Meritocracia a base de palos a lo público

José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. – JdA

La Junta de Andalucía ha anunciado su Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para las Universidades andaluzas, dotado con 80 millones de euros para cuatro años. El dinero a repartir sale a dos millones de euros al año para cada una de las diez universidades públicas con que cuenta esta Comunidad Autónoma. A todas luces resulta insuficiente y así lo han expresado ya los diez rectores a través de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía. Mientras, las universidades privadas en Andalucía aprovechan la alfombra roja que les ha tendido el Gobierno de Juan Manuel Moreno. 

Desde que llegara por primera vez el PP al Palacio de San Telmo, únicamente había una universidad privada en Andalucía. Hoy, ya son tres los centros privados y dos están en ciernes, mientras que el número de públicas no sólo no ha crecido, sino que han perdido músculo por su infrafinanciación. El caso más representativo es el de la Universidad de Málaga (UMA), que siendo la segunda universidad de España que menos dinero recibe por alumno arrastra una deuda de 25 millones de euros, es decir, cinco millones más del montante que el nuevo Plan de Inversiones de la Junta destina anualmente a las diez universidades. Un despropósito. 

Precisamente Málaga es la provincia que se ha lanzado a la carrera por tener más universidades privadas, sumando dos nuevas con la Alfonso X El Sabio y la Europea de Andalucía. Juntas ofertarán 21 grados, 21 másteres y seis doctorados. Otras dos más han sido ya aprobadas, la Fernando III (CEU) de Sevilla, que echará a andar en 2027; y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que aunque se ubica también en Málaga se publicita como la primera universidad on-line  de Andalucía. Esta última está impulsada por Grupo MEDAC-MasterD, el grupo Vocento y el fondo de capital riesgo KKR. MEDAC es la empresa de Formación Profesional privada que cofundó el difunto Javier Imbroda, de la que se desvinculó antes de ser consejero de Educación de la Junta de Andalucía, si bien durante ese periodo la empresa multiplicó su valor. 

Esta expansión de las universidades privadas no es casual. Las concesiones demaniales de las parcelas por parte del Ayuntamiento de Málaga se extienden 50 y 60 años por un canon que quedan lejos del millón y medio de euros al año, con extensiones de terreno que superan los 22.000 y 27.000 metros cuadrados. Unos terrenos que buen provecho podrían tener para ampliar la oferta educativa pública. En Málaga, por ejemplo, tan volcada al mar, se da la paradoja de que quienes quieran estudiar Oceanografía han de mudarse a Cádiz.  

Por si esto no fuera poco, los requisitos que se exigen a las universidades privadas andan un tanto relajados respecto a la pública, especialmente en ámbitos científicos en los que la ley exige que la actividad investigadora y de transferencia se refleje en que el 5% del presupuesto se dedique a programas de investigación, así como que al menos la mitad de quienes imparten docencia sean doctores y doctoras. De nuevo, el Consejo de Universidades emitió un informe negativo al considerar que no se aplicaba el decreto de reconocimiento universidades de 2021 y los nuevos centros no cumplían correctamente con los requisitos establecidos.  

Por otro lado, se suma otro elemento que evidencia la mercantilización de la Educación en Andalucía en detrimento de lo público: analizadas las memorias de las nuevas universidades privadas, el Consejo de Universidades concluye que no aportan nada nuevo. Ampliar el número de universidades podría entenderse si realmente ampliaran la oferta educativa. No es el caso, en opinión de los expertos. En realidad, enseñan las mismas materias pero más caro, limitando su acceso a un sector elitista de la población y a otro que se endeuda para el pago de las matrículas, al recalar en la privada como consecuencia de no haber crecido lo suficiente el número de plazas en la pública.  

Desde 2010 los rectores de la pública trataban de ampliar el número de grados y posgrados, pero se chocaban contra un muro. Cinco años le ha costado al Gobierno  Moreno ceder, ampliando en 186 el número de nuevas titulaciones de grado y posgrado, buena parte de ellas de ciencia y tecnología. Sin embargo, tras este incremento también se encuentra la aprobación de 64 nuevas titulaciones para la privada, produciéndose duplicidades en titulaciones que están perfectamente consolidadas en la pública. Desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación parecen haber primado intereses económicos, pues no ha tenido encuentra ni un mínimo equilibrio territorial ni la reiteración de la oferta. En consecuencia, temen los expertos, el desarrollo económico y social de Andalucía podría sufrir efectos adversos, con exceso de titulados en unas materias y carencia en otras.  

Privatizar la educación superior es querer moldear nuestro país desde abajo, algo que por supuesto es intencionado y a lo que como sociedad deberíamos oponernos. La Universidad Pública es uno de los motores de nuestro desarrollo económico, social y cultural y una de las bases de nuestro bienestar. El favoritismo hacia lo privado que tienen Administraciones como la Junta de Andalucía reduce las oportunidades para un sector amplio de la población que aspira a formarse y revertir el día de mañana esa educación en nuestra sociedad. La Universidad Pública es diversa y, al mismo tiempo, equipara porque, con un sistema educativo sólido, personas de diferente procedencia y nivel socioeconómico dispar pueden acceder a la idéntica oferta educativa. En la privada, en cambio, no. Esa equiparación parece molestar al credo neoliberal que, paradójicamente, al tiempo que defiende la meritocracia para medrar ha de poner palos en las ruedas de lo público.