El Ministerio de Hacienda atenderá a la petición de Público de conocer el número de personas que han pagado una cuota de afiliación a un partido político entre 2015 y 2021. Esto permitirá conocer el número exacto de afiliados con los que cuenta cada formación. Además, también se solicitó saber otro tipo de donaciones monetarias a las entidades políticas.

En primera instancia, la solicitud realizada por un redactor de Público en diciembre de 2021 fue rechazada, ya que Hacienda consideraba "el gran volumen de partidos políticos, federaciones y coaliciones a los que habría que dar traslado de su petición". A su vez, el ministerio de María Jesús Montero apeló al "carácter reservado de los datos" tributarios de los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas. 

Después de la denegación de Hacienda, este medio apeló al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Se recalcó que no se buscaban los datos personales de los afiliados, sino el número de personas adscritas a cada partido y la cuantía que han desembolsado. Los partidos políticos dan a conocer esta información anualmente a través de la declaración de la renta. Dichos datos los recoge el Modelo 182 para donativos, donaciones y aportaciones recibidas.

Cabe destacar que Hacienda tardó seis meses en responder, incumpliendo el plazo máximo de un mes que fija la ley para estos casos. El CTBG ha añadido que el ministerio ni justificó ni acreditó el supuesto "abuso" de la solicitud. En este sentido, el recurso ha constatado que la petición de Público no puede considerarse abusiva "por el mero hecho de afectar a una pluralidad muy importante de asuntos o expedientes".

Asimismo, la información no se ha solicitado a los diferentes partidos sino a la Agencia Tributaria, ya que son las propias formaciones las que ponen en conocimiento los datos de afiliación y donaciones, durante el ejercicio de una deducción fiscal. 

No hay evidencias de que la revelación de cuotas y donaciones pueda afectar de modo relevante a los derechos e intereses de las formaciones. En definitiva, "la solicitud se presenta en ejercicio de un derecho público subjetivo garantizado en la Constitución y en la ley y no subyace en ella una voluntad de perjudicar derechos o intereses legítimos de terceros". 

El CTBG ha señalado con contundencia que la solicitud no excede las obligaciones en materia de publicidad. Cabe recordar que la Agencia Tributaria ya facilitó esta información en anteriores ocasiones, como demuestra una noticia de 2019 aportada en el recurso.