Opinión · Con negritas
La responsabilidad de las prejubilaciones de oro
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El escándalo de las prejubilaciones de oro en Novaixagalicia y la alicantina CAM ha corroborado lo beligerantes que son algunos a la hora de reclamar competencias y lo escurridizos que se vuelven cuando toca asumir responsabilidades. El Banco de España asegura que no tiene la cobertura normativa necesaria para impedir este tipo de desmanes, pese a haberse producido en el seno de dos entidades receptoras de cuantiosos fondos públicos por cuyo buen uso le corresponde velar. La Xunta de Galicia también pretende lavarse las manos con un pretexto similar, como si la supervisión de las cajas de ahorros radicadas en su territorio no fuera con ella, y la Generalitat valenciana se ha escudado en el silencio del que no sabe o no contesta.
Quizás se pueda discutir largo y tendido sobre quién tenía el mandato legal de evitar que los principales directivos de estas entidades financieras se fueran a casa con los bolsillos llenos después de haberlas llevado al borde de la quiebra. Pero hay una cosa en la que no cabe polémica y es que el Banco de España y los respectivos gobiernos regionales tenían la posibilidad y la obligación de conocer las condiciones de salida de los altos ejecutivos de las cajas de ahorros bajo su custodia. A fin de cuentas, los acuerdos de los consejos de administración pasan por el Banco de España y en ellos o en sus comisiones de control suelen sentarse representantes de las comunidades autónomas, precisamente con el objetivo de conocer lo que se cuece dentro.
En consecuencia, salvo que mirasen para otro lado, tanto MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ como ALBERTO NÚÑEZ FEIJOÓ debían estar al tanto de las prejubilaciones de oro. Y, siendo así, cuesta entender por qué no movieron un dedo, si no con el argumento inapelable del boletín oficial, al menos con esa capacidad de persuasión que los políticos en pleno ejercicio del poder saben desplegar cuando quieren. ¿Hubieran resistido los máximos responsables de Novacaixagalicia una presión efectiva del Banco de España o de la Xunta contra tan sangrantes excesos? Yo, francamente, creo que no.
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