El activismo como aval político

Desde que el pueblo de Madrid posibilitó que Ahora Madrid estuviera en la alcaldía de la capital, se ha producido una debate acerca de si el pasado de activista de un político debe perjudicarle o no. Personalmente, me ha sorprendido que desde el PSOE sean de la opinión de que sí, de que si en el pasado desafiaste pacíficamente a la ley establecida por defender lo que considerabas justo, debes de pagar un precio político.

Yo soy más de la opinión de que un pasado de activista todavía te legitima más para ejerecer la política, te refuerza porque si algo demuestra es que eres fiel a tus convicciones, a tus principios, asumiendo las consecuencias que su defensa pueda acarrear. Si analizamos el caso de Rita Maestre, que me daría igual que fuera de Podemos, de IU o del PP -pensaría lo mismo-, vemos que se ha querido expulsar de la política a una mujer que decidió protestar porque en un Estado declarado aconfesional en su Constitución -esa tan sagrada- existen capillas en las Universidades pagadas por todos, mientras miles de jóvenes han tenido que renunciar a sus estudios universitarios porque no supuestamente no hay dinero para becas y han subido significativamente el precio de las matrículas.

La protesta fue un asalto a la capilla -no a una iglesia, como dicen algunos tertulianos de la derecha-, pero fue pacífico y se produjo consciente de las consecuencias, aunque es cierto que en condiciones normales y si quienes asaltaron no hubieran tenido la relevancia social que a posteriori han tenido, seguramente nunca se habría producido un juicio.

Es como aquel asalto a un supermercado por parte de Sánchez Gordillo: aquello no fue un robo, fue un acto de protesta, una acción para llamar la atención pública sobre un problema social y llegó a movilizar tanto al ministro del Interior -el retrógrado Fernández Díaz- y al de Justicia -el ultraconservador Gallardón- para criminalizarlo como si hubiera sido un acto terrorista. Increíble.

Protestar pacíficamente por lo que es justo no es malo; todo lo contrario. La desobediencia civil cuando las leyes están pervertidas por un poder que ha socavado la soberanía nacional es imprescindible. Los desahucios continúan, pero se han frenado y si ha pasado eso, no ha sido ni por el Gobierno ni por nuestros políticos, sino porque un día colectivos como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se movilizaron, desafiaron a las leyes establecidas porque, sencillamente, eran inhumanas... e ilegales, como luego se ha encargado de sentenciar el Tribunal Europeo.

Por todo eso, no demonicemos a quien tiene el coraje, casi temerario, de defender sus principios por el bien común hasta las últimas consecuencias, a quien deja el activismo de ratón y pantalla para salir a la calle y plantar cara a quienes nos arrebatan los Derechos Humanos más esenciales. Y, sobre todo, no les hagamos el juego a quienes tienen de presidente de honor y fundador de su partido a un ministro franquista que contribuyó de manera directa a una de las épocas más oscuras de nuestra Historia. ¿O es que ese pasado no cuenta?