Más toros y menos Ingreso Mínimo Vital

La derecha en Andalucía lo tiene claro: es más importante salvar la tauromaquia que asegurar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a todo el mundo que lo precisa. Así se desprende del dictamente de la Comisión de Reconstrucción, cuyas propuestas son profundamente antisociales, promueven la desigualdad y tienden la alfombra roja a la pobreza, que ya devora el sur de España.

>La derecha en Andalucía lo tiene claro: es más importante salvar la tauromaquia que asegurar que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a todo el mundo que lo precisa. Así se desprende del dictamente de la Comisión de Reconstrucción, cuyas propuestas son profundamente antisociales, promueven la desigualdad y tienden la alfombra roja a la pobreza, que ya devo

En Andalucía, cuatro de cada diez personas están en riesgo de pobreza y el 10% ya se encuentra en riesgo de pobreza severa. Son datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) que, el pasado mes de octubre, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, atizó esta bofetada de realidad ante la cual, el presidente de la Junta Juan Manuel Moreno no tuvo más que buenas palabras.

La situación es crítica, tanto como para estar 12 puntos por encima de la media española en número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social... y eso era antes de la llegada del COVID-19. Entonces, 3,2 millones de personas se encontraban en esa situación en esta Comunidad Autónoma (38,2% de la población), con un 68,2% de andaluces y andaluzas con problemas para llegar a fin de mes.

Con este panorama, ¿cuáles son las recetas de la Junta de Andalucía para atajar una situación aún más agravada por el azote de la pandemia? Podríamos resumirlo en menos impuestos para las personas ricas y menos ayudas sociales para las pobres. El dictamen de la Comisión de Reconstrucción es un atentado, no sólo a la igualdad, sino a la lógica misma. Así sucedió desde su mismo nacimiento, cuando después de que VOX se negara a ella, PP y Cs decidieron poner a la extrema-derecha presidiéndola, lo que motivó que ni PSOE ni Adelante Andalucía (Podemos e IU) hayan querido participar.

Así las cosas, el documento destila aporofobia por los cuatro costados. Al tiempo que reclama eliminar el impuesto de patromonio, de sucesiones y donaciones, pretende poner más palos en las ruedas para acceder a la renta mínima de inserción social. Una renta, por otro lado, cuyo cobro para muchas personas en riesgo de exclusión lleva un año de retraso y que, pese a ello, la Junta amenazó con eliminar al aprobarse a nivel nacional el IMV. Qué despropósito.

El dictamen de la derecha parece alumbrado con el único propósito de agasajar a la élite económica, como si ese casi 40% de la población andaluza consumida por la miseria le supusiera un lastre. De otro modo, ¿cómo si no se puede explicar que se quiera subvencionar aún más los toros y la caza a costa del gasto social?

El medio ambiente es otra de las víctimas de la tríada PP, Cs y VOX. Con una visión cortoplacista, las más de 500 medidas sugeridas para la recuperación tras el coronavirus están trufadas de ladrillazo: en suma, que ni la legislación ni la fiscalidad medioambiental sean un freno para el desarrollo urbanístico. Ya antes de la Comisión, la Junta había generado gran preocupación por el modo en que se beneficiaba el negocio inmobiliario, eliminando la protección medio ambiental, tal y como se desprende del macroproyecto de construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y casi 700 viviendas en el entorno protegido de Maro (Málaga).

La lista de despropósitos se extiende por todo el documento, que apuesta por reforzar la Sanidad Pública mientras que a día de hoy Andalucía pasa por ser la Comunidad Autónoma que menos PCR está realizando. Frente a sus 57 PCR por cada mil habitantes, Euskadi realiza 228, Navarra 217 o Castilla y León 141, por citar algunos ejemplos. Al tiempo que no ha realizado ninguna PCR a centenares de personas migrantes llegadas en embarcaciones precarias, pretende establecer lo que llama "una frontera de protección microbiológica".

El sello de la extrema-derecha es inconfundible, tanto en ese capítulo que sugiere la expulsión de los menores no acompañados como en el de la violencia de género, terminología que niega y en el que la mentira vuelve a hacer acto de presencia al afirmar que la legislación "deja fuera de su amparo a amplios grupos de individuos, al estar enfocada predominantemente a evitar la violencia dirigida contra mujeres, y no a la dirigida contra otros integrantes del ámbito familiar".

La Comisión y el dictamen resultante son el máximo exponente de lo que realmente es esta derecha retrógrada y dañina en Andalucía, donde sus constantes pataleos al Gobierno central ocultan el resultado de su gestión que profundiza aún más la brecha de la desigualdad.