El pleno del Congreso ha convalidado este miércoles con el apoyo del PNV y de ERC el plan de choque del Gobierno ante la pandemia, que prevé medidas organizativas y procesales para evitar el colapso de la Justicia.

La convalidación ha contado con 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

El decreto se tramitará ahora como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, después de un debate en el Congreso plagado de críticas por los partidos de la oposición. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo de los distintos gobiernos autónomos con competencia en los medios materiales y humanos. Y ha aludido en especial a los consejeros de gobiernos del PP, Ciudadanos y del Partido Regionalista de Cantabria. Pero sólo este último ha apoyado el plan de choque.

Este decreto incluye medidas sin precedentes una vez que se reanude la plena actividad judicial. Ahora bien, no incluye previsión económica alguna para invertir en estas medidas de impulso de los juzgados y tribunales, que están ralentizados desde hace dos meses.

Campo ha revelado además la proyección del impacto que tendrá en los juzgados la crisis desatada con la expansión de la covid-19 en España. Habrá el doble de juicios y seis veces más concursos de acreedores (el paso previo al cierre de una empresa).

Cifras históricas

En el ámbito laboral (despidos, ERES, ERTES...) el ministro ha asegurado que se prevé un crecimiento de asuntos del 35% para el año 2020 y hasta del 140% para el próximo año, donde se superará el millón de asuntos a juzgar.

También prevé cifras históricas en la jurisdicción Civil, donde se producen las reclamaciones de deudas para, así, pagar las propias, las ejecuciones hipotecarias y litigios económicos varios. En los cálculos de Justicia, el aumento de los asuntos en Civil será entre el 30% y el 145% en este año. En 2021, esta cifra de crecimiento de litigios puede escalar al 180%.

Justicia augura 50.000 concursos de acreedores

La previsión del Gobierno respecto a los concursos de acreedores de empresas (y en menor medida de personas físicas) rompe también con los percentiles: el ministro prevé una horquilla de aumento de concursos del 246% este año, para escalar al 619% en 2021, con 50.000 casos.

En la jurisdicción contenciosa-administrativa -los pleitos con las administraciones públicas- la escalada consistirá en aumentos que oscilan entre el 35% y el 125% en 2021.

Del 11 al 31 de agosto será hábil

El PP, Ciudadanos, Vox, la CUP y JxCat han votado en contra entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.

En cambio, el PSOE y Unidas Podemos ha contado con el apoyo de ERC y del PNV, que tienen consejeros de Justicia en sus respectivos gobiernos autónomos. 

Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor", ha explicado así la razón del apoyo el portavoz del PNV, Mikel Legarda.

El plan de choque incluye medidas en cinco ámbitos que estarán vigentes durante el estado de alarma y los tres meses posteriores al levantamiento del confinamiento.

Se crea una vía de tramitación urgente para los asuntos de familia, como son la revisión de las pensiones de alimentos debido al cambio de la situación económica del padre obligado. O la compensación a los niños con tiempo para estar con el progenitor con el que no han podido convivir durante el confinamiento.

El decreto convalidado da prioridad a los asuntos que contienen moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o los despidos... Pero no aporta partida económica para alcanzar estos objetivos.

Prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores; moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o despidos.

Además, fuerza una moratoria en el ámbito de los concursos de acredores, con el fin de retrasarlos más allá de diciembre. Así, no permite que los jueces juzguen los concursos necesarios presentados por los acreedores, de tal manera que de esta forma intenta ganar tiempo para que alcance acuerdos con sus deudores.

El Gobierno sigue adelante con la habilitación de agosto -entre los días 11 y 31-, a pesar de las numerosas críticas recibidas, en especial de los abogados. Ahora bien, ERC ha anunciado que fomentarán que en Catalunya sólo se tramiten los asuntos urgentes. Mientras, el propio Consejo General del Poder Judicial ha recomendado a los jueces que no celebren juicios en ese tiempo, o bien que si lo hacen por causas urgentes sean señalados en junio.

Este periodo servirá, según Justicia, para agilizar la tramitación pendiente debido a que desde el decreto del 14 de marzo que implanta el estado de alarma, en los juzgados sólo se resuelven asuntos urgentes o servicios esenciales.

En relación con la salud laboral, se establecen una serie de limitaciones que deberán contemplarse en los órganos judiciales para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal, que podrá acogerse a jornadas de mañana o tarde.

Juzgados Covid

El decreto incluye la creación de 'juzgados covid' para resolver los litigios relacionados con la pandemia en el ámbito civil. Serán destinados a ellos los jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. Se prevé también la movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad.

También se reclama de las comunidades autónomas que habiliten las medidas tecnológicas y de los sistemas de información necesarios para facilitar el desarrollo de las vistas y demás actos procesales, como la celebración de juicios telemáticos y fomentar el teletrabajo.