El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha archivado la causa que investigaba a la doctora Elisa Pinto por presuntamente acosar y amenazar al empresario Javier López Madrid que, según reza el auto, el 17 de marzo de 2014, la había denunciado en la "Jefatura Superior de Policía para denunciar lo que entendía como amenazas telefónicas que, según afirmaba, venía sufriendo desde el mes de octubre del año 2013".

La decisión, que no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma y de apelación, supone un nuevo revés judicial en este enrevesado conflicto entre el directivo del Grupo Villar Mir y la doctora María Elisa Pinto Romero. Existen, además, otros dos  procedimientos relacionados con ambos en inicio de la fase de juicio, uno derivado del juzgado 39 donde ella es la denunciante y otro derivado la de la instrucción de una pieza del caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional. En este último, López Madrid estaba imputado por la contratación policías en activo "para hostigarla".

El archivo de esta causa es el último hito procesal en la guerra entre López Madrid y la doctora que se desata en 2013 y judicialmente en 2014, con acusaciones cruzadas de acoso tramitadas en dos juzgados de instrucción de Madrid diferentes: López Madrid era el denunciante en el juzgado 26 y Pinto en el juzgado 39.

En el juzgado 26, que archiva ahora la imputación a Elisa Pinto, el empresario acusaba a la doctora de acosarle a él y su círculo de amistades mediante llamadas anónimas en las que se le insultaba y se realizaban acusaciones varias contra él. Según el sumario, el acoso al inicio se realizaba supuestamente desde cabinas telefónicas públicas y a través de correos electrónicos tanto a López Madrid como a sus amigos, pero desde abril de 2014 con mensajes anónimos enviados desde dispositivos telefónicos móviles prepago.

Por su parte, y desde el juzgado 39, Pinto le acusa también de acoso tanto telefónico como físico.  Además le atribuye maniobras en la policía para parar sus denuncias y conseguir que fuera ella la condenada.

Concepción Jerez, la juez del juzgado 26, justifica la decisión de archivo en que, en su opinión, "no se desprenden indicios de la participación de Elisa Pinto Romero y no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa". Dice la jueza que Pinto ha aportado "copia de mensajes de contenido amenazante similares a los recibidos por López Madrid y que proceden de las personas que vigilan a la investigada, según se desprende del texto de los mismos", por lo que "esta circunstancia excluye la participación de Elisa Pinto en su elaboración y envío".

Asimismo destaca la magistrada que en el terminal que López Madrid aportó al juzgado "no se han encontrado los supuestos mensajes recibidos que dieron pie a la denuncia", esto es, "no se ha acreditado por tanto lo que motivó el inicio del presente procedimiento", en referencia a los mensajes y llamadas supuestamente recibidos por López Madrid.

Servicios policiales a la carta con rastreo de llamadas sin autorización judicial

La defensa de Elisa Pinto acusa a López Madrid de solicitar y obtener ayuda de policías para informarse y paralizar sus denuncias (15 denuncias presentadas entre el 17 de diciembre del 2013 y el 7 de abril del 2014)  y para la confección de informes policiales favorables a sus tesis.

Del volcado de uno de los dos teléfonos de López Madrid (tenía dos líneas a su nombre, una que usaba desde un iPhone y otra desde una Blackberry) y de los listados de llamadas entrantes y salientes de las dos líneas, pedidos por la juez a las compañías telefónicas, la magistrada concluye que "se desprende que existían relaciones estrechas con los comisarios José Luis Conde y Enrique García Castaño". Este último comisario era entonces el jefe de la UCAO y, por lo tanto, tenía acceso a medios para localizar e identificar llamadas. Por su parte, José Luis Conde, era comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Además, la juez destaca el intento por parte de López Madrid de eliminar del terminal el rastro de estos contactos policiales. Así, y con respecto del terminal que fue objeto de volcado, la titular del juzgado 26 añade que se eliminaron 12 contactos y que entre ellos estaban varios policías judiciales. Señala también que "el terminal telefónico sufrió modificaciones previas a la puesta a disposición" del juzgado que "demuestran el intento de manipular, no solo la información que contenían sus terminales sino el presente procedimiento, con una clara mala fe procesal".

La juez pone como ejemplo adicional que antes de la entrega del dispositivo al juzgado se borraron 4.655 llamadas de las 4.989 realizadas por López Madrid desde dicho terminal. Muchas de estas comunicaciones borradas tenían como destinatario los comisarios García Castaño y Conde, lo cual "demuestra un interés de estos comisarios sobre lo que ha sido objeto de investigación".

Como indicio de soporte acerca de que existió una ayuda policial irregular, la magistrada incluye el contenido de los mensajes que López Madrid recibió desde seis líneas prepago entre el 21 de marzo y 26 de noviembre de 2014, "referido a actuaciones de acoso, seguimientos, amenazas y agresiones realizados en la persona de Elisa Pinto", escribe la magistrada. Los mensajes están incluidos en un informe de 7 de mayo de 2015 que cita la juez, que esta obtuvo del sumario del juzgado 39 donde Pinto es la denunciante y donde es la Guardia Civil la institución que investiga.

Público tiene acceso al sumario del juzgado 39 y comprueba en dicho informe que se trata de mensajes que recibe López Madrid en dicho periodo en sus dos líneas oficiales, con especial intensidad durante los meses de verano. Cada mensaje, además, con una extensión considerable aunque el informe de la benemérita los incluya fraccionados en frases tal como el terminal va dando entrada al texto.

En estos largos mensajes que también han sido tomados en consideración por la magistrada para descartar que Pinto sea la que los envía, se afea de continuo a López Madrid su comportamiento con Elisa Pinto, mencionando los supuestos acosos amenazas y agresiones (incluido el famoso "apuñalamiento" de abril de 2014) destacándose en varios mensajes las virtudes que, según la persona que los envía, adornan a la doctora.

López Madrid ocultó al inicio la visita que realiza a Elisa Pinto

En la decisión de archivo de la juez han pesado también las omisiones que restaron credibilidad a la denuncia del directivo de Villar Mir. La magistrada remarca que Javier López Madrid "ocultó en su declaración judicial inicial la visita al despacho de Elisa Pinto el 10 de diciembre del 2013". Se trata de un encuentro en su clínica al que López Madrid acudió en compañía de Villarejo, según declaró Elisa Pinto, y Rafael Redondo, la mano derecha del comisario, según López Madrid.

La juez destaca la importancia de esta visita y lo que se oye en el audio que se grabó del encuentro y que se filtró a la prensa. Una grabación que conservaba Villarejo y su equipo en su fonoteca. "Se desprende un trato de favor de los servicios policiales e incluso el denunciante presume de una investigación ilegal", alega la magistrada sobre el audio en el que se oye la voz de López Madrid, la de Elisa y la de Redondo, si bien la de este aparece al final apreciándose distorsión en el sonido.

El procedimiento del juzgado 26 se ha cerrado tras recibir finalmente la documentación remitida por la Audiencia Nacional que revelaba que López Madrid antes de denunciar los hechos ya tenía contactos con Villarejo, quien a su vez mantenía contactos con otros comisarios, como así acreditan las anotaciones en las agendas del comisario jubilado.

Concretamente se recogen en su guía de audios, que es lo que son las agendas, la forma en cómo Villarejo entra en contacto con Javier López Madrid y las gestiones de Enrique García Castaño para geolocalizar e identificar el origen de las llamadas que tanto él como sus amigos dicen recibir.

Además, la jueza respalda la versión de la doctora en cuanto a los apuñalamientos que dice haber sufrido de manos de Villarejo y otras personas cuando apostilla que "resulta evidente que la denunciada ha sido víctima de unos hechos de mayor gravedad que los denunciados por Javier López Madrid".

Público tiene efectuada una revisión a fondo de todo el caso Elisa Pinto con acceso a información sumarial de todos los juzgados que concluye, sin espacio para dudas, que los relatos tanto de López Madrid como de Elisa Pinto plasmados en denuncias cruzadas y declaraciones judiciales, se advierten no pocas inconsistencias que obligan a dudar de las historias de ambos y pensar en otro relato diferente en la que ninguno de los dos sale airoso. Un relato que va más allá de una historia de infidelidad y/o despecho, el trasfondo en el que actualmente se encapsula el origen del conflicto.

Pero al lado de estas inconsistencias, también se constatan hechos que indican que López Madrid pidió ayuda a la cloaca policial para identificar el origen de las llamadas sin autorización judicial, amenazar a Elisa Pinto con sus relaciones policiales en visita física a su clínica, paralizar las denuncias que ella ponía en una comisaría y, finalmente, que sus amigos policías le ayudasen en la tramitación y desenlace de la denuncia que él pone a Pinto por acoso.

Esta ayuda solicitada y efectivamente prestada por Villarejo y sus colegas policías, que tiene reflejo en fecha y temática en lo que Villarejo va apuntando en su guía de audios (las 16 agendas que le fueron incautadas) y en la que la magistrada del juzgado 26, basa buena parte de su archivo al estimar gestiones policiales palmarias en su favor.