Los ojos más conocidos de la izquierda abertzale vuelven a mirar a un tribunal. Arnaldo Otegi está a punto de saber si su nombre podrá estar en una papeleta en las próximas elecciones autonómicas de 2020 o si, por el contrario, continuará con el cartel de “prohibido”. El enigma empezará a resolverse este martes a unos cuantos kilómetros de Euskadi: a media mañana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, se pronunciará sobre un recurso relativo al proceso Bateragune, nombre bajo el cual se desarrolló la última gran operación jurídico-policial contra el independentismo vasco.

De esta manera, el TEDH vuelve a ser noticia en Euskadi. Lo fue hace pocas semanas, cuando tuvo que pronunciarse sobre la acumulación de penas por parte de aquellos presos de ETA que ya cumplieron condena en Francia. Todas las quinielas decían que el fallo sería favorable a los reclusos, e incluso se dieron números estimados sobre la cantidad que quedaría en libertad o verían acortado el camino para conseguirla. Sin embargo, el tribunal falló en dirección contraria y los presos siguen presos.

De ahí la cautela que reinaba estos días en el entorno abertzale, donde ya nadie quiere dar por hecho nada. “Hasta después de conocer la sentencia no se harán declaraciones”, dijeron fuentes próximas a Otegi. A efectos prácticos, el TEDH debe determinar si se vulneró el derecho a un juicio justo del máximo dirigente abertzale y de los otros cuatro independentistas condenados bajo la acusación de querer reconstruir las estructuras de la ilegalizada Batasuna —Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto—.

Tras recorrer sin éxito la vía judicial en territorio español, Otegi llevó el caso hasta Estrasburgo para denunciar la supuesta falta de imparcialidad de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, quien en el marco de una causa judicial le preguntó si condenaba el terrorismo. Ante el silencio del líder independentista, la jueza espetó: “Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”. De ahí la acusación de “parcialidad” que ahora deberá dilucidar el tribunal europeo.

La clave de la resolución

Sin embargo, el eco de la sentencia –en caso de ser favorable a los intereses del denunciante- irá mucho más allá de Estrasburgo. Si se determina que no hubo un juicio justo, el Tribunal Supremo podría levantar la inhabilitación que pesa sobre Otegi –quien salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016-, lo que le impidió presentarse como candidato a lehendakari por EH Bildu en las pasadas elecciones autonómicas y, de no haber cambios, también le dejaría fuera de la contienda electoral prevista para 2020.

Debido al veto dictaminado por los tribunales como parte de su condena, el político abertzale no ocupa actualmente ningún cargo institucional, aunque mantiene la referencialidad política del espacio independentista que engloba EH Bildu, donde coinciden Sortu, Alternatiba y Eusko Alkartasuna. A día de hoy se desempeña como coordinador general de esta coalición y sigue siendo su principal interlocutor.

Ahora podría abrirse el camino para que deje de ser un político “inhabilitado”. “Esa es la clave”, señalaron fuentes abertzales al ser consultadas sobre si la resolución del TEDH podría afectar a la inhabilitación que aún pesa sobre Otegi. No obstante, de momento prefieren no hacer ningún otro tipo de comentario o valoración. Hace poco más de un año, en septiembre de 2017, el TS rechazó el recurso formulado por el dirigente de la izquierda independentista para que le retirasen ese castigo. Ahora se plantea una nueva oportunidad.