El gobernante que repudia a sus gobernados

RICARDO BODAS MARTÍN

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Don José Luis Requero –gobernante del poder judicial y plumífero prolífico, cuyos artículos y declaraciones, vertidos por doquier, tienen exclusivamente como denominador común la crítica frontal a cualquier iniciativa del Gobierno– sentencia y condena sin juicio previo y sin posibilidad de defensa a los jueces y magistrados de carrera que accedieron legítimamente a sus cargos a través del tercer y cuarto turno, a quienes recientemente ha imputado haber accedido a la carrera judicial “más que por afinidad ideológica” por “enchufe, nepotismo o simplemente una vía para que profesionales que habían llegado al tope en su profesión de origen pudieran progresar”. Según mantiene el señor Requero, dichos sistemas de acceso no son la “solución para la justicia”, no siendo accidental que “la jurisdicción social se haya poblado de ese biotipo de juez progre: antiguo abogado sindicalista, seleccionado por el sistema de Turnos y afiliado a Jueces para la Democracia”.

En ese afán de escribir y opinar de todo aquí y allá, el juez Requero también ha criticado la deslegitimación generalizada de los procesos judiciales del franquismo de la Ley de Memoria Histórica, porque “una anulación global, indistinta, ni matizada de aquellas condenas sería injusta” y podría, incluso, acabar “satisfaciendo a verdaderos criminales”, utilizando, como ejemplo, la condena a reclusión perpetua y expulsión sin garantías de la Armada de su propio abuelo, quien, al parecer, no habría manifestado la adhesión suficiente a los principios del movimiento, mediante la reproducción del considerando siguiente: “Hechos que aunque el Consejo no considera plenamente comprobados revelan el concepto y opinión que de este encartado tienen las distintas personas de probada lealtad al Movimiento Nacional que han depuesto en las actuaciones”.

Pues bien, el vocal Requero aplica exactamente la misma medicina a los jueces, seleccionados por el sistema de turnos, atacándoles genéricamente en la esencia de su legitimación profesional, ya que les niega conocimientos jurídicos, cuestiona su imparcialidad y su independencia, acusándoles de desempeñar exclusivamente su trabajo por “sensibilidad social e ideológica”, y lleva su descalificación a los últimos extremos, mediante la deslegitimación global de la jurisdicción social, cuyo biotipo –equivalente al “modelo de la especie”– describe despectivamente, olvidando que algunos descalificados son hoy magistrados del Tribunal Supremo y ocupan, incluso, plazas de vocales en el Consejo General del Poder Judicial, sin que las críticas vertidas contra ellos se soporten en prueba alguna, apoyándose únicamente en la adhesión olímpica e incondicional de su autor al sistema de oposiciones, al que se supervalora como si de un sacramento se tratara o, mejor aún, de una comunidad de destino en lo universal.

Ser abogado y sindicalista, al igual que ser militar republicano represaliado por haber defendido la legalidad constitucional, no constituye ningún tipo de deshonor o menoscabo para desempeñar un cargo público, como parece sugerir el señor Requero, y debe destacarse que el acceso a la carrera judicial por el sistema de turnos ha contribuido a incorporar a la carrera judicial nuevos valores y sensibilidades, así como un mayor pluralismo que ha enriquecido desde diferentes puntos de vista el acercamiento judicial a la cambiante realidad social, en un ejercicio profesional que se caracteriza precisamente por la riqueza conceptual y la diversidad de enfoques.

Conviene recordar al vocal que los jueces recusados no fueron seleccionados por ser abogados sindicalistas, sino por la superación de un concurso-oposición, en cuya primera fase debieron acreditar, mediante un sistema reglado legalmente y valorado por un tribunal imparcial, que ostentaban la condición de juristas de reconocido prestigio, lo que acredita más que sobradamente su conocimiento del ordenamiento jurídico, debiendo demostrar en la fase de oposición dichos conocimientos ante el mismo tribunal, que valora a los opositores, donde tuvieron que probar, además del conocimiento del derecho, su equilibrio personal y profesional, así como su capacidad de razonar y decidir con el máximo rigor, siendo buena prueba de la dificultad del examen que el propio Requero haya admitido que el 75% de las plazas, ofertadas en los turnos, quedan desiertas.

Estamos, por tanto, ante un ataque en toda regla contra la jurisdicción social en general y contra una parte significativa de sus componentes en particular, a quienes se utiliza como ejemplo del pretendido fracaso del sistema, cuya legitimidad en el acceso a la carrera judicial es exactamente la misma que la del sistema tradicional, al estar predeterminada legalmente, aunque lo extraordinario del mismo es que se efectúe nada menos que por un componente del órgano de gobierno del poder judicial, quien, en su afán de confrontarse con la propuesta del ministro de Justicia, no ha dudado en atacar la esencia de la legitimación de unos jueces y magistrados, cuyo prestigio, ganado con el desempeño de su profesión y negado unilateralmente por el vocal Requero, se viene reiterando en todas las encuestas realizadas entre abogados en ejercicio.

En definitiva, extraña manera de gobernar el poder judicial, en la que se hace prevalecer la ideología sobre la política de Estado y se repudia expresamente y sin contemplaciones a legítimos componentes de la carrera judicial, a los que debería haberse defendido y amparado precisamente contra ataques desmedidos como éste, que permite constatar por qué solo un 2,70% de los jueces conceden su confianza al CGPJ en cuanto garante de la independencia de la carrera judicial, así como la urgencia de proceder a su inmediata renovación, aunque sólo sea para impedir que este vocal, en su próximo impulso depurativo, vuelva a ejercer como oficiante en otro Auto de Fe.

Ricardo Bodas Martín es magistrado-juez de lo Social.

Ilustración de Enric Jardí