Las políticas migratorias europeas financian la violencia en Libia

Durante el pasado verano decenas de personas pertenecientes a la autodenominada guardia costera de Libia han estado recibiendo entrenamiento en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena. Esta contribución del Gobierno de Pedro Sánchez a la Europa fortaleza es uno más de los esfuerzos de la UE por legitimar y empoderar a una serie de milicias que le hacen el trabajo sucio en este país norteafricano. La propaganda europea se empeña en decirnos lo contrario, pero hoy no podemos hablar de Libia como un estado funcional y homologable al resto. Tras la intervención de la OTAN en 2011, el país está sumido en un conflicto armado, las estructuras estatales brillan por su ausencia, y su territorio está controlado por un grupo de diferentes milicias ligadas a ese conflicto.

En Libia hay cuatro estructuras diferentes que se reivindican como Estado: el grupo terrorista Daesh, el llamado Gobierno de Salvación Nacional, el Gobierno de la Cámara de Representantes y el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN). Los dos últimos son los que controlan la mayor parte del terreno y tienen sus propios tribunales, empresas petroleras y banco central.

Es el GAN, encabezado por Fayez al-Sarraj, el que la UE reconoce como legítimo y con el que mantiene relaciones. Sin embargo, en el territorio controlado por este Gobierno operarían más de cinco milicias diferentes que se autoproclaman guardacostas.

A sueldo del Ministerio de Interior del GAN, estos grupos armados se encargan de tareas de vigilancia marítima y detención de migrantes que intentan huir del país por mar. Además, están relacionados con otros grupos armados que se encargan de gestionar centros de detención de personas migrantes. Su vinculación con el GAN no es garantía de nada, ya que no hay una cadena de mando clara y funcionan de forma autónoma.

La UE brinda pese a todo su apoyo al Gobierno de Al-Sarraj, pero la realidad es tozuda. Desde finales del pasado mes de agosto se suceden una serie de circunstancias que demuestran que el verdadero control sobre el terreno está en manos de diferentes grupos armados.

Una de estas milicias, la Séptima Brigada, ha decidido iniciar una revuelta contra otras milicias con presencia en la capital, Trípoli. Hasta ahora, todos estaban bajo el paraguas del GAN, pero este pacto parece haberse roto y en la capital se registran niveles de violencia similares a los peores momentos de la guerra. Organizaciones internacionales como Médicos sin Fronteras (MSF) ­­han denunciado la falta de acceso de la población a recursos básicos y el peligro al que se enfrentan zonas enteras de la capital que se encuentran en el fuego cruzado.

La UE ignoró la situación de violencia que se vive en Libia y decidió convertirlo en un inmenso centro de detención de personas migrantes poniendo financiación para ello. Y es aquí donde Europa muestra el eje central de sus políticas racistas: hacer todo lo posible para que las personas migrantes no pisen el continente.

De acuerdo a las cifras de la OIM, más de 10.000 personas han sido deportadas desde Libia a sus países de origen, de los que salieron huyendo de la violencia, el hambre o la explotación y hay unas 8.000 personas migrantes detenidas en el país, en centros cerrados que gestionan precisamente estas milicias. Las condiciones en esos centros son terribles y las denuncias de violencia y torturas se suceden, además de la escasez de alimentos y agua, según denuncia MSF, la única ONG con acceso a los centros. Por si fuera poco, las milicias no sólo se lucran gestionando estas cárceles, sino que también lo hacen con la explotación sexual o la venta como esclavos de las y los migrantes.

Desde que el pasado 27 de agosto la Séptima Brigada decidiera enfrentarse a las otras milicias que se agrupan bajo el GAN, la situación de las personas migrantes no ha dejado de deteriorarse y según varias informaciones al menos seis personas han muerto por inanición. La escasa información que llega de Trípoli habla además del secuestro de amplios grupos de personas migrantes que las milicias ponen a trabajar para ellas en condiciones de esclavitud. Hablamos de gente que estaba esperando poder llegar a Europa y que han sido retenidas e incluso devueltas desde el mar a Libia por la autodenominada Guarda Costera, financiada con los impuestos de las europeas y europeos.

Ha sido la propia Unión Europea la que ha generado esta situación con unas políticas migratorias racistas y que tienen efectos devastadores en los países de origen y tránsito de las personas migrantes. Bruselas ha gastado más de 286 millones de euros en política migratoria en Libia desde que comenzaran sus acuerdos en materia migratoria hace cuatro años, además de unos 140 millones de euros en asistencia bilateral directa al Gobierno de al-Farraj. Las brigadas que se dedican a atrapar, detener, explotar y vender a las personas migrantes en Libia, y que hoy batallan entre sí, han estado todo este tiempo a sueldo de ese Gobierno.

Por tanto, es de una enorme hipocresía que en sus comunicados, la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, condene la violencia en nombre de la UE y llame a la pacificación del país. Es obvio que es la propia UE la que ha desestabilizado este país al más puro estilo colonial.

A través de la imposición de su proyecto racista y la externalización de sus fronteras, Europa ha sido el agente pagador del conflicto armado que hoy pone en grave peligro la vida de las personas migrantes y a los propios libios y libias.