El Gobierno de Pedro Sánchez no va a ceder en cuestiones de memoria democrática ante las iniciativas llevadas a cabo por PP y Vox en algunas comunidades autónomas. Es el mensaje que ha trasladado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

En la reunión, el ministro ha trasladado un informe sobre memoria democrática en el que se incluyen las diferentes acciones a seguir en estos asuntos. Torres adelantó ya las líneas generales hace unas semanas en el Congreso. A esto se le suma la petición de una comisión bilateral con Aragón para modificar las leyes de memoria en esta comunidad autónoma. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo llevará esas iniciativas al Tribunal Constitucional (TC). 

Torres ha señalado que los servicios jurídicos de su ministerio han analizado ya el contenido de la ley de Aragón. "Hay una evidente vulneración en su contenido de los Derechos Humanos y de las resoluciones de la ONU. Planteamos el diálogo, si no se acepta, acudiremos al TC. Y a cualquier otro organismo internacional", ha afirmado el ministro. 

El Gobierno de Aragón comunicó este lunes que ni siquiera tiene la voluntad de sentarse a negociar con el Gobierno. "Es algo anormal, normalmente se sientan los gobiernos. Para eso es la comisión bilateral", ha afirmado Torres. El Ejecutivo también analiza ya otras normativas autonómicas como las de Castilla y León y el País Valencià, con las que podría actuar del mismo modo. 

La ley aragonesa, como el propio Torres ha señalado, incluye la eliminación de los mapas de fosas comunes existentes en dicho territorio. Algo que puede poner en riesgo el trabajo de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Ante eso, el ministro ha asegurado que se incluirá "de oficio" en la ley de memoria democrática estatal ese mismo mapa. Es decir, que actuará para evitar que se dejen de producir unas exhumaciones contempladas en la legislación estatal. 

"La recuperación de las víctimas de la dictadura es un principio inquebrantable. Es una reparación justa", ha destacado Torres. "Estamos ante cuestiones que tienen que ver con la defensa de la democracia. El Gobierno de España siempre se sentará a negociar pero con igual firmeza iremos al TC", ha insistido el ministro.