La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia instó hoy a España a crear "con urgencia" un organismo "fuerte e independiente" que promocione la igualdad y la lucha contra el racismo y la intolerancia.

Según el último informe de esta comisión dependiente del Consejo de Europa, "ahora que el contexto económico es más propicio" España debería establecer un organismo "separado del poder ejecutivo" con presupuesto e infraestructura, capacidad de elegir a su presidente, recibir quejas y ayudar a las víctimas.

Plantea incluso la posibilidad de fusionar en una única institución varios órganos ya existentes encargados de la lucha contra el racismo y la intolerancia.

El informe recuerda que en 2009 se creó el Consejo para la eliminación de la discriminación racial y étnica (Cered), y expresa su preocupación porque "su viabilidad está muy comprometida" y, "en la práctica, el Cered casi ha dejado de existir".

El análisis sobre la visita del Ecri a España en febrero de 2017 fue aprobado el pasado diciembre y corresponde al quinto ciclo de evaluación, que examina la legislación, el discurso del odio, la violencia y la política de integración.

Además del establecimiento del citado organismo, el presidente de la Ecri, Jean-Paul Lehners, destacó que "es necesaria una inversión sustancial en educación para asegurar que los niños gitanos y los procedentes de fuera de la UE completen su educación obligatoria". "España debería evitar que emerja una nueva generación de niños de minorías excluidas", dijo.

Los expertos de este órgano europeo recomiendan a España adoptar una ley general contra la discriminación y, en referencia a los inmigrantes, piden "hacer más para ayudarles a encontrar trabajo y escapar del riesgo de la pobreza".

La Ecri aplaude la consecución de objetivos en el realojo gitano y las buenas prácticas para prevenir el absentismo y el abandono escolar prematuro entre menores de este colectivo.Pero recuerda que los programas de realojamiento "han contribuido a la segregación residencial y escolar y sólo el 45 % de los niños gitanos completan la escolaridad obligatoria".

Elogia además las mejoras legislativas contra los delitos de odio y los sistemas de denuncia, destaca "la apertura general" hacia las personas de la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y/o transgénero) y pide reducir las condiciones para cambiar de nombre y género.