El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no termina de llegar a todas las familias que lo necesitan. Las trabas burocráticas están impidiendo que muchas personas en riesgo de exclusión perciban esta prestación que aspiraba a cambiar la vida de miles de ciudadanos. No sólo eso, sino que la falta de información y la ausencia de citas previas podrían suponer que muchas familias dejen de percibir otras ayudas en la Comunidad de Madrid, como la Renta Mínima de Inserción (RMI), tal y como han denunciado este jueves colectivos sociales y sindicatos.

Desde el 15 de junio se puede solicitar el IMV, teóricamente. Durante bastantes días sólo fue posible, con dificultades, por vía telemática, accesible a personas con recursos técnicos (ordenador, escáner, conexión Internet) y conocimientos suficientes; pero incluso para estas personas es un proceso farragoso y largo. No en vano, el laberinto burocrático se ha retorcido aún más con la apertura de las oficinas de la Seguridad Social para la presentación del IMV. El trámite se ha convertido en un lastre que dificulta el acceso a esta renta mínima, alarga los plazos y pone en riesgo la Renta Mínima de Inserción que más de 10.000 personas reciben del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El caso de Karima El Hasian es, quizá, el más representativo de lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo, un logro social que no termina de llegar a todas las familias. Esta persona y su familia no sólo no terminan de percibir la ayuda, sino que la Comunidad de Madrid ha enviado una carta en la que se le requiere que, en el plazo "improrrogable de diez días hábiles", presente la solicitud, y en algunos casos, la resolución de la prestación del IMV para poder percibir la Renta Mínima de Inserción, una ayuda que depende del Ejecutivo madrileño. 

"Estoy cobrando la renta mínima de 412 euros de la Comunidad de Madrid y como salió la ley nueva tenemos que presentar el IMV, pero hace dos semanas me mandaron una carta de la Comunidad de Madrid donde me pedían dos documentos, una justificación por haberlo presentado, pero la otra es una resolución que es imposible de conseguir antes de los diez días hábiles y no me cogen el teléfono", ha explicado a Público Karima.

"Hemos solicitado al Gobierno de España que durante la tramitación del IMV como proyecto de ley se eliminen insuficiencias y restricciones. Hoy le pedimos algo que no requiere leyes sino respeto, sentido común y buen funcionamiento", señala Luis Miguel Sáenz de Jubera Hernán, activista de la campaña social RMI tu derecho.

"Que haya servicios públicos que den apoyo a las personas que quieran solicitar el IMV ayudándoles a hacerlo, que los registros funcionen adecuadamente, que se aceleren todos los trámites para conseguir la documentación necesaria, que se simplifiquen los procedimientos. Que la tramitación del IMV se parezca a lo que dijeron que iba a ser", explica.

Las familias afectadas, invadidas por el miedo, denuncian cómo la falta de coordinación entre las diferentes administraciones está poniendo en riesgo los escasos ingresos que ya tenían. Y es que para conseguir los papeles que exigen las diferentes administraciones, los ciudadanos se encuentran con citas previas concedidas para más de diez días, el plazo que da la Comunidad de Madrid para no suspender de manera cautelar el RMI.

"Tres meses de castigo"

"Piden unos papeles que son imposibles de conseguir en este límite de tiempo y no contestan a nadie con la aceptación, estamos todos en el mismo caso. Todo está cerrado y colapsado, y ellos lo saben", señala Karima. "Si me suspenden el ingreso mínimo no es mi culpa porque no conseguimos obtener los papeles que ellos piden. A mí ya se me han pasado los diez días, y no he recibido ninguna comunicación de si me lo suspenden".

Pero este no es un hecho aislado, ya ha sucedido anteriormente: "En el 2018 me suspenden el ingreso mínimo por viajar a mi país a pesar de haber informado a la comunidad con un mes de antelación. Estuve sin cobrar ese dinero tres meses, tres meses en los que casi no pude ni comer, se acumulan todos los gastos y no podemos subsistir", ha denunciado Karima ante la grave situación que está viviendo. "Siempre tengo deudas pero con esos 412 euros lo primero que hago es pagar todos los gastos. Tengo ganas de llorar, pero no quiero porque ya estoy cansada".

"El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética, política y social. Eso es lo que denunciamos hoy. Pero también vamos a seguir defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender. Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a esta lucha necesaria", han concluido en el comunicado oficial varios colectivos sociales.

Desde la Comunidad de Madrid culpan a la Gobierno de los problemas y manifiestan que les "hubiera gustado poder haber hecho las cosas de otra forma". Así lo entiende Alberto Reyero (Ciudadanos), consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Ejecutivo de Ayuso, quien, en declaraciones a los medios, manifestó que "en su apresuramiento, el Gobierno central no ha tenido en cuenta el sistema de servicios sociales municipales", los cuales se encargan de gestionar los trámites de esta ayuda autonómica y, según el consejero, "corren el riesgo de un nuevo colapso en un momento de especial necesidad como el actual".

Atasco en el Instituto Nacional de la Seguridad Social

Por su parte, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) ponen el foco en el atasco que está sufriendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, lo cual dificulta la tramitación de medio millón de solicitudes.

 "De las solicitudes que se están presentando, más de 500.000, no se están pudiendo tramitar nada más que una irrisoria cantidad", exponen desde el sindicato, que denuncian que sólo se han gestionado unas cien solicitudes del IMV en todo el Estado.

"Ya dijimos cuando se implantó que no podía ser una chapuza, pero por desgracia hemos acertado. Sólo se han pagado aquellos que ya tenían unas prestaciones que han sido sustituidos por éste automáticamente", sentencian.