La situación de incertidumbre en que se hayan las tierras del Humoso, donde se ubica la emblemática cooperativa de Marinaleda, pendientes de un juicio y de lo que quiera hacer con ellas la Junta de Andalucía, se verá en el Parlamento andaluz a petición de Por Andalucía.

A principios de enero, el pasado día 2, la diputada Esperanza Gómez (Más País) se reunió con el presidente de la cooperativa, Juan Antonio Prieto, y con el alcalde de la localidad, Sergio Gómez Reyes (IU). En la reunión Por Andalucía se ofreció a pedir al Gobierno andaluz explicaciones y detalle de sus planes.

Este lunes, Gómez ha registrado las peticiones de comparecencia de la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, tanto en Pleno como en comisión. Hay que esperar al menos a que se reanude el periodo de sesiones en febrero para que se produzcan.

Sobre las tierras que cultivan sobre todo jornaleros de Marinaleda desde principios de los 90, cuando la Junta las compró al Duque del Infantado, tras una intensa presión sindical, pesa ahora un juicio de inciertas consecuencias.

En el peor de los escenarios para los cooperativistas, esas 1.200 hectáreas podrían acabar en manos de un fondo de inversión especulativo –llamados fondos buitre–, si la Junta de Andalucía, hoy en manos del PP, decidiera venderlas a precios de mercado, en un contexto de presión del capital sobre el campo andaluz. Esto es lo que temen los cooperativistas.

El asunto jurídico viene de lejos. Las cooperativas pusieron un pleito contra la decisión de la Junta de poner fin al proceso administrativo de adquisición de las tierras por parte de los jornaleros. 

Una norma que fue aprobada en los años de gobierno del PSOE, en 2011, regulaba el acceso de estos a la propiedad de las tierras. En el año 2015, las cooperativas pusieron en marcha el proceso para tomar la propiedad. Sin embargo, se produjo un desacuerdo en el precio que la Junta pedía –el entonces alcalde Sánchez Gordillo quería el uso de la tierra– y la jugada acabó en fracaso.

Ya con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla en el Gobierno, que parecía en principio, dispuesto al pacto, las diferencias en la interpretación de los preceptos legales sobre el número de socios que debían tener las cooperativas acabaron en el fracaso de esa vía. Y el asunto ha terminado en el Juzgado. 

Dos modelos

Más allá del frente judicial, está el político. Hay dos modelos de agricultura sobre la mesa en Marinaleda. Uno basado en el capital, y que, en su forma extrema, deja las tierras en manos de fondos de inversión que buscan el rendimiento, y otro una fórmula apegada al territorio, de uso social de la tierra y cooperativista.

La Junta, argumentan, en Marinaleda puede perfectamente tomar la decisión que quiera, como la de ceder las tierras al Ayuntamiento, que es tan administración pública como la andaluza. Sin embargo, de momento, no ha habido acuerdo alguno.

"Puede suponer el fin de la forma de vida de toda una comarca y de un modelo de gestión sostenible que podría ser ejemplo de lo que, curiosamente, Moreno Bonilla dice defender y querer para el campo andaluz", señala la diputada Gómez.

Una buena parte del empleo en el pueblo lo proporcionan las cooperativas de El Humoso. Según sus propios datos, en los años buenos pueden dar unos 700 empleos y la media de los últimos tiempos ronda los 550 puestos de trabajo anuales, cifras muy relevantes para una población de 2.579 habitantes, con una edad media de 42 años, según el Instituto de Cartografía de Andalucía.