Estatut y autonomía

JOSEP HUGUET I BOSCA

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha mostrado el gran engaño de la Transición en Catalunya. Zapatero expresó con claridad la meta: “Se ha conseguido el máximo grado de descentralización posible en la España constitucional”. En la descentralización, un poder central decide las políticas a seguir y distribuye los recursos públicos para que sus delegaciones las ejecuten. En la autonomía con recursos no dependientes del Estado se decide exclusivamente y se ejecutan aquellas políticas que por ley le son propias.

El TC ha desmontado las paredes maestras del autogobierno catalán. Primera: la apelación a los derechos históricos y a la nacionalidad como fuente diferencial de autogobierno. Más allá de 1714, Catalunya tuvo existencia legal junto con Euskadi y Galicia en la España democrática del 31 al 36 y es la única comunidad que, reconociendo legalmente la legitimidad de la Generalitat en el exilio en la persona de Tarradellas, validó esta diferenciación histórica. Segunda: el TC elimina el principio básico del autogobierno que se aplica en cualquier Estado compuesto: la existencia definida de competencias exclusivas. Y tercera: niega el derecho elemental a la autoidentificación cuando, de forma obsesiva, elimina la posición preferencial, que no excluyente, del catalán en nuestra legalidad.

¿Cuáles son los antecedentes de la sentencia? Esta se basa en la Constitución y en su bajo techo democrático. En 1978, las fuerzas mayoritarias del catalanismo, en un ataque de responsabilidad

–Catalunya tenía que hacer sacrificios en aras de la democracia–, negociaron mal y engañaron al electorado catalán, reclamando un sí masivo a la Constitución con el argumento de que allí cabían las demandas de autogobierno. La esperanza se perdió después del 23-F, al que sucedieron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y reiteradas sentencias del TC que iban interpretando autonomía como descentralización. Este papel del TC fue otorgado por la Constitución y la ley subsiguiente votada por los catalanistas que ahora se quejan: socialistas, convergentes y ecosocialistas.

Mientras tanto, el pujolismo era una opción perfecta para la “conllevancia”, bien visto desde PSOE y el PP. Alimentaba la llama identitaria de vez en cuando –quiénes se han creído que somos nosotros– mientras practicaba la política de lobby liberal en Madrid, apoyando a gobiernos a cambio de influencia o favores. El modelo autonómico avanzaba cada vez más en descentralización y cada vez con menos margen de maniobra presupuestaria, más déficit fiscal e invasión competencial permanente. Y un Estado central cada vez más irresponsable, que traspasaba la gestión de los servicios reteniendo el poder de decidir en políticas y en capacidad presupuestaria real, endosaba gastos a las autonomías, ponía en marcha programas que invadían competencias y, en cambio, no tomaba decisiones que eran de su responsabilidad.

El Estatut de 2005 quería pasar página. No fue posible. Decía Mas en el Parlamento: “Si hubiéramos mantenido el anterior proyecto de estatuto, la carnicería habría sido más brutal”. Qué cinismo. Como la pareja de Sweeney Todd, los barberos Mas y Zapatero, de Moncloa Street, ya mutilaron brutalmente partes sustanciosas del Estatut de septiembre de 2005: derechos históricos en el prólogo, concierto económico, autocapacitad de organización territorial, etc. De hecho, si la sentencia del TC ha consistido en cuatro declaraciones de inconstitucionalidad y un puñado de interpretaciones es porque el texto pactado por Mas era poco más que revestimiento con cartón piedra del texto del 79. El TC ha puesto en evidencia dos problemas a la vez: las limitaciones democráticas de la Constitución y del propio TC, y el vacío y la ambigüedad del Estatut de la Moncloa.

¿Qué hubiera pasado aguantando el texto surgido del Parlamento? Que la mayoría PP-PSOE hubiera votado en contra del Estatut y no se hubiera llevado a referéndum, quedando claro de entrada lo que ahora ha tardado cinco años en demostrarse, con gran erosión.

Sin embargo, una tercera parte del censo catalán votó a favor del Estatut recortado y es por ello que ERC ha defendido la voluntad democrática, apostando por su desarrollo. Ese es el sentido del segundo Gobierno de izquierdas, así como el objetivo de blindar con acuerdos nacionales tres aspectos básicos para un futuro de libertad y justicia social: pacto por la educación, por la inmigración y por la innovación, destinados a tener ciudadanos formados y nacionalmente cohesionados, garantizar la cohesión social y hacer que la economía catalana pase a ser global y no dependiente de la española. Esquerra ha seguido así una trayectoria coherente. Se abstuvo en la Constitución del 78 por poco democrática, dio apoyo al primer Gobierno de Pujol para consolidar la escasa autonomía y finalmente ha promovido un Gobierno con los federalistas para poder realizar una reforma federalizante del Estado. Las dos vías, autonómica y federal, han quedado abortadas explícitamente tras la sentencia del TC. Es por ello que la historia nos reconocerá el ejercicio de transparencia que hemos provocado. Ahora toca que los ciudadanos de Catalunya, de forma serena pero incansable, inicien con los votos, los argumentos y la organización de la sociedad civil el camino hacia el Estado catalán, el único que nos puede garantizar una plena democracia.

Josep Huguet i Biosca es Conseller de Innovación, Universidad y Empresa, y dirigente de ERC

Ilustración de Mikel Casal