El Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga de la prohibición de los desahucios de personas vulnerables y la prohibición de los cortes de suministros básicos. El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo después de que, según fuentes del Gobierno, el espacio confederal plantease a los socialistas la necesidad de ampliar estas dos medidas, que forman parte del denominado escudo social desplegado durante la pandemia.

La prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año, mientras que la de los cortes de suministros lo hará hasta el 30 de junio. 

En el primer caso, la protección se extiende a las familias en situación de vulnerabilidad, con niños y niñas, personas en situación de dependencia y víctimas de violencias machistas que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello.

El procedimiento desplegado para estas situaciones obliga a los juzgados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales, que a su vez determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna.

Esta medida antidesahucios está recogida en el anteproyecto de ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros hace unas semanas, aunque el Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogarla en el marco del escudo social ya que la norma ni siquiera ha comenzado a tramitarse aún en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a los suministros, el acuerdo establece que hasta el 30 de junio de 2022 no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas por la ley.

Para acreditar la situación de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras bastará con la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad. 

Esta prórroga del escudo social es parcial y el 28 de febrero expirarán dos de las medidas que han formado parte de este mecanismo desde su puesta en marcha: la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la moratoria de pagos del alquiler.

En el primer caso se establecía que en determinadas condiciones el inquilino podía quedarse seis meses más en el piso que habitaba bajo las mismas condiciones del contrato que tenía en el momento de pedir la prórroga del mismo (si, por ejemplo, el arrendador quería echar al arrendatario o subirle el precio del alquiler). 

Para Podemos estas medidas son "indispensables para garantizar no dejar a nadie atrás en estos momentos en los que el país comienza una etapa de recuperación".