Alineada con el PP hasta el final. La Fiscalía ha secundado nuevamente las posiciones del Partido Popular este viernes, en el juicio por el que está acusado de destruir pruebas sobre su caja B, supuestamente almacenadas en los ordenadores de Luis Bárcenas.

La fiscal Carmen Luciáñez ha recurrido al Código Penal, en concreto al artículo 264, sobre el delito de daños informáticos por el que está acusado el PP, para afirmar que los datos que almacenaban los equipos, según el extesorero, no eran de su propiedad, pese a que fuese quien los elaboró, sino del PP. En este punto, la fiscal entraba en el terreno de las suposiciones para afirmar que, de existir esta contabilidad, ya acreditada por la Audiencia Nacional en su sentencia sobre Gürtel, sería propiedad del PP. "Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, esa información no le es ajena", afirmaba.

El tipo delictivo, incidía, requiere que la información fuera ajena, algo que no se daría en este caso. "El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años", reza el Código Penal.

Seguidamente, aludiendo también a otros documentos de Bárcenas -que entregó una copia de estos archivos a la Audiencia Nacional, en julio de 2013-, esta información "era del PP, y por tanto su destrucción no colma el tipo penal recogido en el artículo 264", argumentaba.

Esto, sumado al hecho de que, a su entender “no habría resultado grave” de la destrucción de los equipos, al existir copias de los archivos, eran dos de los argumentos clave de su intervención, en la que ha afirmado que Bárcenas manifestó “indiferencia” por recuperar sus ordenadores. También ha rechazado la acusación por encubrimiento contra los empleados del PP que se sientan en el banquillo (Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno), e incluso ha rebatido las palabras de la letrada del Observatori Drets Humans (DESC, una de las acusaciones populares), que tildó de “anómala" la actuación de la Fiscalía.

Según la representante del Ministerio Público, la Fiscalía tiene “direcciones políticas totalmente diferentes” en 2013, cuando se producen las primeras actuaciones y en 2019, cuando se está celebrando el juicio, y eso despejaría cualquier duda sobre la actuación de esta institución. “La actuación del Ministerio Fiscal siempre se intenta basar en el principio de legalidad, es el que ha dirigido la actuación de esta fiscal en esta instrucción”, respondía, insistiendo en que cuenta con el “visto bueno” de la fiscal decana, del fiscal jefe de Madrid y de la fiscal jefa de la Comunidad.

Luciáñez ha apurado los 45 minutos de su intervención, y ha pedido intervenir tras las acusaciones, antes de las defensas. Su exposición se enmarca en el turno de conclusiones finales de las partes. Una vez concluido, el juicio quedará visto para sentencia.

DESC denuncia el “anómalo” papel de la Fiscalía

Minutos antes de que tomara la palabra la fiscal, la letrada de DESC, Isabel Elbal, cargaba contra el “anómalo” papel adoptado por el Ministerio Público. Elbal ha criticado la “contradicción” que, a su entender, se aprecia en el hecho de que la Fiscalía alterne su acusación en la causa sobre la remodelación de la sede del PP -en instrucción- con su apoyo a posiciones de los acusados en este juicio. “Aquí ha habido sujeción a una instrucción, porque si no no lo entendemos”, resumía.