El nuevo Gobierno griego carga contra los movimientos solidarios de Atenas
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Por Diana Moreno (@_diana_moreno_)
El líder de los conservadores Nueva Democracia cumple sus amenazas de desmantelar el mítico barrio ateniense de Exarchia, símbolo del movimiento okupa y anarquista pero también de la solidaridad, autogestión y acogida de refugiados. El pasado lunes la Policía griega desalojó tres edificios ocupados que funcionaban como hogares de acogida y detuvo a 143 inquilinos, en su mayoría refugiados y migrantes y entre los que había 35 menores.
Desde las elecciones griegas del pasado mes de julio y la llegada de los conservadores al gobierno, el barrio de Exarchia en Atenas no pega ojo. El nuevo primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, llegó al poder con la promesa de “limpiarlo”, refiriéndose en especial a los squats, edificios que tras décadas abandonados fueron ocupados para dar hogar a cientos de refugiados y migrantes. Algunos de estos edificios habían sufrido las pasadas semanas cortes de agua y luz, pero ha sido este lunes 26 de agosto cuando, a las seis de la mañana, la policía griega tomó el barrio donde llevaba sin ser bien recibida desde el asesinato del joven Alexandros Grigoropoulos en 2008 y desalojó cuatro de los squats. 143 personas fueron desalojadas, entre ellos 35 menores.
La operación, a la que el portavoz de la policía griega Stavros Balaskas ha definido como “aspirar la suciedad del barrio”, ha ido de la mano de un brutal despliegue de agentes que algunos testigos han narrado en redes sociales: “Han cerrado el acceso a los coches en la mayoría de las calles, hay helicópteros sobrevolando, coches policiales sin identificar por todos lados…”, relata en Twitter el fotógrafo Arash Hampay. También denuncian que han sacado el mobiliario de los squats y lo han tirado a la basura, y que han empleado violencia contra las personas desalojadas. Algunos de los edificios desalojados el lunes son el de Spirou Trikoupi 17, donde residían un centenar de personas, y Tránsito 15, un squat que el pasado lunes “tenía una lista de espera de 44 familias en busca de refugio”, según el periodista Daviz Zorrakino.
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Algunos sugieren que esta “limpieza” del barrio de Exarchia tiene conexión con la visita en octubre de Mike Pompeo, secretario de estado de Trump, a Atenas, y muchos han criticado la cobertura de televisiones como ΣΚΑΙ (SKAI), que han intentado reflejar las condiciones supuestamente horribles en las que vivían los refugiados para justificar los desalojos. A la operación policial le siguieron inmediatas concentraciones de repulsa por la zona. Los más de cien desalojados, en su mayoría refugiados de países como Iraq, Afganistán o Eritrea, fueron transferidos al centro de detención de Petrou Ralli para ser identificados. Según información que maneja la organización No Borders, se prevé que estas personas sean enviadas a campos de refugiados del norte de Grecia como el de Eleonas, Skaramangas o Thiva.
Un barrio en el punto de mira
¿De dónde nace el interés por este barrio de Atenas? Exarchia es un bastión antiautoritario, referente de los movimientos de izquierda y con un potente movimiento okupa desde los años 80. Desde la llegada en 2015 de un número de personas refugiadas que colapsó el sistema de asilo griego, se convirtió además en símbolo de la acogida cuando se comenzaron a abrir edificios que habían quedado abandonados tras la crisis económica para albergar a los refugiados. El de la calle Notara 26 fue el primero, y actualmente una veintena de inmuebles daban alojamiento a miles de refugiados que de otra forma irían a alimentar las espantosas cifras de personas sin hogar de las calles Atenas, además de ofrecer asistencia médica gratuita, clases, asesoramiento legal, etcétera, todo de mano de voluntarios y activistas de orígenes diversos. En un país donde Amnistía Internacional denunció la existencia de represión policial hacia los inmigrantes en situación irregular, el barrio supone desde hace algún tiempo una especie de santuario de solidaridad.
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Sin embargo, no todos ven el fenómeno Exarchia del mismo modo. Tras las elecciones griegas de julio, SYRIZA dio paso a los conservadores de Nueva Democracia, cuyo líder y primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha declarado la guerra a los movimientos sociales griegos que tienen Exarchia como cuna. La restauración de la seguridad y el orden fue la promesa electoral clave que lo llevó al poder, y no se ha hecho esperar: el plan para desalojar a los squats de refugiados y anarquistas del barrio se anunció el 8 de agosto, apenas un mes después de llegar al poder, con la excusa de liberar al área de drogas y delincuencia, con las que vinculan en sus discursos a los anarquistas y migrantes.
Una amenaza para los proyectos autoorganizados y libres
El squat de Spirou Trikoupi 17, ubicado cerca de la plaza de Exarchia, fue en su día un edificio de oficinas abandonado tras la crisis económica. Llevaba 15 años abandonado cuando sus ocupantes entraron en él para crear en su interior, como sucede en el resto de squats, una comunidad autogestionada con una asamblea semanal y grupos de trabajo, así como espacios educativos para los niños e incluso una clínica médica. Las 22 habitaciones daban hogar a más de cien personas de una decena de nacionalidades.
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Poco antes de su desalojo, el squat publicó un comunicado en el que se explica que la deriva de extrema derecha del nuevo gobierno “amenaza la existencia de nuestras estructuras autoorganizadas y libres, así como la vida de las partes más pobres y oprimidas de esta sociedad”. Para ellos, el ataque al barrio de Exarchia responde a un plan de “gentrificar y tomar el control del único lugar en Atenas que aún resiste”. En el texto denuncian que el gobierno de Mitsotakis ha llevado a cabo “arrestos masivos de personas sin documentos legales”, fortalecido “los controles fronterizos, devolviendo a Turquía a las personas ilegales” y ha prohibido “el acceso de refugiados y migrantes al sistema nacional de salud, al no proporcionarles el seguro social”, algo que tiene consecuencias inmediatas para el acceso de los niños al sistema educativo, ya que sin las vacunas no se les permite asistir a la escuela, explican.
Efectivamente, este giro electoral a la derecha pone en el punto de mira no sólo a los movimientos sociales, sino también y más especialmente a las personas migrantes y refugiadas: muchos creen que empeorarán sus ya penosas condiciones y aumentarán las redadas, las devoluciones y, en general, la criminalización hacia este colectivo. No es coincidencia que las competencias sobre refugiados, que antes recaían en el Ministerio de Migración -ahora eliminado- las lleve ahora el Ministerio de Protección Ciudadana. Este ministerio ha aglutinado, además, las competencias de cárceles (que antes llevaba el Ministerio de Justicia). Quien lo lidera es Mijalis Jrisojoidis, antiguo ministro del gobierno del Pasok, cuya prioridad, según ha expresado, es la de reforzar el orden público y la presencia policial en Atenas, así como acelerar las devoluciones de las personas que residan de forma irregular en el país. En su época de líder de la oposición criticó a SYRIZA por no actuar más duramente para acabar con las ocupaciones.
¿El fin de una era?
Otro squat que también ha cerrado es el Hotel City Plaza, quizá el edificio más emblemático a pesar de estar ubicado fuera del barrio de Exarchia. El pasado 3 de julio, en este caso sin intervención policial, sus ocupantes disolvieron un proyecto que llevaba vivo tres años y que había sobrevivido a dos órdenes de desalojo. El que fuera un hotel de lujo abandonado llegó a dar techo, ya transformado en squat, a 400 personas en condiciones dignas, así como comidas diarias y escuela. Sin embargo, ante la perspectiva de una evacuación forzada, que supondría que muchos de sus inquilinos se enfrentaran a la posibilidad de ser deportados, se prefirió buscar alternativas habitacionales y las habitaciones del “hotel de la solidaridad” volvieron a quedar vacías.
El futuro de Exarchia es una incógnita, pero hay algo claro: destruir estos proyectos habitacionales y desalojar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, probablemente enviándolas a unos campos de refugiados ya gravemente saturados como denuncia ACNUR, genera muchas víctimas. Por un lado, las propias personas refugiadas, que se verán abocadas a la precariedad de los campos y al asistencialismo. Por otro, todas aquellas que han trabajando para construir ese santuario de solidaridad, acogida y apoyo mutuo que ahora parece estar en grave peligro.
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