Opinión · Dominio público
Europa se burlará de la broma judicial española
Eurodiputada del BNG, Catedrático Universidad de Vigo
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El auto del Tribunal Supremo del 14 junio, por el que se deniega la concesión de un permiso extraordinario de salida a Oriol Junqueras para asistir a la Junta Electoral Central y cumplimentar los trámites para adquirir la condición de diputado al Parlamento Europeo, es bochornoso. Pone de relieve una vez más la incapacidad de la Sala de lo Penal para asumir que actúa en el marco de un constitucionalismo multinivel en el que ya no es tan “suprema” como lo era antes de la Constitución de 1978.
Sus razonamientos no ponderan derechos, solo los transgreden. Su argumentación consiste en un cúmulo de insinuaciones, ninguna de ellas completa como para convertirse en fundamento. No se entiende qué importancia tiene que Oriol Junqueras haya adquirido la condición de miembro del Congreso de los Diputados –en suspenso, gracias a una decisión “teledirigida” de la mesa de éste-. Expresa que se ha intensificado el fumus boni iuris -¿de qué, de rebelión, de sedición, de malversación, de todas ellas?- sin que esa expresión misteriosa merezca ninguna frase aclaratoria. Añade que el proceso es complejo, dividido en una serie de fases, sin explicar qué dificultades plantea esa complejidad en cuanto a su situación procesal.
Pero lo más frustrante es la parte dedicada al periculum in mora: el miedo a la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar desde que se abandona territorio español. Más para acudir a Bruselas, donde se ha instalado la sede del gobierno de la República catalana en el exilio. Habría que recordarle al Supremo que Junqueras no pretende desplazarse a Laos, como algunos ilustres prófugos de la justicia española de la década de los noventa. Pretende desplazarse a un país del que resulta difícil decir que no está dotado de un sistema jurídico garantista dentro de los niveles exigentes planteados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa.
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Es verdad que Oriol Junqueras gozará de inmunidad como diputado al Parlamento Europeo porque así lo hemos querido un número importante de personas en Catalunya, Euskadi y Galiza, así como de otras partes del Reino de España y como así establece el propio Reglamento de la Eurocámara. Parece que el juez Marchena y su Sala dudan de que la Justicia europea sea homologable a la nuestra y de que el suplicatorio ante el Parlamento Europeo se tramite adecuadamente. Más bien la duda se plantea al revés: si la justicia procesal española, tal y como está siendo aplicada por la Sala de lo Penal del TS, sea homologable a la europea o, por extensión, si el Derecho sustantivo Penal puede homologarse al de otros Estados miembros de la UE.
Para no sacrificar ningún interés o derecho de los que convergen –como campanudamente expresa el auto que pretende ponderar- no vemos el inconveniente de que Oriol Junqueras tome posesión de su acta –con respeto del contenido esencial del Derecho fundamental de participación y no con absoluto ninguneo, como hace el TS- y que, a continuación, la Sala de lo Penal del TS emprenda los trámites procesales oportunos. Esto es más proporcionado y ponderado que sacrificar un derecho de participación que, a la vista de ese fumus boni iuris que insinúa el auto, nunca podrá ser efectivo.
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Es evidente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarará que se ha vulnerado el derecho de Oriol Junqueras a un proceso equitativo. Es evidente también que al amparo del Reglamento del Parlamento Europeo, la comisión competente sobre la inmunidad de los Diputados europeos va a tener desde su constitución una bomba de relojeria ya que la vulneración del derecho a recoger el acta se ha sometido a capricho de Marchena. Dicha comisión parlamentaria la Jurídica va a tener este caso en sus manos y el cabeza de lista de la coalición Ahora Repúblicas tendrá que asistir a Bruselas antes más temprano que tarde. Impedir ir a Junqueras a recoger el acta este lunes en Madrid, es un clamor que las condenas de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo a España quizá no sean más en número que a otros Estados, pero sí más sonadas. Junqueras tiene sus derechos políticos intactos y se han vulnerado tan flagrantemente por capricho de un Tribunal que en lugar de hacer justicia, hace política. De la mala, de la que se podría titular de como se ha consumado una discriminación. C’est la honte, como dirían en los corredores del tribunal europeo.
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