El Partido Popular da por hecho que bancos y empresas energéticas podrán reaccionar a los nuevos impuestos subiendo los precios a la ciudadanía. Es decir, repercutírselo a los consumidores para no reducir sus beneficios. "Si el impuesto a la banca, que lo desconozco, va a suponer más comisiones para operar con los bancos la mayoría de los ciudadanos no compartiremos esa decisión", dijo Alberto Núñez Feijóo este miércoles sin cuestionar que la banca y las eléctricas pudieran chantajear de este modo al Gobierno. Moncloa, sin embargo, asegura que habrá garantías para que esto no suceda. 

Desde el Gobierno de Sánchez están "completamente convencidos" de que los nuevos impuestos no perjudicarán a los ciudadanos sino todo lo contrario, según destacan fuentes gubernamentales consultadas por Público. "Habrá garantías para que esto no suceda. El Gobierno estará vigilante", destacan en el seno del Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó este jueves en la Cadena SER que "en la propia norma se va a prohibir que repercuta en los precios". Es decir, que aparecerá esa prohibición de manera explícita. 

En este sentido apelan además al papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si hubiera "cualquier tipo de alteración" en las facturas que le llegan a las familias. De momento, en todo caso, no concretan qué tipo de mecanismos se usarán. 

En el Gobierno no descartan que las grandes empresas afectadas por los nuevos tipos impositivos puedan llegar a recurrir a la justicia. Por eso desde el Ministerio de Hacienda aseguran que la proposición de ley que llegará al Congreso a la vuelta del período de sesiones, en septiembre, estará blindada jurídicamente.

Por el momento, los detalles que se conocen sobre los impuestos son básicamente su duración y la recaudación prevista. El que aplicará a las entidades bancarias tendrá una duración de dos años (sobre los ejercicios 2022-2023) y se estima que recaudará en torno a 1.500 millones de euros al año. El de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 y se estima una recaudación anual de 2.000 millones de euros al año.

Sobre la posición del PP, consideran fuentes gubernamentales que con esos argumentos no existiría ningún tipo de impuesto y, por tanto, tampoco el Estado del Bienestar. Además, afean a los populares que todavía no se hayan pronunciado sobre si están a favor o en contra de las medidas más "allá de anécdotas". "Es bastante significativo que no entraran al fondo de los anuncios", afirman en Moncloa. "El PP quería rebajar el perfil institucional del debate y lo han perdido claramente", añaden.

Curiosamente, otro de los partidos que ha alertado sobre los mecanismos de control ha sido EH Bildu. En su caso, no se oponen a este impuesto, como ya destacaron tras el anuncio de Sánchez el martes. Pero su portavoz, Mertxe Aizpurúa, sacó el tema durante su interpelación al presidente en la jornada del miércoles.

"Usted no ha dicho nada de cómo controlarán que, como vienen haciendo con cada medida aprobada, estos recargos impositivos no acaben repercutiendo en el consumidor. Nos gustaría conocer los mecanismos que tiene planteados para que esto no ocurra", afirmó. La diputada volvió a insistir en la pregunta en su réplica pero el líder del Ejecutivo no lo mencionó.

Feijóo evita oponerse de forma clara

"No vamos a consentir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de pocos" dijo Pedro Sánchez este lunes cuando anunció la creación de un nuevo impuesto "temporal y extraordinario" a la banca que se suma al ya anunciado hace dos semanas para las eléctricas y con los que el Gobierno prevé recaudar 7.000 millones de euros durante los próximos dos años. "Lo que se llaman beneficios caídos del cielo no caen del cielo: salen del bolsillo de los consumidores", defendió Sánchez en alusión a las ganancias extraordinarias de las eléctricas con la subida del precio de la luz.

Y, aunque el PP ha evitado oponerse abiertamente a estos tributos, ya ha empezado a hacer campaña en contra normalizando que los bancos puedan subir comisiones y los tipos de interés a la ciudadanía para comerse el impuesto. Y lo mismo las eléctricas: "Si el impuesto a las eléctricas va a suponer que nos incrementen todavía más los impuestos a la luz, evidentemente la mayoría de los españoles no estaremos de acuerdo", aseguró. Feijóo asume así que las empresas energéticas repercutan los impuestos por sus beneficios extraordinarios a los consumidores.

Mucho más clara ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que valoró el anuncio de Sánchez a través de sus redes sociales. "No es un impuesto a los bancos sino a los clientes de los bancos: todos los españoles", afirmó. Dijo lo mismo de las eléctricas y las petroleras. 

Es cierto que Cuca Gamarra, en su intervención pasó de puntillas por las medidas anunciadas por Sánchez y durante toda la jornada desde el entorno de Núñez Feijóo tampoco salió ninguna valoración del fondo de las propuestas. Pese a todo, en Génova saben que, ante la subida de los precios, oponerse a las claras al impuesto a los grandes bancos y empresas eléctricas es impopular y por eso Feijóo mantiene la prudencia. "Es imposible estar en contra de algo que no se conoce", aseguraba este miércoles. Criticó el líder del PP que no se conozca ni la base imponible, ni el contenido, ni el gravamen del "futuro impuesto". 

Si Feijóo esperaba que Sánchez aceptase sus recetas económicas, sostenidas fundamentalmente en rebajas fiscales, no lo ha conseguido. El presidente del Gobierno aprovechó el foco que le proporcionó el debate del estado de la nación para dar un impulso social a la legislatura, alejándose de los postulados de la derecha. Lo que para el PP es "populismo" y "podemización".