Esta es una vieja historia, tan vieja como la explotación de uranio en Andújar (Jaén). 38 años después del cierre, los extrabajadores y sus familias, después de dos décadas en el tajo sin la protección adecuada, aun no han hallado un mínimo de justicia.

El asunto llegó este jueves al Parlamento de Andalucía de la mano del diputado de Adelante Andalucía, José Luis Cano Palomino, quien defendió una PNL (Proposición No de Ley) que fue aprobada por unanimidad, en la que se insta al Gobierno andaluz a hacer las gestiones pertinentes para que los trabajadores supervivientes y sus viudas y familiares puedan recibir una indemnización económica por los perjuicios sufridos.

La Fábrica de Uranio de Andújar estuvo en activo desde 1.959 hasta 1.981. Trataba el mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio, que tras su enriquecimiento, se utilizaba principalmente en centrales nucleares. En ella trabajaron de manera habitual 126 trabajadores, de los cuales han fallecido por distintos tipos de cáncer 111. Los quince que aún viven están afectados por el contacto con el uranio durante los 22 años de vida de la industria.

La PNL de Adelante recoge una relación del recorrido institucional que ha tenido la reclamación de los trabajadores, que aún no ha tenido una respuesta. Así, “después de muchos años de gestiones, de luchas y de innumerables iniciativas parlamentarias, por fin el 22 de septiembre de 2.005 se acordó de forma unánime  en el Congreso de los Diputados, buscar una solución a la problemática de los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y las viudas de los ya fallecidos. Sobre todo, este acuerdo unánime, plasmaba una clara voluntad política de todos por hacer justicia. A partir de ahí se abría una puerta a la esperanza".

Luego, prosigue la PNL, "el día 27 de febrero de 2.006 se firmó el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud dela Junta de Andalucía, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del uranio". Posteriormente, se derivaron la realización de nuevas pruebas diagnósticas e informes de especialistas.

Con fecha 27 de julio de 2.007 se emitió informe “científico-técnico del Grupo de Trabajo de Clínicos apoyado por un equipo multidisciplinar de un centro hospitalario público universitario, resultado del análisis de datos objetivos” encargado por la entonces Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

El diputado de Adelante Andalucía, José Luis Cano Palomino.

Evidencia al fin y al cabo

En este informe se concluye que “hay una evidencia imperfecta, pero evidencia al fin y al cabo, entre la exposición prolongada al polvo del uranio y una determinada constelación de patologías: una disfunción multiorgánica identificable y, digamos, singular: pulmones, riñones, e inmunopatología más estado disfórico y mala percepción de la calidad de vida relacionada con la salud".

A pesar de las conclusiones del informe, "que eran bastantes sólidas sobre la relación causa-efecto, el organismo competente no ha procedido a la declaración de la enfermedad profesional de estos trabajadores y el reconocimiento de los derechos que de ellos se derivan tanto a los mismos, como a las viudas de los fallecidos".

Por ello, Adelante, "dado que este es un caso muy antiguo, que ha creado gran alarma social y preocupación en el conjunto de la sociedad, sobre todo en los afectados por la falta de soluciones", considera que "ya se hacía necesario dar una solución al problema y resarcir de los perjuicios constatados y probados que estos trabajadores ha padecido en su vida laboral en la actividad que desarrollaron en la fábrica de uranio de Andújar".