Opinión · Del consejo editorial
Víctimas del franquismo y derechos humanos
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CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Durante años hemos seguido la lucha de los familiares de los desaparecidos en países como Chile, Argentina o Guatemala. Organizaciones de familiares, de madres, de abuelas, de viudas, movilizaron a la sociedad y se confrontaron con el poder, con los poderes, para saber cómo fue el final de sus seres queridos y para poder recuperar sus restos. Las comisiones de la verdad buscaron testimonios y realizaron pesquisas para encontrar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Hace unos años, en un seminario preparatorio de un diálogo sobre reconciliación post conflicto armado que iba a celebrarse en Barcelona en el Foro de las Culturas, y en el que los casos analizados se centraban en América Latina, surgió el problema de la reconciliación en España: ¿por qué mostrábamos tanto interés en los procesos externos y cubríamos el nuestro con un manto de silencio? Una pregunta que hoy tal vez reformularíamos así: ¿Por qué recuperar la memoria de las víctimas que no fueron resarcidas, las víctimas del franquismo, vuelve a resucitar todos los fantasmas? ¿Por qué si los derechos humanos son un bien común, la dignidad de las víctimas sin resarcir no se asume como un deber de todos?
Generalmente la paz y los derechos humanos van desfasados. El logro de la paz, en su sentido de ausencia de guerra, no siempre va a la par de la justicia, del conocimiento de los nombres y circunstancias de los agresores, de la denuncia contra la impunidad y la restitución de la verdad a las víctimas. Sólo con los años llega, a veces, el tiempo de los derechos humanos, que en una sociedad madura son tomados como un mínimo común necesario para la convivencia. Lo terrible del proceso a Garzón es que, pese al ropaje de formalidades jurídicas incumplidas, lo que se torpedea en su figura es, precisamente, la búsqueda de la verdad de unas víctimas que siguen esperando, una tarea inacabada en este país, en la que todos, tantos años después, habríamos de estar de acuerdo. No es de recibo dar pábulo legal a quienes representan la ideología de los agresores de antaño. Ni ejercen un liderazgo maduro quienes utilizan de manera partidista las hendiduras del dolor, en vez de alinearse en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, simbolizadas en quien intenta defenderlas. ¿Tendremos, la mayoría social, la madurez suficiente para buscar la reconciliación por encima del olvido y la baja altura humana de algunos jueces y líderes?
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