El Tribunal de Cuentas ha aceptado este lunes los avales planteados por la Generalitat de Catalunya para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros, que había sido impuesta a los líderes del procés que desviaron esa cantidad para promocionar el movimiento independentista catalán en el exterior.

Según varias fuentes consultadas, la institución aceptará los avales presentados por la Administración catalana a través del Instituto Catalán de Finanzas. Esta decisión revoca la adoptada por la instructora delegada del caso, la cual rechazó estos avales al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración catalana.

Asimismo, la propuesta de la ponente del asunto, Rebeca Laliga, consejera propuesta por el Partido Popular en la reciente renovación del Tribunal de Cuentas, también se niega a que las fianzas se garanticen con dinero público. El resto de miembros de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas han declinado su propuesta.

El alto tribunal ha informado respecto a la nueva decisión que se conocerá en los próximos días una nueva ponencia en los términos acordados por la Sala, y cuyo escrito será redactado por la consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento.

El auto contará con el voto particular de la consejera del PP, partidaria de no admitir los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza impuesta a los 28 excargos por organizar el referéndum ilegal del 1-O y la promoción de procès en el extranjero.

La Justicia da la razón a los líderes del 'procès'

Entre los promotores del movimiento independentista catalán a los que se reclama su responsabilidad contable se encuentran los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o los exconsejeros Raül Romeva, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

Los afectados recurrieron a la decisión de la instructora del caso debido a que los avales se apoyaban en una ley aprobada por el Parlament de Catalunya que permanece en vigor. Este lunes la Sala de Justicia del Tribunal les ha dado la razón.