La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado la existencia de indicios de irregularidades en las primas de varios miles de euros que la Diputación de Guadalajara concede a los funcionarios de su plantilla que adelantan la edad de jubilación sobre la reglamentaria, lo que le ha llevado a abrir una investigación en la Sección de Enjuiciamiento del órgano de fiscalización.

La Diputación aprobó a primeros de julio el reparto de 576.395,06 euros entre diecinueve funcionarios de su plantilla como premio o "incentivo" por acogerse a la jubilación anticipada, lo que supuso que cada uno de ellos recibiera sendos pagos de entre 2.286 y 75.060 euros brutos. Dos tercios de ese dinero, 366.096 euros, se concentraron en siete de los diecinueve agraciados, tres de los cuales se llevaron más de 56.000 euros.

El objetivo del procedimiento abierto por la Fiscalía consiste en determinar si esas 'bufandas' se ajustan a la legislación, caso en el que las diligencias serían archivadas, o si por el contrario su aprobación puede suponer una infracción de tipo contable, situación que derivaría en la obligación de devolver los fondos a la Diputación por parte de los responsables de la medida, o constituye algún tipo de delito, como la malversación o la prevaricación.

En este último caso, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dispondría de dos alternativas: llevar el asunto directamente al juzgado o remitir las pesquisas a la Fiscalía Provincial de Guadalajara para que fuera esta quien se encargara del asunto.

El ministerio público ha dado curso a la denuncia, presentada por un particular, F. J. O., en menos de dos semanas desde que la recibió junto con varios documentos. Su desenlace determinará el futuro de este tipo de pagos en las administraciones públicas.

"Supone una alteración del régimen retributivo"

Los incentivos a la jubilación anticipada entre los funcionarios han sido, y siguen siendo en muchos casos, una práctica habitual en ayuntamientos y diputaciones, instituciones que en algunos casos intentan mantenerlas mientras el común de los trabajadores se enfrenta a un retraso de la edad de jubilación, que ya se sitúa en los 66 años siempre que no se tengan cotizados un mínimo de 37 y tres meses, condición que da derecho a seguir retirándose a los 65 años.

Las primas, que chocan con el proyecto del Ministerio de Inclusión para incentivar entre el común de los trabajadores precisamente lo contrario, es decir, el retraso del retiro, suelen calcularse en función de los años de antigüedad en las plantillas de las corporaciones y del tiempo de anticipación sobre la edad reglamentaria, que no puede superar los cuatro años, aunque sin tener en cuenta si esa anticipación va a suponer o no una merma de la pensión de jubilación de quien se retira.

El argumento para justificarlas suele hacer referencia a la necesidad de rejuvenecer las plantillas, aunque en la práctica se han convertido en algo similar a los complementos salariales que se entregan en función de la antigüedad.

Sin embargo, los informes emitidos por los consejos consultivos de varias comunidades autónomas arrojan dudas acerca de la legalidad de esos incentivos. El de Castilla y León, que recoge la jurisprudencia del Supremo, llevó a finales del año pasado al Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) a eliminar los suyos tras concluir que aplicarlos "supone una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación".

Incentivos que se aplican de manera retroactiva

El de Castilla-La Mancha dictaminó, tras una consulta de la diputación alcarreña, que las primas no tenían justificación salvo que estuvieran vinculadas a un plan de ordenación del empleo, que es la vía que adoptó esa corporación para recuperarlos tras haberlos suspendido en 2018 a raíz de un informe de la Intervención que cuestionaba su legalidad.

En este caso, el Plan de Empleo incluye como uno de sus objetivos el de "rejuvenecer la plantilla de la Diputación Provincial de Guadalajara bajando la edad media al menos un 10%", lo que permitió aprobar "un programa para la jubilación voluntaria incentivada, incardinado dentro de la acción social" del organismo.

El plan fue aprobado el 21 de mayo de este año, aunque las bufandas, aprobadas el 3 de julio, no solo fueron concedidas a los funcionarios que se han retirado de manera anticipada después de su entrada en vigor sino que se hicieron retroactivas a todos los que se habían quedado sin ellas por haberse jubilado después de quedar suspendida la anterior regulación en 2018.

De hecho, la resolución por la que se concede hace una expresa referencia a "las solicitudes presentadas por diversos empleados que se jubilaron anticipadamente sin haber percibido los incentivos por jubilación anticipada".

Resulta contradictorio, si se tiene en cuenta que todos ellos decidieron retirarse antes de la edad reglamentaria y que un "incentivo " es algo "que mueve o excita a hacer o desear algo" o, también, un "estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos".