Opinión · Posos de anarquía
Las mentiras fiscales de PP y Cs
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La mentira se ha convertido en una práctica habitual de la derecha para conseguir votos. PP y Cs lo vuelven a hacer para criticar los impuestos recogidos en el Programa de Estabilidad 2019-2022 enviado por el Gobierno a Europa. En lugar de explicar el documento tal y como está redactado y pedir a su electorado una mayor protección fiscal para quienes más dinero tienen -que es lo que están defendiendo en realidad-, falsean la realidad con el miedo a una subida tributaria generalizada. Es mentira.
La mentira se ha convertido en una práctica habitual de la derecha para conseguir votos. PP y Cs lo vuelven a hacer para criticar los impuestos recogidos en el Programa de Estabilidad 2019-2022 enviado por el Gobierno a Europa. En lugar de explicar el documento tal y como está redactado y pedir a su electorado una mayor protección fiscal para quienes más dinero tienen -que es lo que están defendiendo en realidad-, falsean la realidad con el miedo a una subida tributaria generalizada. Es mentira.
La gran pregunta no es por qué PP y Cs mienten más que hablan; la gran pregunta es por qué quienes menos tienen continúan votando a las fuerzas políticas que les meten la mano en el bolsillo. ¿Qué le lleva a una persona a votar a quienes quieren que proporcionalmente pague más alguien que trabaja en una obra o una cafetería que Amancio Ortega? Porque eso es, precisamente, lo que plantean las políticas fiscales de la derecha.
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Mientras el Programa de Estabilidad 2019-2022 plantea que 1 de cada 3 euros venga de las grandes empresas, que los bancos paguen el impuesto de sociedades o que quienes ganan 7.000 euros netos al mes tributen más que quienes cobran 1.000 euros, PP y Cs reparten el aumento de ingresos que esas medidas supondrán dividiéndolo entre el total de contribuyentes, aunque no paguen. Es mentira que se suba los impuestos a quienes menos tienen.
Cuando gobiernan como sucede en Andalucía, PP y Cs también mienten con sus rebajas fiscales. Trasladan que las bajadas afectan a toda la ciudadanía cuando, en realidad, sólo lo hace a quienes más tienen. La eliminación del impuesto de sucesiones es un buen ejemplo de ello: se ha eliminado aunque sólo afectaba a quienes hereden por encima del millón de euros.
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La derecha no es amiga de la redistribución de la riqueza; defiende a quienes ganan y atesoran más dinero, a costa de los que poseen menos. La caída de ingresos que supone la eliminación del impuesto de sucesiones ya tiene consecuencias. Si antes de las Elecciones Generales el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno presumía de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no volvería a contratar a ningún profesional por menos de seis meses para así ganar en estabilidad, pasado el 28 de abril las cosas han cambiado.
Según denuncia CCOO, la gerencia del SAS ha dado la orden a todos los centros sanitarios de no cubrir "de momento" con nombramientos de larga duración ninguna vacante que se produzca en las categorías de auxiliar administrativo, administrativo, celador y técnico especialista de laboratorio.
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Esta medida encubre un "estudio de la plantilla" que podría derivar en una reducción masiva de personal. El actual gerente del SAS Miguel Moreno Verdugo es como Atila, tal y como demostró su paso por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) bajo la presidencia de Dolores de Cospedal. Entonces, el tajo que propinó al SESCAM fue superior al 10%, pasando de 26.500 profesionales a 23.000.
Recortar plantilla a un SAS que, a pesar de la masiva privatización encubierta del PSOE, adolece de una falta de personal atroz no sólo es consecuencia de recaudar menos dinero al eliminar impuestos que gravan a quienes más tienen, sino que es una cuestión de prioridades. No les quepa la menor duda de que, en el caso del personal técnico de laboratorio, en caso de reducirlo pese a que ya es escaso, las analíticas terminarán por externalizarse.
No me llamen agorero o, directamente, mentiroso sin fundamento: a las pruebas me remito. Es una práctica habitual por parte de la derecha. ¿Quién no recuerda al consejero de Sanidad madrileño Juan José Güemes con Esperanza Aguirre? Él fue quien impulsó la adjudicación del servicio público de análisis en seis hospitales madrileños, lo que afectaba a 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias. Cuando dejó la política, adivinen quién le fichó. Sí, lo han adivinado: Unilabs, que es la empresa que compró a la adjudicataria. Negocio redondo... a costa del contribuyente, pero no de los que ganan 7.000 euros netos al mes, sino de usted, de mí, de los que llegamos justos a fin de mes... de los damnificados de la política económica de la derecha.
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