Acuerdos de Paz en Colombia: ni cumplimiento, ni paz

Tuve ocasión de visitar Colombia hace dos años formando parte de la XIII Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos[1]. Hacía apenas cuatro meses que se habían firmado los Acuerdos de Paz (noviembre de 2016) entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ya entonces pudimos comprobar la lentitud y dificultad con la que arrancaba el cumplimiento de dichos acuerdos, los primeros indicios de corrupción en el manejo de fondos relacionados con los mismos, la ocupación por parte de paramilitares de zonas previamente controladas por las FARC, las dificultades del campesinado para hacer efectivo su derecho a la recuperación de tierras de las que habían sido despojados, la persistencia de los desplazamientos forzados de personas, el riesgo que corrían y las amenazas que pesaban sobre líderes y lideresas sociales –especialmente en lo tocante a la restitución de tierras-, las dificultades para ejercer el sindicalismo,… Pero, con todo, había una gran esperanza de que los acuerdos recién firmados, pese a la enorme y poderosa oposición de importantes sectores de la oligarquía colombiana comandada por el ex-narcopresidente  Álvaro Uribe Vélez, podrían, por fin, traer la paz a Colombia tras más de 50 años de conflicto armado, decenas de miles de muertos y, todavía a día de hoy, siete millones de personas desplazadas (en una población que no llega a los 50 millones). Tal vez el mejor ejemplo de esa esperanza eran los denominados “niños de la paz”, los hijos e hijas  recién nacidos de ex-guerrilleros.

El entonces presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque (una marioneta de Uribe) han tenido éxito en hacer creer al mundo que en Colombia se está en una etapa que llaman de “post-conflicto” y que la situación es prácticamente de paz, gracias a los acuerdos, obviando que siguen operativas tres guerrillas en el país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, el Ejército Popular de Liberación –EPL- más las disidencias de las FARC) y que los acuerdos no se están cumpliendo. La realidad es que, pese al vergonzoso silencio de los medios de comunicación, el número de líderes y lideresas asesinados en Colombia ha aumentado, especialmente desde la elección de Duque como presidente el pasado mes de agosto. Según la Defensoría del Pueblo, con quien nos reunimos el 1 de marzo, entre 2016 y 2018 habían sido asesinados 461 líderes y lideresas sociales; 29 en los dos primeros meses de 2019. Además, también habían sido asesinados más de 90 ex-combatientes de las FARC.

Dos años después, volví a Colombia formando parte de la XV Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos. El objetivo de esta Delegación era comprobar la situación derivada del conflicto en torno a la posesión y titularidad de tierras, así como de comprobar si se estaban cumpliendo los acuerdos, en particular el relativo al  “capítulo étnico” y a la sustitución de los denominados cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola). Así, durante una semana realizamos un intenso trabajo de campo visitando comunidades, fundamentalmente indígenas, negras (afrocolombianas) y campesinas, en dos departamentos del suroeste de Colombia (Nariño y Cauca), y dos del norte (sur de Córdoba y Sucre).

En tierras del pueblo “Awá”

Lo primero que me llamó la atención en el momento de aterrizar en Tumaco –una ciudad con un alto porcentaje de población negra-, departamento de Nariño, fue el enorme barrio de chabolas que se extendía a ambos lados del aeropuerto, así como la presencia de dos helicópteros de combate “black hawk” en la pista compartida de uso civil y militar; anticipo de dos de los elementos presentes en toda la región: la pobreza a la que está sometida una gran parte de la población y la alta militarización del territorio. Tuvimos ocasión de comprobar ambas cosas, incluida la presencia de militares frente a centros escolares, en flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Tras varias horas de carretera nos fuimos adentrando en la selva, cerca de la frontera con Ecuador, hacia tierras donde habitan varias comunidades del pueblo indígena Awá, (uno de los más de 80 pueblos indígenas de Colombia) con algunos de cuyos líderes (gobernadores y guardia indígena) mantuvimos dos reuniones, una en un centro social inacabado, cuyos soportales son utilizados como escuela, en el resguardo Tortugaña-Telembí y otra en El Diviso (Barbacoas).

El pueblo Awá, como tantos otros, ha sido víctima de desplazamientos forzados desde hace años. En nuestro encuentro van desgranando un rosario de penalidades que están grabadas a fuego en su memoria. Los datos, si bien fríos, son terriblemente contundentes: 109 nueve líderes indígenas han sido asesinados desde los acuerdos (a fecha 20 de febrero), 53 desde las elecciones presidenciales de agosto de 2018; solo del pueblo Awá han sido asesinados más de 400 líderes desde 1990. Muy presentes en su memoria están las 9 masacres de las que han sido objeto. Rescato dos por su relevancia. Una porque fue perpetrada por las FARC en 2009 en la que fueron asesinados 11 indígenas (incluidas dos mujeres embarazadas), crimen por el que las FARC han pedido perdón; la otra por su cercanía en el tiempo y por la relevancia de la misma: en un resguardo llamado el Palmar, Ricaurte, fueron asesinados delante de la comunidad la persona que acababa de ser elegida gobernador del resguardo y su padre. El hijo y nieto, muy joven, apenas puede contener las lágrimas cuando nos narra los hechos asumiendo que ahora le toca a él, que ejerce de guarda indígena, continuar el trabajo de sus mayores a riesgo de su vida. Para el ejército se trató de una mera pelea familiar, una de las típicas excusas para no investigar y por lo que la mayoría de estos asesinatos quedan impunes.

Esta zona, antes bajo el control de las FARC, es una zona donde se cultiva coca y constituye un importante corredor para el narcotráfico, por su proximidad con la frontera con Ecuador, la existencia de ríos navegables y con puertos próximos en el Pacífico. Los Awá mostraron su disposición a proceder a la sustitución de cultivos, pero no han podido hacerlo por falta de ayudas y de garantías. Temen que el gobierno decida fumigar con glifosato, que no distingue entre coca y otros cultivos como la yuca o el plátano.

Ya no están las FARC, pero han ido llegando otros actores armados: el ELN, distintas disidencias de las FARC[2]  y diferentes grupos paramilitares. Ello, unido a la presencia del ejército y la policía, con quienes a veces actúan en connivencia, hace que hayan aumentado las amenazas y la inseguridad hasta el punto de que en algunos resguardos no se puede salir sólo o adentrarse en determinados lugares. Hay resguardos a los que se les ha impuesto el toque de queda a partir de las 6 de la tarde, se controla el movimiento de sus habitantes, incluso restringen o prohíben el uso del teléfono móvil, hay zonas que han sido nuevamente minadas,... También quieren que hagan de informantes, poniéndoles en peligro frente a uno u otro actor armado. Lo sorprendente es que, según nos cuentan, el 80 % del territorio está militarizado, pese a lo cual, no cesan las amenazas ni los asesinatos.

A todo ello hay que sumar los atentados al medio ambiente derivados de la minería y de los continuos ataques del ELN al oleoducto transandino que causa graves problemas de contaminación en los ríos.

No obstante, pese al miedo y pese al incumplimiento por parte del gobierno de más de 300 acuerdos que los Awá han ido arrancando a lo largo de los años, su lucha en defensa del territorio continuará porque, como nos decía uno de sus líderes, “un awá sin territorio no es nadie”.

Con las comunidades negras de Tumaco

Al igual que la dirigencia social en las zonas rurales es objeto de atentados, otro tanto ocurre en la ciudad de Tumaco donde hablamos con líderes y lideresas negras amenazadas (se ha puesto precio a su vida por poco más de 1.000 €) .Muchos ya no denuncian o lo hacen en otras ciudades por miedo, especialmente desde que una fiscala de la audiencia nacional (de la que facilitaron nombre  y apellidos) declarara que “los líderes no deberían existir, son lo peor de la sociedad”. Esta desprotección judicial es una de las mayores quejas, al punto de que a “ningún reclamante de tierras en Tumaco se las han restituido. Además, muchas personas no reclaman por miedo”. A ello hay que sumar la desconfianza en la policía y fuerzas armadas a los que acusan de connivencia con muchos grupos armados. Este clima de violencia es el que ha llevado a considerar las condiciones de vida de la población como de crisis humanitaria.

Tumaco, una ciudad en la que hace 20 años apenas existía la coca, es considerada hoy en Colombia como ciudad de mafiosos, droga y narcotráfico. “La droga mueve el 70% de la economía de la zona”, lo que hace que en Tumaco operen al menos 10 grupos armados que luchan por su control. Tampoco funciona la sustitución de cultivos por falta de apoyos reales que permitan subsistir durante el período de transición. Se probó a cultivar cacao, pero los costes de producción superaban los de ventas; también se probó con pimientos, pero pudrían en una tierra que no era adecuada para ello. Las propuestas que elevan a la administración sobre erradicación y sustitución son rechazadas por lo que, a mucha gente, no le queda otra que volver a los cultivos ilícitos para poder subsistir, sea de manera voluntaria, u obligada por los paramilitares.

Las escasas ayudas, se quejan, tampoco son pactadas con la comunidad. A menudo se reducen a cursos de capacitación (“estamos hartos de cursos, estamos más que capacitados”), de peluquería si son para mujeres, que sólo sirven para aumentar las cuentas de beneficios de las empresas encargadas de impartirlos.

Ejemplo del abandono y la pobreza es el hecho de que solamente hay luz eléctrica en el 15 % de las 365 aldeas que pertenecen el municipio, o que un mes después del inicio oficial del curso escolar no se hayan iniciado aun las clases en 16 escuelas. Esto les preocupa especialmente ya que otro de los grandes problemas es el reclutamiento de niños y niñas por parte de los diferentes actores armados, máxime teniendo en cuenta la práctica inexistencia de empleo formal y legal. En el caso de las niñas, la prostitución puede ser vista como la única salida a la pobreza, o son directamente forzadas a ella.

En este clima de temor en el que “el delito más grande es decir la verdad y oponerse a la privatización de lo público” hay cierta añoranza de los tiempos en que las FARC eran el poder real en la zona. Al menos “sabíamos quién era el enemigo, ahora no”. Un líder lo resumía de la siguiente manera: “Con las FARC dormíamos con un ojo abierto, desde que llegaron los militares tenemos que dormir con los dos ojos abiertos”.

Con el pueblo indígena Nasa y las comunidades negras del Norte del Cauca

De Nariño nos dirigimos al Cauca, también en el suroeste, donde nos reunimos en Santander de Quilichao con líderes del pueblo indígena Nasa que nos describieron una situación no muy diferente de la existente en Nariño. El vacío dejado por las FARC está siendo cubierto progresivamente por el EPL, el ELN, grupos paramilitares, disidencias de las FARC, narcotraficantes y una presencia creciente del ejército. Los siete actores armados activos en el Norte del Cauca, con enfrentamientos entre ellos en su lucha por el control territorial, han hecho que la situación a partir de 2018 recuerde lo ocurrido años atrás. Se han producido desplazamientos de población, se reclutan jóvenes, se producen restricciones a la movilidad, se ha puesto precio a la cabeza de líderes y lideresas (todos los líderes Nasa han sido amenazados). Denuncian 46 homicidios en territorio indígena, de los cuales 26 son comuneros.

Problemas similares denuncian las comunidades negras agrupadas en la muy potente organización ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca). La situación estratégica de la zona (en las vías panamericana y bolivariana), su riqueza hídrica, la fertilidad del suelo y la abundancia de minerales, hacen que éste sea un territorio en disputa entre las comunidades (indígenas, negras y campesinas) y los intereses de las multinacionales extractivas, los terratenientes locales y el narcotráfico.

La situación ha empeorado gravemente desde 2016 (año de la firma de los acuerdos) con la llegada de varios grupos paramilitares a la zona con lo que comenzaron las amenazas a la dirigencia comunitaria poniendo precio a sus cabezas. A partir de 2017 llega el ELN al territorio donde también hay presencia de las disidencias de las FARC (“al menos 7 grupos de no más de 30 personas cada uno”). Con ello, junto con las amenazas, llegaron las restricciones a la movilidad, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad. No se atreven a denunciar las amenazas  porque no se fían de la fiscalía (“toman copas con los agresores”). Preocupa mucho el reclutamiento de jóvenes porque “en el conflicto hemos perdido dos generaciones, tenemos miedo perder una tercera”.

Denuncian que varias empresas atacan directamente los derechos territoriales, como la empresa de huevos Kikes que atenta contra las autoridades por denunciar la grave contaminación que produce. También Cervalle, acusada de malcriar cerdos causando graves problemas de contaminación en las proximidades, y que ha establecido en su interior un batallón militar supuestamente para proteger, además de tener seguridad privada que hace patrullajes ilegales. La presencia de tanto varón también supone un peligro para las mujeres y niñas de la zona.

Por último, además de denunciar más de 350 acuerdos incumplidos por el gobierno, denuncian el intento de enfrentar a indígenas con afro-colombianos en la disputa por la tierra por lo que se ha creado un consejo interétnico al objeto de solucionar los problemas que se están generando.

Finca “La Emperatriz”: lucha por la tierra y represión

Antes de irnos de la zona, tuvimos conocimiento de un nuevo intento de desalojo de la finca La Emperatriz por parte del temido ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La finca de La Emperatriz es un ejemplo de lucha del pueblo Nasa por la posesión, uso y disfrute de una tierra que es suya por derecho. No obstante, la finca la pretende una terrateniente vecino que cuenta con policía antidisturbios en su terreno. Dos días antes de nuestra llegada, la ESMAD entro en la finca a sangre y fuego dejando dos personas heridas de bala. Pudimos comprobar el resultado: campos de cultivo arrasados, modestas construcciones de madera derribadas y abundantes botes de humo disparados por la policía (“cargados con metralla”, nos dicen). Pese al ataque y al miedo, la finca sigue en manos campesinas y, durante nuestra visita, ya habían comenzado las labores de reconstrucción.

 Por tierras del Norte (Córdoba y Sucre)

Pasamos de las grandes tormentas e inundaciones (con graves consecuencias para la economía e infraestructuras) de Popayán y Quilichao (Cauca), en el Pacífico, con suspensión de vuelo incluido, a la sequía del departamento de Córdoba, en la Costa Atlántica. Nos dirigimos a Puerto Libertador, Montería, en un largo viaje de cuatro horas y, por primera vez en los 15 años que se llevan realizando estas visitas de verificación, escoltados por la policía, a sugerencia de las propias comunidades que íbamos a visitar.  Nos reunimos con el sindicato agrario y sus muy jóvenes dirigentes, autoridades indígenas zenú, y las Juntas de Acción Comunal, y con presencia del ejército que se mantenía a una prudente distancia.

La zona, que nuestros interlocutores definen como “zona de resistencia campesina” vive bajo el fuego e intereses cruzados de muchos actores. Una vez que se fueron las FARC, ocurrió los mismo que vimos en otras partes: llegó el ELN, los paramilitares (“aquí domina el Clan del Golfo”), disidencias de las FARC (el autodenominado Nuevo Frente  18), la policía y el ejército (acusado de asesinar a un campesino el día de Nochebuena). Como consecuencia de los enfrentamientos entre unos y otros se han producido desplazamientos de población (que se dirigen a las núcleos de población más grandes) así como bloqueo económico, alimentario (“controlan la cantidad de comida que puede subir cada familia”) y comunicativo: se restringe y controla el uso del móvil y les han cerrado una página web; las disidencias establecen censos de población, se ha reminado el territorio, se promueven los reclutamientos forzados de jóvenes para el narcotráfico o la prostitución,… Un mes después del comienzo oficial del curso, aun no han empezado las clases en ninguna de las 13 veredas (aldeas) de la zona. Se encargará de la educación una empresa-ONG denominada “Jehová Edifica”, en una clara muestra de privatización e ideologización religiosa de un servicio público fundamental.

Pese al miedo, que hace que mucha gente no quiera ser líder o lideresa  de acción comunal, utilizan la denuncia pública como mecanismo de defensa. El miedo no es gratuito, además de las numerosas amenazas han sido asesinados en el departamento 28 líderes desde 2016, 20 de ellos en esta zona del sur de Córdoba. De esos 20, 6 en este pequeño corregimiento de Puerto Libertador, lo que supone el mayor porcentaje de crímenes de líderes sociales y defensores de todo el país.

Aseguran que apostaron por el proceso de paz y la erradicación de cultivos ilícitos, llegando a arrancar el 95% de la coca en el territorio, pero ante la negativa del gobierno a convertir la zona en “reserva campesina” y ante la presión de tantos actores armados que obligan a muchos campesinos a plantar coca se muestran resignados: “tendremos que plantar coca porque no tenemos otro modo de subsistencia. Es la base de la economía del sur de Córdoba”.

Como grave incumplimiento señalan que nunca todavía hayan preguntado a los pobladores de la zona para la elaboración en curso del trabajo de la Comisión de la Verdad, por lo que el relato de la guerra no tendrá los aportes de esta zona que ha sufrido intensa actividad guerrera, que todavía padece, al ser un nudo y corredor estratégico entre varias regiones.

Con preocupación señalan que la Red de Cooperantes de Uribe, establecida para que hubiera cientos de miles de informantes, ahora se reproduce de nuevo en un programa llamado Mil Cooperantes ofreciendo dinero a activistas de las Juntas de Acción Comunal y poniendo en peligro su integridad al involucrarlos en la guerra.

Con decisión y énfasis aseguran que estos territorios continuarán resistiendo y preparan movilizaciones frente a las traiciones e incumplimientos del gobierno de Iván Duque.

Finca “La Alemania”: ejemplo de lucha campesina

De Montería viajamos al vecino departamento de Sucre. Nos dirigimos a la finca “La Alemania” que  tiene una larga historia de disputa territorial, de asesinatos (diez en doce años), desplazamientos forzados por los grupos paramilitares, de resistencia y lucha por la tierra. Pese a la inseguridad y al miedo (hablamos en voz baja para que no nos oyeran las fuerzas policiales visiblemente presentes en las cercanías) se mantienen en la finca tras doce años de lucha. Se trata, nos decía un campesino de “insistir, resistir, persistir”, y ello pese a no tener agua, ni luz, ni escuela, ni centro de salud,  “ni siquiera tecnología para trabajar la tierra”.

Denuncian  que los paramilitares, que nunca se han ido de la zona, se sienten más fuertes con el nuevo gobierno, que quieren establecer su base en la finca por lo que, poco a poco, tratan de ir echando a la gente de sus casa para ir ocupándolas ellos, a la par que amenazan a toda la dirigencia social. Antes de irnos, volvemos a escuchar esa petición (que empieza a adquirir tintes desgarradores: “no  nos abandonéis”) de acompañamiento y ayuda internacional, de presencia de observadores de manera permanente porque eso les da mayores garantías de supervivencia.

Además de los problemas específicos de la finca, denuncian lo que ocurre en San Onofre (municipio al que pertenece “La Alemania”), donde se da la conjunción perfecta de intereses comunes de la administración pública, los paramilitares (los auténticos amos), el ejército y la policía. La connivencia llega a tal punto que ya no se atreven a denunciar puesto que son los paramilitares los primeros en conocer las denuncias e interesarse por ellas. Conviene recordar la crueldad e intensidad de la represión paramilitar en San Onofre, donde ya se han realizado 84 exhumaciones de fosas y donde el terror tuvo un centro neurálgico por muchos años, historia que se vuelve a repetir en el presente, como en Guaranda y Puerto Pajón donde los campesinos deben pedir permiso a los ilegales para pasar o salir. Denuncian igualmente el uso que se hace de menores para el narcotráfico –a riesgo de perder la vida si se oponen-, así como una “terrible violencia sexual” que deja, además, a muchas niñas embarazadas.

A modo de conclusión

Dos años y medio después de la firma de los acuerdos de paz la situación de los derechos humanos ha empeorado en Colombia. El incremento de asesinatos de miembros de la dirigencia social así lo atestigua.

Los territorios abandonados por las FARC han sido ocupados por paramilitares, disidencias y, en parte, por el ELN. La relativa calma que se produjo con la firma de los acuerdos ha desaparecido. Se está volviendo a los momentos más duros de la pasada década: desplazamientos de población, usurpación de tierras, reclutamiento de menores, acoso sexual a niñas, exilios forzados y asesinatos.

El que haya territorios en los que el estado no garantiza la vida de sus habitantes podría considerarse como el resultado de un estado parcialmente fallido o, lo que es peor y posiblemente más cierto: se mantiene la connivencia de sectores del estado con los intereses del gran capital (extractivo, agro-industrial, energético, ganadero) a costa de los pobladores de esos territorios. Los paramilitares serían los encargados de realizar el trabajo sucio que “despeje” dichos territorios.

El desinterés del nuevo gobierno en cumplir los acuerdos dificulta enormemente el avance en el proceso de paz pretendido con la firma de los mismos. De hecho, está dando pasos muy preocupantes al tratar de modificar o hacer inefectivos algunos de los elementos más importantes de los acuerdos, como la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tampoco parece tener interés en reanudar las conversaciones con el ELN, por lo que el conflicto armado entre guerrilla y Estado se mantiene vivo, pese a la desmovilización de las FARC.

Las ayudas internacionales están sirviendo para que muchos intermediarios llenen sus bolsillos, pero no sirven a los intereses de la comunidad; uno, porque una buena parte de los mismos se pierde por el camino; otro, porque su utilización no ha sido negociada con las comunidades  receptoras de los mismos.

La esperanza que había en los acuerdos está desapareciendo, como ha desaparecido la confianza en prácticamente todas las instituciones del Estado, en particular la Fiscalía.

Es una opinión compartida por los miembros de esta XV Comisión que sólo la movilización interna (como la que, en el momento de escribir estas líneas,  se está dando desde hace días con los bloqueos de la Vía Panamericana), junto con la presión internacional (que las comunidades que visitamos reclaman con insistencia) pueden salvar el proceso de paz, hoy seriamente comprometido.

NOTAS

[1] Ver https://www.atlanticaxxii.com/colombia-la-guerrilla-las-farc-i/ y https://www.atlanticaxxii.com/colombia-vida-muerte-la-lucha-la-tierra-ii/ 

[2] El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) heredero de la guerrilla FARC, con quien nos reunimos en Bogotá al final de nuestro recorrido, no reconoce la existencia de disidencias, que supondría una visión política diferente a la suya, sino que habla de “desertores”.