Cuando todo vale para recuperar el poder

Ante una fecha tan redonda como la de hoy, v?spera del veinte aniversario de la ca?da del Muro de Berl?n, este buz?n de voz pretend?a rebotar al aire unas cuantas preguntas sobre el capitalismo, la izquierda y el futuro. Sobre la necesidad de una perestroika en la socialdemocracia o sobre la interesante aportaci?n ideol?gica de esas fuerzas anticapitalistas que van escalando posiciones en Europa gracias al empe?o del socialismo moderado en seguir ejerciendo el papel de cami?n-escoba del neoliberalismo. Pero resulta que el Partido Popular no da un m?nimo margen a la pretensi?n de discutir sobre aquello que en realidad deber?a mover cualquier proyecto pol?tico: las ideas. No lo permite porque, en un plazo de cuatro d?as (fagocitado ya ese supermartes en el que Rajoy jur? que ?no habr? una pr?xima vez?, al tiempo que esa pr?xima vez se visualizaba en el desplante de Esperanza Aguirre), el ?nico grupo pol?tico con opciones de recuperar el Gobierno ha demostrado por pen?ltima vez que lo que menos le importa en su estrategia de oposici?n son las ideas. Confiado en que el paro y la incertidumbre econ?mica ser?n las dos gr?as que sacar?n a Zapatero de la Moncloa, el PP se lanza al m?s simple oportunismo pol?tico sin importarle hacer trizas cualquier mimbre de un Estado de Derecho.

Ese ?todo vale? con tal de recuperar el poder (pegamento m?gico que suele tapar las grietas internas por profundas que sean) ha quedado estos d?as meridianamente expuesto en dos asuntos de extrema gravedad: la crisis del secuestro del Alakrana y la denuncia del sistema de escuchas Sitel.

Apropiarse de las v?ctimas

El PP tiene ya mucha pr?ctica en la fea costumbre de ejercer como ?nico y exclusivo defensor de las v?ctimas, ya sean del terrorismo etarra o del islamista. El pasado jueves, a los pocos minutos de conocerse el ultim?tum de los piratas somal?es, que amenazaba con empezar a matar rehenes, los m?ximos dirigentes del PP lanzaron sus dentaduras sobre el cuello del Gobierno utilizando la leg?tima y comprensible angustia de las familias de los pescadores secuestrados. Aunque resulte incre?ble en cualquier otro pa?s que ha sufrido chantajes similares, el principal grupo de la oposici?n propone que el Gobierno se haga responsable del pago del rescate exigido por los terroristas y que se cumpla tambi?n su exigencia de extraditar a los dos piratas encarcelados en Madrid por orden judicial.

El giro copernicano del PP en pol?tica antiterrorista no es apto para cardiacos, incluso cuando quien lo argumenta es alguno de sus l?deres supuestamente m?s centrados. El presidente de Galicia, Alberto N??ez Feij?o, proclam? anteayer en Los Desayunos de TVE que ?la justicia e interpretaci?n de normas debe tener en cuenta la situaci?n, el contexto en que se aplica; hay rehenes, y Gobierno y justicia deben trabajar juntos para traerlos a casa?. ?Es que no recuerdan ni el PP ni Feij?o su posici?n durante el frustrado proceso de paz con ETA y el caso De Juana Chaos? Pues repasen la hemeroteca, porque el Fiscal General del Estado, C?ndido Conde Pumpido, fue injuriado y colgado en la plaza p?blica por una frase bastante m?s ambigua.

Lo de Sitel es otro muro que el PP no deber?a saltar, porque ofende a?n m?s a la inteligencia. Ese sistema de interceptaci?n de comunicaciones que utilizan las fuerzas de seguridad fue encargado y pagado en 2001 con Mariano Rajoy como ministro del Interior. Cost? un m?nimo de diez millones de euros, pero el Gobierno de Aznar (astro rey de la austeridad en el gasto p?blico) fue incapaz en los tres a?os siguientes de darle una cobertura legal pese a tener mayor?a absoluta. Ahora, el PP se atreve a proclamar que Sitel sirve para realizar escuchas ilegales, entre las que (?oh, sorpresa!) se incluyen las que sirven como pruebas de la trama G?rtel. Es decir, con tal de boicotear la investigaci?n de la corrupci?n, al PP no le importa acusar sin evidencia alguna a Gobierno, fiscales y polic?as de un delito continuado ?contra los derechos fundamentales?.

Curiosa coincidencia: en 30 a?os de democracia, s?lo dos grupos pol?ticos han denunciado reiteradamente que en Espa?a no existe la separaci?n de poderes: uno (Batasuna) es ilegal. El otro aspira a volver a gobernar.