Los nombramientos de Juan Carlos Campos como ministro de Justicia y de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado ya eran toda una declaración de intenciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero las críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las declaraciones de Pablo Iglesias y la respuesta posterior del Ejecutivo, fueron ya la evidencia de que hay un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Y si algo faltaba, la propuesta presentada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, eliminando el término “idoneidad” en el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal general del Estado constituyó un nuevo desafío, aunque la votación final se saldase favorable a la ex ministra de Justicia por doce votos a favor y siete en contra.

Lo cierto es que con la decena de procesos judiciales pendientes relacionados con el conflicto de Catalunya y la renovación de los máximos órganos del Poder Judicial estancada, Sánchez parece que ha decidido tensionar las relaciones con los jueces e iniciar su mandato con un claro desafío a la judicatura.

La designación de Campos, un juez buen conocedor de la cúpula judicial. pero con un marcado perfil político y con fama de ser muy contundente en sus decisiones, parece ser un intento de mover los cimientos de la actual estructura establecida.

Y nadie duda de que Sánchez sabía de antemano el revuelo político y judicial que supondría la designación de Dolores Delgado, pero quería ese revuelo y el mensaje implícito que conlleva su nombramiento.

Pero el Poder Judicial, en su mayoría conservador, no se iba a estar quieto y se ha rebelado. No tardó en mostrar su malestar al emitir un inusual comunicado censurando las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que hablaba de los reveses sufrido por los tribunales españoles en Europa. Y el Gobierno no se echó atrás y, también de manera inusual, emitió otro comunicado defendiendo la libertad de expresión de su vicepresidente.

La propuesta de informe preceptivo, aunque no vinculante, del CGPJ sobre el nombramiento de Delgado volvió a tensar la situación este jueves, cuando se supo que se había evitado hablar de la “idonidad” del cargo para la fiscala, un término que siempre se utilizó en este tipo de pronunciamientos. Finalmente, la mayoría del CGPJ avaló el nombramiento, aunque habrá un voto particular al que se van a adherir siete miembros.

La difícil renovación

La tensión promete seguir ya que parece muy lejana la posibilidad de que se logre la renovación tanto del CGPJ -hace ya un año que se encuentra en funciones- como del Tribunal Constitucional -que cumplió su mandato en noviembre- porque el Partido Popular ha decidido que ni se va a sentar a negociar.

Se necesitan 210 votos en el Congreso para la renovación de ambos órganos judiciales, y es imprescindible el acuerdo político con el Partido Popular para ello, ya que el Gobierno no sumaría en ningún caso con los partidos que apoyaron la investidura.

Hay quienes ven detrás del posicionamiento del Gobierno ante el Poder Judicial un intento de forzar a los populares a cambiar de posición y hacerles ver que no pueden seguir bloqueados los máximos órganos de la Justicia, pero no se atisba que los populares vayan a moverse de sus posiciones. Como recordó el propio Pedro Sánchez, siempre que se han renovado estos órganos han sido con el PP en el Gobierno y el PSOE en la oposición.