Preocupación, rabia y una firme de decisión de mantenerse "unidos" ante la adversidad. Los intentos de la Justicia de esclarecer los crímenes del GAL no sentaron nada bien en el PSOE de Felipe González, que se llegó a montar una reducida comisión de dirigentes que tendrían como objetivo fijar la posición pública del partido tras una de las sentencias de los tribunales por la guerra sucia contra ETA.

"Hay que presumir del antiterrorismo. Cuando se marche Felipe González ya no habrá peligro de golpe de Estado". La frase corresponde a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, y aparece recogida en una de las actas de la ejecutiva del PSOE que el exministro José Bono entregó a la Fundación Pablo Iglesias para su digitalización y consulta pública. 

Rodríguez Ibarra, uno de los barones de la línea más conservadora del PSOE, hizo aquella afirmación durante una reunión celebrada el 30 de enero de 1995. Sus declaraciones a puerta cerrada coincidían con un momento delicado para el Gobierno socialista: el juez Baltasar Garzón investigaba entonces a la antigua cúpula de Interior por su implicación en el terrorismo de Estado.

"Opina que el Gobierno no está a la altura de las circunstancias. Pone el ejemplo de Sancristóbal", señala el acta del encuentro respecto a la intervención de Rodríguez Ibarra. El entonces presidente de Extremadura aludía a Julián Sancristóbal, exgobernador civil de Bizkaia y ex director de la Seguridad del Estado, que en ese momento era investigado por Garzón debido a su relación con el GAL.

Las actas de aquella reunión de finales de enero de 1995 transmiten la tensión que se vivía en la cúpula del PSOE ante las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado. Clementina Díez, diputada socialista en ese periodo, lo resumió en una frase: "Dice que se siente coaccionada cuando habla aquí, porque luego se transmite a los medios de comunicación".

Las investigaciones sobre el GAL volvieron a estar sobre la mesa en la reunión de la ejecutiva del PSOE que se celebró en la mañana del 1 de agosto de 1995. En ese encuentro, Felipe González atribuyó las indagaciones judiciales y las filtraciones periodísticas a un "intento claro de destrucción del gobierno y toda la tarea hecha estos años". 

Los nervios estaban a flor de piel. Cuatro días antes, el juez Garzón había remitido un informe al Tribunal Supremo en el que advertía que Felipe González habría incurrido en un delito de pertenencia a la banda armada u organización terrorista, "en grado de fundador y dirigente", además de malversación de caudales públicos.

El magistrado también apuntaba hacia Narcís Serra y José Barrionuevo, exministros de Defensa e Interior en el Gabinete de González, y Txiki Benegas, uno de los más destacados dirigentes del PSE. 

"Lo que ha remitido el juez Garzón al Supremo es un ataque directo", afirmó el dirigente socialista Alfonso Guerra durante la reunión. "Hay que reflexionar sobre los errores y corregirlos en lo posible, así como lanzar una fuerte ofensiva tanto desde el Gobierno como desde el PSOE", sostuvo. 

Luego tomó la palabra el diputado Alejandro Cercas. "Existe una ofensiva en toda regla para acabar con nosotros –advirtió–. El ataque a Felipe González es la cabeza de turco por lo que él representa". "Se ha roto el pacto implícito de la Transición. No podemos estar quietos ni dejarnos arrastrar. Si nos barren estarán echando a la izquierda moderada. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos", dijo poco después.

Según refleja el acta de la reunión, el líder de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, atribuyó las investigaciones de Garzón a una "conspiración segura" e hizo ver a sus compañeros que "habría que hacer un acto de desagravio y organizar una inteligencia". 

El socialista andaluz Manuel Chaves apuntó en esa misma línea. "El PSOE debería crear una estrategia posible denunciando la conspiración con gestos y actos para demostrarlo, hay datos suficientes. Habría que animar a los periodistas para que investiguen".

Además, el entonces presidente de la Junta de Andalucía instó a "comprometer a sectores sociales para que se impliquen, así como hablar con los partidos políticos para que se den cuenta de que hay una conspiración, dando datos y argumentos de esta trama". 

Hablar poco

Los meses siguientes fueron igual de convulsos en el órgano de dirección socialista. Cuando el juez instructor del caso GAL en el Tribunal Supremo, Eduardo Móner, instó en octubre de 1995 a la Sala Segunda para que tramitase el suplicatorio contra el exministro del Interior José Barrionuevo –a quien pretendía investigar por pertenencia a banda armada–, el PSOE volvió a temblar.

"Con referencia al tema del suplicatorio", el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, dio una instrucción clara: "Cuanto menos se hable, mejor". "Hay poco margen en la jurisprudencia de los suplicatorios y pide que se mantenga la propuesta de la dirección del Grupo Parlamentario adoptada a petición del propio Barrionuevo de voto secreto y en conciencia", señala el acta.

Seguido, Rodríguez Ibarra indicó que aceptaba "disciplinariamente" no hablar sobre el suplicatorio "para no perjudicar", aunque dejó clara su postura. "Le parece una hipocresía por parte de todos el que en aquella época casi todos aplaudían las actuaciones contra el terrorismo y ahora se rasguen las vestiduras", subrayó.

"Cadena de despropósitos"

El juicio sobre el secuestro de Segundo Marey fue otro asunto que generó preocupación en la dirección del PSOE. En la reunión celebrada el 25 de mayo de 1998, Almunia propuso que la ejecutiva socialista "fije una postura clara" a la que tuviesen que remitirse todos sus miembros "cada vez que salga el tema".

Las claves de esa respuesta conjunta y pactada sería "el respeto a la decisión judicial", "confianza en la inocencia de José Barrionuevo y en que así lo vea también la ley" y mantenerse "al margen de la judicialización del proceso". 

El 27 de julio de 1998, apenas 48 horas antes de que se conociera la sentencia del Supremo contra Barrionuevo y el ex director general de la Seguridad del Estado Rafael Vera –quienes fueron condenados a 10 años de cárcel por el secuestro de Marey–, Almunia advirtió sobre "filtraciones" intencionadas y denunció que todo aquello era "un eslabón más de la cadena de despropósitos a los que venimos asistiendo por parte del PP". 

En aquella reunión se decidió conformar un grupo de trabajo que analizaría cómo actuar ante la sentencia contra Barrionuevo y Vera. Según consta en el acta, José Bono –quien fue designado para formar  parte de ese grupo– alertó de que "la reacción ante la sentencia no puede dividir al partido" y sostuvo que "debe buscarse la unanimidad de criterio a la hora de hacer declaraciones".

"Cometimos errores"

Bono dijo además que no se podía "negar lo evidente". "Cualquier posición cínica perjudica nuestra credibilidad como partido; por eso, hay que admitir que cometimos errores aunque no admitamos lecciones de quienes acuñaron la teoría de que el mejor terrorista es el terrorista muerto", avisó. 

El dirigente socialista formuló también otros consejos. "Felipe personaliza un periodo de la historia de España que ha sido muy positivo y es un activo que no podemos dejar que destruyan –apuntó–. Sin embargo, el pasado no puede ser nuestro motor. No podemos hipotecar nuestro futuro por los errores cometidos en el pasado". 

Bono aludió en su intervención a la necesidad de "defender" a Josep Borrell, quien se había impuesto en las primarias del PSOE de abril de ese año y sería el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de marzo de 2000.

"Debemos aprovechar la oportunidad de la sentencia Marey para mostrar nuestra creencia en la inocencia de Barrionuevo, para dar ejemplo de unidad en torno al candidato Borrell y para hacer ofertas de futuro a los españoles que no tienen que ser coincidentes con lo que hicimos durante nuestra etapa de gobierno", afirmó.