Opinión · Del consejo editorial
El voto antiinmigrante en Catalunya
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ANTONIO IZQUIERDO
Catalunya es una comunidad que nunca se ha sentido económicamente pobre y que no tendría que ver a los inmigrantes como competidores en el trabajo, ni en los recursos públicos. Sin embargo, las plataformas xenófobas y los mensajes egoístas han recolectado adeptos tanto en municipios catalanistas como en ciudades con memoria emigratoria. ¿Cómo analizar el voto antiinmigrante?
Para empezar con buena investigación –y no con encuestas que fabrican propaganda y que resultan inútiles a la hora de averiguar cuáles son las cuitas sociales–, no es de recibo preguntar, como ha hecho el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, si se está de acuerdo en que “los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita”. La cuestión induce la respuesta y el resultado es esperpéntico porque iguala en proporción a los votantes de ERC, PSC, CiU y PPC. En fin, la pregunta es un pecado y en el resultado lleva la penitencia.
Porque ocurre que cada clase de catalanes respira por su propia herida social y además sabe distinguir entre diversos tipos de inmigrantes a la hora de hablar, por seguir con el ejemplo, de su impacto en la sanidad. El sentimiento de agravio existe, pero aparece con distinto enfoque e intensidad según la posición social. Las investigaciones cualitativas han detectado que las prioridades y quejas para los jubilados de la industria y exemigrantes de Badalona no son las mismas que para los empresarios de la hostelería o los comerciantes de Barcelona. A los primeros les incomoda la cantidad de inmigrantes en el ambulatorio, los segundos se inquietan porque el médico foráneo que les atiende sepa menos que el nativo, y los autónomos se alarman por que traigan enfermedades.
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En resumen, el voto es una síntesis de tensiones y su interpretación no es simple. Parece que los resultados del 22-M indican que la fábrica catalana de integración necesita reforzarse. Porque hoy la sociedad civil está más fragmentada y la estructura de oportunidades laborales es más insegura que hace medio siglo cuando llegaron los que ya se consideran catalanes. Pero entonces no había Gobierno autonómico y ahora es él quién tiene las competencias.
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