La Política Agraria Común (PAC) es una de las partidas europeas más importantes para España. Durante el periodo 2014-2020 ha supuesto 45.000 millones de ayudas para los agricultores y ganaderos del país, beneficiando especialmente a andaluces, castellanoleoneses, castellano-manchegos y extremeños.

Se trata a su vez de uno de los pilares más antiguos y con mayor peso cohesionador en el bloque comunitario. Y este martes, la partida que supone un tercio del presupuesto comunitario, ve culminada su reforma más ambiciosa. Los tres informes han sido aprobados por 452, 485 y 487 votos a favor. Tras más de tres años de negociación entre las tres instituciones comunitarias -Parlamento, Comisión y Consejo- los eurodiputados dan su visto bueno final para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

Pero, ¿cómo se traducen estos cambios en el día a día de miles de ganaderos y agricultores españoles y europeos? Del total de 390.000 millones de euros que contempla la partida comunitaria, España recibirá 47.724 millones, convirtiéndose en el tercer país más beneficiado tras Francia y Alemania. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos, que están llamados a beneficiar a unos 700.000 agricultores y ganadores españoles.

La Eurocámara ha dado este martes su luz verde a la reforma más profunda de su historia con el objetivo de adaptar el sector agroalimentario de la UE a los nuevos tiempos. El reto continúa siendo el mismo que en 1962, cuando vio la luz por primera vez: garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de un sector bajo la amenaza constante de riesgos meteorológicos, de plagas y de precariedad laboral.

Su savia bruta bebe del artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece la razón de ser de la PAC a través de seis prefectos: incrementar la productividad agrícola; fomentar el progreso técnico; asegurar el empleo óptimo de la mano de obra; estabilizar los mercados; garantizar la seguridad de los abastecimientos; y asegurar precios razonables a los consumidores.

La nueva PAC, fijada para el periodo 2023-2027, busca ser más "flexible, justa, ecológica y transparente". El sector del campo está siendo muy vulnerable ante los cambios sociológicos y productivos que deja la pandemia. Los problemas de falta de materias primas y suministros han provocado una escasez y encarecimiento de productos indispensables como el pienso. En un terreno tan marcado por la precariedad, y a la vez tan indispensable para la vida de las personas, factores como la crisis energética están teniendo un gran impacto.

Más verde, igualitaria y social

La nueva política quiere ser un escudo para los derechos laborales. Así, solo podrán acceder a ella aquellos trabajadores que los respeten. Esta cláusula tendrá carácter voluntario de 2023 a 2025, pero a partir de ahí cuestiones como la regularización de contratos a temporeros o estar al corriente de las obligaciones fiscales será requisito sine qua non para recibir los pagos.
El sector es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, otro de los retos de la agricultura europea del S. XXI es su adaptación a la transformación ecológica. La dificultad aquí es alcanzar un equilibrio para que los más vulnerables puedan también asumir el coste de esta transición sostenible.

La reforma llega en un momento de apuesta máxima de la UE por la transición sostenible. La Ley Climática rubricada hace unas semanas fija el camino para que Europa se convierta a mitad de siglo en el primer continente neutralmente climático del mundo. En este marco, la nueva PAC fija la puesta en marcha de ecoesquemas: pagos destinados a desarrollar una agricultura y sostenible. Este mecanismo supondrá que el 25% de las ayudas directas que recibirá el campo español tendrán que ir destinadas a medidas ecológicas y el 35% al desarrollo rural. Además, los trabajadores del sector contarán con más facilidades a la hora de acceder a cursos y materia educativa para desarrollar prácticas compatibles con la lucha contra el cambio climático.

Su tercera novedad es la limitación de las subvenciones: no podrán superar los 100.000 euros. El objetivo es reducir la desigualdad entre las grandes explotaciones y los agricultores y ganaderos más humildes. La PAC de esta década contempla también que el 3% de los receptores sean jóvenes. Este apartado es especialmente importante para nuestro país. Según datos de la Comisión Europea, la población agrícola española está "envejecida". Tan solo el 3,7% tienen menos de 35 años. La media comunitaria es de 5,9%. Y el 33% de los agricultores españoles cuentan con más de 64 años, dos puntos por encima del promedio europeo.

Además, la PAC del futuro exige por primera vez a los Gobiernos nacionales que incluyan planes de género que fomenten la igualdad en un sector tradicionalmente predominado por ellos. La eurodiputada socialista Clara Aguilera ha celebrado este reconocimiento "por primera vez a la mujer rural". "Cuando hablamos de PAC nadie piensa directamente en las mujeres, que desempeñan un papel crucial que a menudo queda no se reconoce. Las mujeres son las columna vertebral del ámbito rural", ha coincidido la eurodiputada alemana Christine Schneider, de los populares en el debate previo a la votación.

Por último, existirá un nuevo fondo permanente para crisis provocadas por la inestabilidad de la cadena de suministro o por efectos meteorológicos adversos. Y todo el proceso busca ser más transparente y con menos trabas burocráticas. Además, se autorizarán nuevas plantaciones de viñedo hasta 2045. "La PAC por sí sola no puede hacer frente a todos los retos de sostenibilidad económica, social o medioambiental que tenemos antes nosotros. Tenemos que crear sinergias entre políticas y fondos", ha concluido Janusz Wocjciechowski, comisario de Agricultura, ante el Pleno de Estrasburgo. "La Política Agrícola no es una política más. Garantiza alimento y cohesiona territorios", ha concluido Aguilera.

La Izquierda se lamenta: "Es una oportunidad perdida"

La Izquierda española se ha opuesto a una reforma que considera "bastante conservadora" y alejada de las necesidades actuales en términos de justicia social, climática e igualdad. "Vela por proteger a los grandes propietarios y deja bastante en la estacada al pequeño y mediano agricultor", ha lamentado la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego, que califica esta como una "oportunidad perdida" para hacer una "PAC más justa". Para el grupo, la que ve la luz hoy es una política "que sigue protegiendo a los agricultores de sofá" primando a los grandes terratenientes. Desde IU aseguran que el 80% de la PAC va destinada a grandes empresas como Telefónica o Mercadona.

La reforma tampoco ha contado con el respaldo de los grupos ecologistas. “Nos quieren hacer creer que se trata de una reforma sostenible de la PAC, pero un poderoso grupo de presión de la agricultura intensiva, y los gobiernos y los eurodiputados y eurodiputadas a su servicio, han hecho todo lo posible para preservar el statu quo, resistiendo a cada paso las salvaguardias adicionales y diluyendo las normas de condicionalidad medioambiental", ha lamentado el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun.

Desde las fuerzas de izquierdas europeas afean que la mayor parte del dinero continuará yendo a las manos de aquellos que cuentan con grandes extensiones de terreno, dejando de lado una redistribución más justa para pequeños ganaderos y agricultores.