Opinión · Asuntos & cuestiones
La nueva ética
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El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a unos ciudadanos que fueron perseguidos política y mediáticamente de una forma brutal.
Basándose en una denuncia anónima, se acusó a un grupo de médicos del Severo Ochoa de haber matado a 400 personas “para ahorrar dinero a la Consejería de Sanidad aprovechando la baja condición cultural de los muertos y sus familiares”. El hecho de que la acusación la llevara adelante el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, con el apoyo de Esperanza Aguirre, engrandeció el montaje. Lamela se hizo muy rico con negocios inmobiliarios mientras ejercía su labor pública y era entrevistado en radios donde se llamaba criminales nazis a estos médicos. Su sucesor, Güemes, yerno de Fabra, al conocer la sentencia absolutoria, lejos de alegrarse de que no hubiera asesinos entre sus colaboradores, dijo: “Que no se pueda demostrar la mala praxis no significa que no la haya”, obviando la presunción de inocencia que reclama para su familia, tantas veces beneficiada por la Lotería, mientras volvía a criminalizar a los que la sentencia proclamaba inocentes. Incomprensiblemente, ya que ha dedicado 17 años a la política, vive en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de España.
Los médicos próximos a Montes fueron purgados, apartados de sus plazas, despedidos o relegados. Algunos tuvieron que abandonar la Comunidad de Madrid para poder trabajar. El Supremo no ha valorado el daño sufrido en lo moral, lo profesional y lo social. Con esta sentencia legitima la persecución política a la ciudadanía desde las instituciones.
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