Opinión · Posos de anarquía
El Gobierno de la discriminación institucional
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España continúa dando muestras de discriminación institucional en materia migratoria. ¿Cómo es posible que se deniegue el asilo a trece jóvenes, con estatus de refugiados según el Derecho Internacional, y prácticamente al día siguiente se les devuelva al desierto en el que viven en situación precaria y con una ayuda internacional cada vez más escasa? La respuesta es sencilla y no por ello menos terrible: son saharauis.
El episodio lo acabamos de vivir estos días en el aeropuerto de Barajas y, de nuevo, España antepone otros intereses a los Derechos Humanos. Dar la protección pedida a estos jóvenes supondría soliviantar a Mohamed VI, un lujo para el rasero moral de Pedro Sánchez. Mientras a las personas refugiadas de Ucrania se les pone todo tipo de facilidades, nunca antes vistas ni siquiera con quienes huían de una guerra aún más atroz como fue la de Siria, a estos jóvenes saharauis se les devuelve al desierto del Sáhara, donde el futuro se extingue a bocados del presente.
Ellos no han conocido jamás otra cosa que ese desierto, con contadas excepciones como el programa Vacaciones en Paz que trae a niños y niñas saharauis a España durante el verano. Pasado ese periodo, de vuelta a la hammada, considerado el desierto de los desiertos. No hay otra opción porque, de regresar a su país, esto es, al Sáhara Occidental, su vida corre peligro. Esta misma noche un camión marroquí embistió contra la casa de la activista saharaui Sultana Jaya, convertida ya en un símbolo de resistencia tras más de un año de arresto domiciliario ilegal, violaciones, torturas, etc. por parte de las fuerzas marroquíes.
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O desierto o torturas y vejaciones, sino la muerte, a manos de Marruecos. Con esas dos opciones viven estos trece jóvenes saharauis a los que el Gobierno de España repudia. La primera de las opciones no mata, no a corto plazo, pero consume. Pese a los esfuerzos del Frente Polisario, que se enfrenta a una Comunidad Internacional dándole la espalda, y con una ayuda humanitaria cada vez más menguante, unas condiciones más extremas por el cambio climático y sin salidas profesionales para los más jóvenes, los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis cumplen poco a poco, inexorablemente, con el objetivo de Mohamed VI -antes de su padre Hassan II-: el genocidio saharaui.
Tras casi medio siglo sobreviviendo en el Sáhara y de vuelta a la guerra desde que Rabat rompiera el alto el fuego en noviembre de 2020, especialmente los más jóvenes ansían una vida mejor. No quieren lujos, ni vidas de Tik Tok, ni sueñan con Eurovisión... solo quieren ser dueños de sus propias vidas y no que éstas sean devoradas por el vacío del desierto. Se alegran y aplauden la acogida de población refugiada ucraniana, pero no entienden por qué ante ellos el Gobierno de España, en cambio, levanta un muro infranqueable, como si portaran la peste.
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La discriminación institucional que está llevando a cabo el Gobierno de España es contraria al derecho humanitario internacional y la ejecuta, además, con total desfachatez, sin disimulo, rechazando solicitudes de asilo en cuestión de pocas horas. Lo siguiente será en minutos. Detrás de ese proceder, una vez más, Marruecos, que goza de total impunidad, incluso, para espiar a nuestra cúpula del Gobierno sin que ello enturbie las relaciones entre ambos países.
Abordar el futuro de estos trece jóvenes saharauis no es una cuestión política, sino humanitaria, y desde el Gobierno, tanto PSOE como Unidas Podemos, está mirando para otro lado. La formación morada ha preferido adoptar un perfil bajo en esta cuestión, haciendo que su mano izquierda ignore lo que hace la derecha, reclamando verbalmente justicia para el pueblo saharaui mientras sus acciones no acompañan... o más bien sus inacciones. La Historia no perdona y así lo reflejará en el futuro; como cuando hoy hablamos de la deleznable actuación de Felipe González, dentro de años recordaremos cómo se comportó el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
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