El juicio por el 'caso Cursach', sobre los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín, Bartolomé Cursach, a policías para favorecer a sus negocios frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016, ha concluido este viernes su primera fase, tras la declaración de los 17 acusados, y ha quedado suspendido hasta el 10 de octubre cuando comenzarán a declarar los más de 300 testigos.

Desde el inicio de la vista oral, las sucesivas sesiones han mostrado la tensión entre uno de los fiscales intervinientes, Juan Carrau, y la letrada de dos empresarios que se consideran perjudicados por la trama Cursach, Teresa Bueyes, conocida por sus intervenciones en televisión. 

La tensión alcanzó su momento cumbre este jueves a cuenta de un mensaje de Teresa Bueyes en su cuenta privada de Instagram: "Macrocausa contra Grupo Cursach. A veces deberían sentarse en el banquillo personas que se sientan en estrados. 26 años de abogada, siendo testigo de injusticias terribles. La injusticia no se repara con cárcel ni dinero, ni tampoco con fiscales que miran a otro lado". El mensaje iba acompañado de una foto de varios abogados durante la sesión. 

El fiscal Carrau replicó que los comentarios eran "vejatorios e injuriosos" e indicó que Bueyes había cometido "al menos dos infracciones disciplinarias",  solicitando al tribunal que le impusiera una sanción, petición secundada por algunos de los abogados de los principales acusados.

Teresa Bueyes apeló a su libertad de expresión y explicó que el comentario no se refería a los letrados de la defensa sino al fiscal Juan Carrau, y a continuación anunció que iba a interponer una querella criminal contra él. Según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas, su pretensión es presentar una querella por omisión del deber de perseguir delitos ante el sorprendente recorte de acusaciones justo antes de comenzar el juicio. 

De hecho, diez días antes de que comenzara el juicio, el pasado 12 de junio, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz suprimieron más de veinte folios del escrito de conclusiones, eliminando el cargo de cohecho para los principales acusados, entre ellos Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach. La justificación que dieron los fiscales era que la instrucción de la causa había sido "irregular". 

En el caso del magnate de la noche, la petición de cárcel se queda ahora en 18 meses de prisión frente a los ocho años y medio iniciales; y para Sbert el Ministerio Público pide ahora tres años y medio, rebajándole cinco años de prisión de un golpe cuando con anterioridad había sido acusado de controlar a la Policía Local de Palma. Los fiscales han dejado la causa vaciada de contenido.

La magistrada Samantha Romero, que preside el tribunal de la audiencia de Balears que enjuicia el caso, comunicó que se pensaría "con serenidad" la actuación que va a tomar respecto a la posible sanción a Bueyes, a la que advirtió: "No voy a permitir que anuncie querellas si lo que pretende es ejercer algún tipo de presión sobre el fiscal que le impida el ejercicio legítimo de su actuación profesional". 

Empresarios perjudicados

La abogada Bueyes representa a los empresarios José Manuel Bover y Javier Pedreira, que se consideran perjudicados por la trama que desplegó presuntamente Cursach para deshacerse de sus rivales utilizando para ello a la Policía Local de Calviá y de Palma. Bover denunció delitos graves, como cohecho y extorsión por practicas mafiosas, que este diario ha desvelado en numerosos reportajes de investigación sobre el 'caso Cursach'. 

José Manuel Bover denunció inspecciones policiales continuas, sanciones injustas, seguimientos, coacciones, "hasta el hecho de encontrarse carne tirada en sus locales como una amenaza", cuentan fuentes del caso. Además los agentes colocaban vallas frente a sus bares para que los clientes no pudieran entrar.

Este empresario era el dueño de la mayor parte de los locales de copas y bares que circundaban la discoteca BCM (siglas de Bartolomé Cursach) en Calvià, con mucha afluencia de clientes británicos. El magnate Cursach quería quedarse con todo el negocio y comprarle los locales a un precio irrisorio --se desprende de la denuncia de Bover--y para ello puso en marcha presuntamente una campaña policial en su contra. Además los empleados de Bover eran agredidos presuntamente por personal del Grupo Cursach.

Carrau apoyó el indulto para un sicario

Pero esos hechos denunciados no se están enjuiciando porque las grabaciones y las declaraciones de las víctimas han sido retiradas de la acusación por la Fiscalía, algo calificado como "incompresible" por fuentes cercanas a este empresario, que señalan que Bover se siente desprotegido y desasistido por la acción del Ministerio Público.

No es la primera vez que el fiscal Juan Carrau sorprende por cuestiones relativas a la causa Cursach. A principio de 2021 apoyó la petición de indulto presentada por el sicario Florian Pusccasiu, como desveló Diario de Mallorca, condenado por dar una paliza al testigo protegido 29, un camarero de la discoteca de Cursach que desveló cómo grupos de policías eran invitados a drogas y a servicios sexuales. 

El testigo protegido 29 había sido agredido en otras ocasiones por sicarios, pero la paliza que le infligió Pusccasiu acabó en condena. El testigo, gracias al cual se pudo establecer la conexión de jefes policiales con la mafia Cursach, acabó pidiendo asilo en Suiza, donde reside en la actualidad. El agresor fue condenado a tres años y medio de prisión, condena que fue ratificada por el Supremo en septiembre de 2019. 

Posteriormente apareció un informe realizado por la Policía Judicial de Palma, obra de los inspectores conocidos como los Juanes, que ponía en duda la agresión del testigo 29, insinuando que había sido una invención. Y a eso se aferró el fiscal Juan Carrau para apoyar la petición de indulto para Pusccasiu, que además tenía una causa pendiente por agresión sexual y no había pedido perdón al testigo 29, es decir, no reunía las condiciones para ser merecedor del indulto. El Gobierno se lo denegó. 

El juez instructor Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que investigaron en profundidad la causa, sufrieron una ofensiva mediática con el objetivo de poner su instrucción en cuestión y que se desinflaran las acusaciones. Y así ha ocurrido finalmente. La estrategia defensiva de los 14 policías acusados está siendo la de desprestigiar a Penalva y a Subirán para lograr anular los cargos en su contra.