La mala gestión se paga

La mala gestión se paga

En Andalucía hay más de 60.000 personas que han de esperar 605 días para ser atendidas por el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia andaluz. El plazo legal son 180 días (6 meses), algo a lo que se comprometió el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla a principios de año cuando se jactó de que convertiría a Andalucía en la comunidad autónoma "con menos burocracia" de toda España. Cada día en esta región fallecen 33 personas esperando una resolución a sus solicitudes de ayuda a la dependencia. Hasta ahora, la mala gestión la pagaban los y las dependientes con su vida. Ahora también le costará a la Junta de Andalucía. 

No hay dinero suficiente para compensar la muerte de un ser querido, para sacar la rabia, indignación y pena de saber, además, que en su último periodo podría haber disfrutado de una mejor calidad de vida. Lo que ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada no es una cuestión de compensación, sino de justicia, de no permitir que se vayan de rositas quienes no saben o no quieren prestar los servicios públicos como marca la ley.  

Este juzgado acaba de condenar a la Junta de Andalucía a indemnizar a la familia de una anciana a la que tardó 32 meses en concederle la ayuda a la dependencia. Frente a los 6 de espera máxima que contempla la ley, la Junta se retrasó 26 meses. Las hijas de la anciana iniciaron entonces un procedimiento reclamando una indemnización, dado que la ayuda había sido solicitada para que una de ellas cuidara de su madre. A pesar de admitir haber excedido en casi 800 días el plazo legal, el gobierno de Moreno Bonilla rechazó compensación alguna.  

Las hijas recurrieron, se alargó el proceso y, durante el mismo, la anciana murió. Es ahora cuando esta sentencia, contra la que no cabe recurso, pone a la Junta en su sitio. No devolverá a la fallecida ni servirá ya para mejorar su calidad de vida o aliviar el esfuerzo de las cuidadoras pero, aun así, es una victoria en la defensa de nuestros derechos. La sistemática negativa por parte de la Junta de Andalucía a asumir responsabilidades por incumplir la ley ha tocado –o debería- a su fin.  

La sentencia vuelve a abrir la puerta a que todas las familias que ven cómo han transcurrido ya seis meses desde que registraron su solicitud de ayuda a la dependencia, no sólo en Andalucía, sino en toda España, reclamen sus derechos. Con suerte y a diferencia del caso de Granada, obtendrán la merecida indemnización antes de que la persona dependiente fallezca. No podemos obviar que, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Andalucía es la tercera comunidad autónoma que menos dinero destina a la dependencia, solo por detrás de Galicia y La Rioja, también gobernadas por el Partido Popular (PP). 

La mala gestión ha de pagarse, aunque sea únicamente por la vía administrativa y se pague con el dinero de todas y todos. Otro gallo cantaría, quizás, si fuera posible acudir a otras vías judiciales o, al menos, quienes mal gestionan los servicios públicos no dispararan con pólvora del rey, como dice el dicho popular. Ya en 2021, otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Sevilla condenó a la Junta a pagar una indemnización por el mismo motivo que ahora en Granada. 

Entonces, la mujer dependiente falleció en 2019, más de tres años después de haber solicitado la ayuda sin que el proceso se resolviera. La jueza, cuya condena fue de más de 18.700 euros, fue tajante al recriminar a la Junta de Andalucía que haberle negado tal compensación a la familia "supone beneficiar a la Administración por su mal hacer, por incumplir su obligación de no resolver en plazo el procedimiento". 

Estas dos sentencias avalan que la ley está de nuestro lado y no de la Junta, que es quien está incumpliendo los plazos legales y, a pesar de ser consciente de ello, ni siquiera se plantea ofrecer compensación. El mismo Tribunal Supremo ha reconocido este año el derecho de los herederos de las personas dependientes fallecidas sin recibir la prestación a que les sean devueltos los gastos adelantados. Y sí, adivinen, ese fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal venía motivada por otra actuación estelar del gobierno de Moreno Bonilla, concretamente en Dos Hermanas (Sevilla). 

Sin embargo, a pesar de que la ley nos respalda, de nada sirve sino activamos los mecanismos administrativos. A la vista está que si algo hay en abundancia en el gobierno de Moreno Bonilla es mala fe, pues sabedora de sus incumplimientos legales, no es ya que no sea proactiva en la compensación, sino que la rechaza por sistema cuando ésta es requerida. Son los recursos judiciales los que ponen a la Junta contra las cuerdas. Decenas de miles de personas esperando ya la resolución de sus expedientes tres veces más de lo que les corresponde son muchas demandas. Activémoslas. Es nuestro derecho. Quizás de ese modo la Junta de Andalucía cumpla con la ley de una vez por todas.