El independentismo catalán anda inquieto con la llamada "represión judicial". Paradojas de la vida político-judicial: en pleno debate sobre la posibilidad de aprobar la amnistía que cierre los casos judiciales que afectan a centenares de personas por el referéndum del 2017 y la consulta del 2014, impera la intranquilidad por el hecho de que se pueda reabrir el principal de los casos, la condena del Tribunal Supremo que sirvió para encarcelar a nueve de los dirigentes independentistas del procés.

En vísperas del inicio de la revisión de los indultos que debe comenzar este jueves como consecuencia de los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox, tanto en Junts como en ERC -o en las entidades independentistas- se ha instalado una calma tensa que además sobrevuela la negociación de la investidura.

Los primeros recursos que se debatirán este jueves son los que corresponden a los indultos que el Gobierno español concedió al expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y el de la ANC Jordi Sánchez.

Será la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la que resolverá los recursos en este caso de Vox y Cs. En primera instancia se decidirá si estas dos formaciones políticas tienen, o no, legitimación para poder impugnar esa decisión.

En caso de que concluyan que no, decaerán los recursos, mientras que si les reconocen la legitimación, entrarán en el fondo de la cuestión y analizarán si los indultos fueron concedidos de acuerdo con la legalidad o no. Se desconoce si en este último caso podría haber una decisión este mismo jueves.

La versión oficial, imposible la revocación

Oficialmente, todos los dirigentes consultados -tanto de Junts como de Esquerra- se muestran convencidos que es imposible jurídicamente la revocación de los indultos, aunque en privado todos los afectados desconfían del Tribunal Supremo a pesar de esa poca base jurídica para revocar la medida que los excarceló.

A ninguno de ellos se les escapa el contexto actual de negociación para la investidura de Pedro Sánchez y apuntan que no sería descartable una operación judicial de este calibre con la intención de intentar reventar las conversaciones entre el independentismo y el PSOE.

En ese plano oficial, el Govern de la Generalitat ha sido tajante. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, asegura que el Govern no prevé ni se plantea la posibilidad de que el Tribunal Supremo "revise o revoque" este jueves los indultos a los dirigentes independentistas excarcelados.

"No tendría ningún sentido", añade la dirigente de Esquerra. Vilagrà recuerda que hace dos años que el Consejo de Ministros otorgó los indultos y no cree posible que ahora haya una "interferencia" de los tribunales como sería la revocación. En este mismo sentido se pronuncian desde Junts.

También se defiende que la revocación de los indultos es inviable por parte del Gobierno español en funciones. En palabras de la ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez: "El Gobierno defiende no sólo la legalidad de los indultos sino la utilidad para la convivencia en Catalunya".

Profunda inquietud en privado

Pero lo cierto es que más allá de las declaraciones públicas cunde la inquietud por las maniobras que pueda ejercer el poder judicial después de mostrarse claramente opuesto a la posible aprobación de una ley de amnistía en el Congreso. Y revocar los indultos podría ser una maniobra de gran calibre.

Desde el independentismo recuerdan que los recursos ya fueron desestimados y no se admitieron a trámite en enero del 2022 cuando la misma Sección Quinta del Supremo concluyó –tal y como pedía la Abogacía del Estado- que PP, Vox y Cs no estaban legitimadas para recurrir.

Pero cuatro meses después, en mayo del 2022, el traslado de la ponente del caso, la progresista Ángeles Huet, hizo cambiar las mayorías de la sala en favor del sector conservador, que forzó un cambio de criterio sobre la legitimación de PP, Cs y Vox y admitió a trámite los recursos.

Un estrambótico giro judicial que el independentismo atribuye a "la profunda politización que sufre la justicia española", y que les da pie a asegurar que "cuando las togas entran en política todo es posible en los tribunales", según un miembro de la dirección de Esquerra.

La revocación de los indultos a Sànchez y Cuixart tendría resultados punitivos escasos dado que los dos activistas fueron condenados por sedición, y con la reforma del Código Penal y la derogación de este delito fueron totalmente exonerados. Les queda pendiente el de desórdenes públicos pero con los casi 4 años de condena cumplida sería difícil su reingreso a prisión, aunque no imposible. 

Sànchez se muestra tranquilo

Uno de los dos protagonistas de la vista de hoy en el Supremo, Jordi Sànchez, se muestra tranquilo ante la revisión de su indulto. En declaraciones a TV3, Sánchez afirma que sería "enormemente extraño" que la sala echara atrás la decisión del ejecutivo sobre su indulto por un defecto de forma y revocara a los indultos.

Pero Sànchez añade que el Tribunal Supremo ha sido "un actor político de primer nivel y ha tomado decisiones que han dificultado la vida política y la normalidad" y pone como ejemplo que no permitiera que él saliera de prisión para presentarse a un debate de investidura para la presidencia de la Generalitat.

Sánchez defiende que en este momento existe un malestar en la judicatura sobre la amnistía y no descarta que el Tribunal quiera "aprovechar" la oportunidad para tomar una decisión que tenga consecuencias políticas.

La derogación de la sedición también ha dejado fuera de este proceso a otros expresos. En mayo de 2022, el Supremo ya archivó los recursos presentados contra el indulto a la expresidneta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, condenados sólo por sedición.

Pero una revocación de los indultos a Sànchez y Cuixart supondría abrir la puerta a un posible reingreso en prisión del resto de expresos que, además de la sedición, fueron condenados por malversación.

En este sentido, la decisión del Supremo sí puede afectar a los recursos presentados contra los indultos al exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. A los cuales el Supremo ya ha certificado la aplicación del delito agravado de malversación que según el nuevo Código Penal comporta duras penas de cárcel.

“Cualquier cosa es posible si se trata de la justicia española”

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo manifestó de forma clara al conocer que se podían revocar los indultos: "Hemos visto lo que son capaces de hacer con sentencias terribles totalmente injustas y sin fundamento. Cualquier cosa es posible cuando se trata de la justicia española". Y añade: "De la cárcel salimos más fuertes y convencidos que nunca. Y así nos mantendremos, por muchas veces que nos amenacen con volver a meternos en ella".

También desde Junts mantienen su desconfianza algunos expresos como Quim Forn o Josep Rull: "Como hemos visto lo que nos ha pasado y hemos visto cómo actúa el Tribunal Supremo, nos lo podemos creer absolutamente todo, porque esto no va de derecho, esto va de venganza".

Aunque el temor impacte por igual en los cuatro afectados por el delito de malversación resulta muy relevante que entre ellos esté, ni más ni menos, que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Los máximos dirigentes de los dos partidos que tiene en su mano la investidura de Pedro Sánchez para revalidar la presidencia del Gobierno español.

Ello conlleva que lo que pueda decidir este jueves, o en los próximos días, el Tribunal Supremo sobre los recursos contra los indultos a Sànchez y Cuixart sobrevuela claramente las negociaciones de Junts y ERC con el PSOE.

La importancia de la reacción del PSOE

Desde Junts mantienen silencio a la espera de la decisión definitiva del alto tribunal. En Esquerra también son prudentes, pero apuntan que en caso de una revocación de los indultos resulta obvio que supondrá "una tormenta política de primera magnitud".

Pero fuentes de la dirección alertan que el rumbo de unas negociaciones políticas –las de la investidura- no dependerá de la voluntad de "un tribunal parcial y politizado" sino de la reacción que mantenga el PSOE y el Gobierno español, al cual piden que "plante cara", si se da el caso, a una maniobra contra aquello que acordó el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez y que persigue derrocar las posibilidades de reelección de Sánchez.

Según los republicanos una reacción firme del PSOE y el Gobierno español contra la decisión judicial, si se revocara uno solo de los indultos, mantendría en pie los puentes de la negociación y haría más necesaria aún la amnistía, que consideran condición indispensable para la investidura de Pedro Sánchez.