El Congreso se prepara para llevar a cabo una nueva comisión de investigación después de que el Pleno aprobara su creación a petición de los grupos independentistas del arco parlamentario. El órgano parlamentario, que inicialmente estaba destinado a esclarecer la conocida como Operación Cataluña, la trama liderada presuntamente por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para obtener información de manera ilícita de políticos catalanes durante el procés, también ampliará las pesquisas llevadas a cabo el año pasado sobre la Operación Kitchen.

La constitución de esta nueva comisión, la cuarta en los últimos años sobre las presuntas corrupciones del PP, se sumará a las otras investigaciones parlamentarias desarrolladas en esta legislatura (desde diciembre de 2020 hasta la actualidad). Dos fueron sobre sucesos trágicos cuyos trabajos quedaron pendientes de abordarse en anteriores legislaturas, la del accidente ferroviario en Santiago de Compostela en 2013 y la relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair en 2008. Otra fue sobre la gestión de las vacunas contra la covid-19.

La cuarta versó sobre la Operación Kitchen. Sus conclusiones, aprobadas en un pleno en febrero, determinaron que "la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban".

Por esta comisión, cuya expectación política y mediática fue máxima, desfilaron figuras como el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy; María Dolores de Cospedal, exministra y ex secretaria general del PP; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; o el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

¿Qué son las comisiones de investigación?

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿qué son las comisiones de investigación y para qué sirven?¿Cuál es su trascendencia? "El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas", reza el artículo 76 de la Constitución.

Este precepto de la Carta Magna recoge además que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación". Y, aunque los citados tienen derecho a no responder (la fórmula más empleada), si lo hacen, están obligados a decir la verdad. En este sentido, mentir en una comisión de investigación parlamentaria es un delito contemplado en el Código Penal.

En concreto, el artículo 502 indica que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Si bien, ha habido precedentes a lo largo de las comisiones que han demostrado que mentir en suelo parlamentario no siempre tiene consecuencias penales.

El reiterado debate sobre su utilidad

La creación de estas comisiones no permanentes, para la que se necesita el aval de una mayoría parlamentaria, suele venir acompañada de acusaciones sobre su posible instrumentalización. Por ende, el debate sobre su utilidad se pone encima de la mesa cada vez que se da vía libre a una de ellas. Buen ejemplo de ello ha sido esta última. 

"Estas comisiones no eran una persecución al PP, eran por la corrupción del PP, por eso tenemos que hacerlas", pronunció el pasado jueves el diputado socialista Felipe Sicilia desde la tribuna sobre las cuatro comisiones que afectan al PP para desquitarse de las críticas de la derecha, que se opuso en bloque a que el Congreso investigara las acciones presuntamente delictivas de cargos públicos contra dirigentes políticos. 

En este sentido, fuentes parlamentarias del PSOE subrayan que este partido "no aprueba comisiones de investigación en función de la formación que la presente", ya que "la decisión se basa en el objetivo concreto de la misma". Como ejemplo, sostienen, en la pasada comisión centrada en la trama Kitchen se conocieron "nuevos aspectos y se dieron contradicciones" entre algunos de los comparecientes que han servido para avanzar en la investigación y querer ahondar en ella.

Por su parte, el PNV cree que, independientemente del apoyo dado a esta última comisión aún pendiente de constituirse, "se abusa de este tipo de iniciativas". En este sentido, al amparo de lo establecido en el artículo 52 del reglamento de la Cámara Baja, la apertura de una investigación parlamentaria "a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara" se ha solicitado hasta en 52 ocasiones solo en esta legislatura.

Las cloacas mediáticas, la tragedia del salto de la valla de Melilla, el caso Pegasus, la gestión del CIS, la relación del imán de Ripoll con el CNI o los abusos sexuales en el seno de la Iglesia son solo algunos de los hitos que han motivado estas peticiones.

¿Cómo mejorar esta herramienta?

A tenor de las declaraciones del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, "su utilidad se justifica" en el momento en el que "se evidencian fallos y agujeros del sistema", como el uso fraudulento de las herramientas del Estado, el funcionamiento de la entrega de medallas, los "destinos dorados" de altos cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad "con sueldazos", el "descontrol" de los fondos reservados o la "necesidad" de una nueva ley de secretos oficiales.

Pero este parlamentario añade un par de matices que apuntalarían la existencia de estos órganos: "No podemos ser un segundo juicio; hay que buscar responsabilidades y sacar conclusiones para luego aplicar medidas legislativas que impidan que se vuelvan a producir los hechos investigados", algo que no se suele hacer. "Acabará la legislatura y habrá varias comisiones, pero pocos cambios legislativos", sentencia Iñarritu en unas declaraciones a este medio.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con varias comisiones de este tipo a sus espaldas, defiende que, "más allá del ruido y de cierta criminalización por parte de según quién, son importantes y necesarias". Y, aunque la mayoría de ellas se centran en hechos investigados por la Justicia, es bueno que estas pesquisas se hagan en la sede de la soberanía popular por el foco mediático que acapara el Congreso.

"No solo se deben normalizar sino potenciar, como en otros parlamentos", aboga Rufián. Y es que, en países como Alemania y Portugal, la oposición también tiene la posibilidad de impulsar estas comisiones aunque no cuente con mayoría.

En esta línea, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, incide en la "negativa
sistemática, muchas veces de la derecha, del PP y de Vox, pero a veces también del PSOE, para que se puedan hacer", ya que sirven para que comparezcan en el Congreso "aquellos que muchas veces se ocultan bajo la impunidad del paso del tiempo".

Cabe destacar que de las 52 otras comisiones solicitadas en esta legislatura, Unidas Podemos y los socios del Gobierno han pedido investigar alrededor de 20 ocasiones las cuentas y la fortuna de Juan Carlos I. Todas y cada una de ellas se han topado con el mismo muro, la unión de PSOE, PP y Vox en la mesa del Congreso, a pesar de considerarse un asunto de interés público.