Amaia Martínez, única diputada de la ultraderecha en Euskadi, volverá a experimentar el cerco sanitario levantado a Vox en el Parlamento Vasco, donde desembarcó por primera vez tras las elecciones de julio pasado. La mayoría de la Cámara autonómica rechazará debatir una iniciativa en torno a las medidas contra el coronavirus que ha registrado esa formación, consolidando así el cordón anunciado poco después de arrancar la legislatura. Solo PP-Ciudadanos se opone a esa medida bajo argumentos que, siguiendo la línea discursiva de Pablo Casado, incluyen una mención expresa a ETA.

La segunda moción de Vox en el Parlamento de Vitoria está relacionada con las "medidas adoptadas por el Gobierno Vasco para frenar el avance del coronavirus en Euskadi". En su texto, Martínez exige al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que "en el plazo máximo de 15 días haga públicas en el portal de transparencia Irekia las actas de todas las reuniones celebradas por el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) desde el inicio de la pandemia por Covid-19, así como los informes técnicos analizados en dichas reuniones". El LABI es el órgano asesor del lehendakari para la adopción de medidas dirigidas a luchar contra la pandemia.

Más allá de las coincidencias o discrepancias en torno a las acciones del Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus en Euskadi, la mayoría de las formaciones que componen la Cámara rechazan una cuestión de fondo: entrar en los debates que plantee Vox. Se trata de una medida conocida como "cordón sanitario" que ya ha sido aplicada en otros países para aislar a la ultraderecha.

En ese contexto, PNV y EH Bildu –los dos principales partidos de la Cámara vasca– mantendrán sin fisuras la decisión ya anunciada de hacer el vacío a Vox en sus mociones parlamentarias, según confirmaron a Público fuentes de ambas formaciones. No es un paso aislado: en agosto pasado, la Mesa del Parlamento –con los votos de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU– decidió modificar el reglamento para reducir los tiempos de intervención de la única parlamentaria de Vox, acotar su capacidad de presentar iniciativas y recortar el número de asesores que podría contratar con dinero público.

El cordón sanitario volvió a quedar expuesto el pasado 15 de octubre, cuando llegó al pleno ordinario de la Cámara la primera moción formulada por Vox: si ahora es el coronavirus, entonces fueron los homenajes a presos de ETA. Ese día se registró una situación que volverá a darse este jueves: la mayoría de los grupos parlamentarios rechazó entrar en el debate. PNV y EH Bildu dijeron que sería la tónica durante toda la legislatura, mientras que PSE y Elkarrekin Podemos-IU explicaron que valorarían nuevamente la cuestión cuando volviese a plantearse. 

En esa línea, fuentes de Elkarrekin Podemos-IU confirmaron a Público que tampoco participarán en el debate de la iniciativa de Vox sobre el coronavirus, más allá de las valoraciones que pudiese merecer su contenido. Por su parte, desde el PSE señalaron que no intervendrán en el debate porque consideran que Vox puede solicitar las actas del LABI "a través de los mecanismos previstos por el reglamento del Parlamento Vasco".

En cualquier caso, fuentes socialistas destacaron que su postura no forma parte de la aplicación del cordón sanitario a la ultraderecha. En tal sentido, remarcaron que prevén valorar "todos los asuntos de todos los grupos" en función del "interés de la cuestión". 

Del PP al Constitucional

Solamente la coalición PP-Ciudadanos ha formulado una enmienda a la iniciativa de Vox, confirmando así que volverá a mantenerse al margen de la política de aislamiento contra la ultraderecha. "Nosotros denunciamos que se haga cordón sanitario a Vox y se ponga alfombra roja a Bildu, que a día de hoy sigue sin condenar a ETA", manifestaron a este periódico fuentes del PP vasco. Esa posición es compartida con Ciudadanos, aliado del partido de Pablo Casado en Euskadi.

Además de recoger el apoyo de PP-Ciudadanos, Vox busca contar con un dictamen del Tribunal Constitucional para echar abajo el cordón sanitario. El pasado 19 de octubre –cuatro días después de que la mayoría del Parlamento rechazara participar en el debate de la moción de Martínez–, la formación de ultraderecha presentó un recurso ante dicho tribunal contra los acuerdos adoptados por la mesa de la Cámara en agosto. "Fascismo", fue el término elegido entonces por la diputada Macarena Olona para referirse al bloqueo contra su partido en Euskadi.