cursach en el polémico juicio del que fue absuelto, ha arremetido duramente este martes contra el juez jubilado Manuel Penalva, que investigó el caso Cursach y acabó procesado, junto con el fiscal Miguel Subirán, por presuntas irregularidades. 

El juicio contra Penalva y Subirán y cuatro antiguos agentes de la Unidad de Blanqueo de Palma llega a su fin y el fiscal y las acusaciones mantienen las altas penas de cárcel para ellos. Por parte del Ministerio Fiscal, se pide 121 años para el fiscal jubilado y 118 para el juez Penalva; casi 600 años para todos los acusados.

El fiscal Herranz ha dicho que Penalva "cuanto menos" ni ponderaba prudentemente ni decidía imparcialmente y que "tomaba las decisiones incluso antes de que se produjeran determinadas declaraciones", en relación a la detención de nueve personas en el caso ORA, sobre el amaño del concurso sobre la regulación del aparcamiento en el Ayuntamiento de Palma, "concurso que careció de cualquier irregularidad", ha matizado Herranz. 

El fiscal ha dedicado buena parte de su exposición final a este caso, investigado en el Juzgado de Instrucción 12, a cargo de Penalva, por los indicios de cohecho sobre los miembros del PP balear Álvaro Gijón y José María Rodríguez [expresidente del PP balear, cumple condena en la actualidad por un caso de corrupción]. El caso ORA fue finalmente archivado en la Audiencia Provincial, tras no presentar acusación el Ministerio Fiscal. 

Para el fiscal Herranz, las detenciones de Gijón, sus padres y su hermano por los supuestos indicios sobre su participación en el blanqueo de la presunta comisión de más de un millón de euros que habría recibido Álvaro Gijón por el amaño de la ORA, fueron "arbitrarias". "No basta con que existiera un procedimiento penal y que los investigadores tuvieran la convicción de que habían participado en operaciones de blanqueo", ha sostenido el fiscal. 

Incapaz de fijar un móvil de los delitos

"No había rigor, prudencia, ecuanimidad, había inquina, predeterminación, sesgo y eso estaba presente en la mente de todos los acusados", ha dicho Herranz. Sin embargo, ha sido incapaz de fijar un móvil que hubiera movido a los procesados a presuntamente actuar en conjunto para detener arbitrariamente y prevaricar, como sostiene la Fiscalía. El propio fiscal ha recordado que tanto Manuel Penalva como Miguel Ángel Subirán tienen a sus espaldas largas trayectorias profesionales sin que consten sanciones disciplinarias ni polémicas sobre su imparcialidad. "Cómo un juez con prestigio, un fiscal especializado y unos policías sin interés en el procedimiento cayeron en esta deriva", se ha preguntado Herranz.

Y ha acudido al fenómeno de la "psicología de masas" para intentar responder a la cuestión del probable móvil. Ha dicho que cuando se produce un "sesgo de grupo", como ocurrió a los alemanes de la Alemania nazi, los individuos no tienen la capacidad de discernir. "Se animaban unos a otros y ninguno se atrevía a cuestionar al juez y el fiscal", sostiene Herranz.

Peticiones del fiscal

El representante del Ministerio Público mantiene sus acusaciones por presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación para Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán, José Luis García Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera. 

Para este último retira la acusación de detenciones ilegales en relación a los padres y al hermano de Gijón y deja la petición en 74 años de prisión. Para Subirán, el fiscal retira, al igual que para Blanco, la acusación de obstrucción a la Justicia y la de inducción al falso testimonio. 

El fiscal mantiene las acusaciones por las presuntas filtraciones a la prensa, pero plantea la inhabilitación para cargo público como alternativa a la pena de prisión. 

El tribunal no deja al fiscal aportar los mensajes

El tribunal  ha rechazado la petición del fiscal para introducir en el juicio los mensajes de WhatsApp de los acusados antes de que se resuelva en la sentencia sobre su legalidad; y ha reprochado al fiscal que "intente aprovecharse y nutrirse de una prueba declarada ilícita". 

Hay que recordar que la  Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears dictaminó al principio del juicio, en junio pasado, que no se puede valorar como prueba los hallazgos obtenidos en los teléfonos móviles de los policías acusados en lo relativo al denominado chat 'Sancus', que compartían los encausados, en todo lo que tenga que ver con filtraciones a los medios de comunicación. 

La Sala entiende que estas comunicaciones "arrancan y no son ajenas al secreto profesional y de las comunicaciones de los periodistas", como ya se declaró vulnerado por la Sala de Apelación del TSJ en anteriores resoluciones. Esas evidencias fueron "obtenidas violentando los derechos fundamentales" de los informadores, dicen los magistrados, que dejaron para la sentencia el asunto referente a otras comunicaciones distintas de las filtraciones alojadas en los teléfonos móviles de los policías, para determinar si es o no un hallazgo casual. 

El abogado de la familia Gijón acusa a los enjuiciados de presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral y solicita una indemnización de 1,7 millones de euros para Álvaro Gijón.

Contra la funcionaria del juzgado

Herranz acusa a una funcionaria del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de mentir en el juicio, al situar a Carrau en varias de las declaraciones del caso ORA. "Ha quedado patente por qué no está el señor Carrau. Las causas las llevaba formalmente Miguel Ángel Subirán", ha afirmado el fiscal, que pide a la Sala que se abra un procedimiento por falso testimonio contra ella. 

Este miércoles les tocará el turno a las defensas, que expondrán sus conclusiones. El juicio quedará visto para sentencia el próximo día 22.