Opinión · Dominio público
Chile, 11 de septiembre de 1973: la ruta del golpe cívico-militar
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La traición triunfa. El 11 de septiembre de 1973 y durante 17 años, se instaura una dictadura donde la muerte, la tortura, y la desaparición física de personas se adueña de la vida cotidiana de Chile. Se cumplen 47 años y aún rige la Constitución pinochetista, que junto a la ley antiterrorista se aplica para legitimar el etnocidio del pueblo Mapuche. Las riquezas básicas y los recursos hídricos se encuentran en manos de las trasnacionales. Desigualdad, hambre y pobreza, son el legado que pervive. Un golpe de Estado cívico-militar es su origen. ¿Era inevitable? ¿Allende, un ingenuo? ¿Las fuerzas armadas, golpistas? Las tres pueden responderse negativamente.
Son las 7.15 AM del 11 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende va en dirección a La Moneda, es avisado de una movilización general de tropas. Se despide de su esposa Hortensia Bussi. Abandona la casa presidencial ubicada en la calle Tomás Moro Nº 200, propiedad del Estado, adquirida durante el gobierno de la Unidad Popular. Tomás Moro será bombardeada a las 11.00 AM y posteriormente saqueada. El capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates fueron sus ejecutores. La misión tuvo un fiasco. Uno de los misiles lanzados por el teniente impacta en el Hospital de la Fuerza Aérea. A la sazón, hijo del general golpista, Gustavo Leigh Guzmán, se oculta el gazapo. Más tarde serán condecorados.
Tras mil días de asedio, la burguesía chilena, los partidos políticos de la derecha y el gobierno Nixon-Kissinger, logran su objetivo. Lo llevan intentando desde el 4 septiembre de 1970, día del triunfo electoral. Primero una conspiración para matar al electo Presidente Allende, acción denunciada por el capitán de la fuerza aérea Jorge Silva. Será el origen del GAP, Grupo de Amigos del Presidente, escolta que le acompaña el 11 de septiembre en la Moneda, junto a sus colaboradores más cercanos. Pero el punto de partida del golpe de Estado fue el plan coordinado entre la CIA, con el visto bueno del entonces presidente Eduardo Frei. Se trataba de secuestrar al general en jefe de las Fuerzas Armadas, René Schneider, el 25 de octubre de 1970, para evitar el nombramiento, por el Congreso Pleno, de Salvador Allende como presidente. La operación fracasa. La resistencia del general culmina en su asesinato. A partir de ese momento, las fuerzas armadas son el objetivo. Romper su posición no deliberativa.
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Sin el concurso de las fuerzas armadas, el golpe de Estado era inviable. Toda la actividad se centró en crear un estado de ánimo entre algunos mandos para lograr su quiebre. Así, se favoreció el contacto entre militares detractores del gobierno popular. La derecha organizó encuentros. Celebraron asados y fiestas como pretexto. La red fue tejiéndose. Golpistas de la armada, aviación y ejército se reconocieron las caras. Asimismo, se buscó aislar y deslegitimar a los militares constitucionalistas. Tras las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, donde la Unidad Popular obtuvo el 44% de los votos, se aceleran los acontecimientos. La derecha habla, por primera vez de fraude electoral, su idea de derrocar al presidente mediante el control de los 2/3 del parlamento se desvanece. Entre el 29 de junio de 1973, fecha del fracasado golpe, “el tancazo” y el 11 de septiembre, los conspiradores no descansan. La trama civil acelera su embate al gobierno. La Democracia Cristiana se pliega al golpe. La Contraloría General de la República, en sus manos, declara parcialmente inconstitucional el decreto que conformaba las tres áreas de la economía, social, mixta y privada. El 8 de julio, los presidentes del senado Eduardo Frei Montalva y la Cámara de Diputados, Luis Pareto, democristianos, redactan un comunicado subrayando que el gobierno “pretende imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza”. A continuación, el colegio de abogados manifiesta que se ha roto el ordenamiento jurídico. El 27 de julio, la ultraderecha asesina al capitán de Navío y edecán del presidente, Arturo Araya Peeters. El 5 de agosto, marinos constitucionalistas son torturados por denunciar las maniobras de golpe. Jorge Magasich, en su monumental obra: Los que dijeron NO, historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, señala: “Entre 1970 y 1973 varios centenares de marinos intentan oponerse al golpe de Estado que ven prepararse. Sargentos, cabos y marineros, organizan grupos antigolpistas en las cuatro secciones de la Marina: la Escuadra, las escuelas de especialidades, la Unidad de Aviación Naval y los astilleros. Establecen contactos con dirigentes políticos próximos al gobierno para informarlos de la conspiración en marcha y se organizan para enfrentarla. Son descubiertos por los servicios de inteligencia. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973; las siguientes a fines de julio y a partir del 5 de agosto se desata una verdadera razzia dentro de la Marina(…) El término primera vez puede aplicarse a menudo al caso de los marinos, encarna el ocaso de la democracia y la emergencia de la dictadura (…) Más grave aún: la facción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales(…)”
El 22 de agosto la cámara de diputados, en manos de la oposición, redacta una carta subrayando: “es un hecho que el actual gobierno de la república, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; que para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, (…) violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho” A continuación hace un llamado explícito a las fuerzas armadas, “que en razón al grave quebrantamiento del orden institucional…les corresponde poner de inmediato término …con el fin de … asegurar el orden constitucional de nuestra patria…”.
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Mujeres de Poder Femenino, militantes de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y Patria y Libertad, acompañan, el 21 de agosto, como preámbulo de la carta, a las esposas de generales a la casa del comandante en jefe del ejército Carlos Prats, convaleciente de un ataque al corazón y un proceso gripal. Desde la acera, tildándolo de cobarde, lanzan plumas de gallinas, insultan y solicitan la intervención de las fuerzas armadas para derrocar el gobierno constitucional. Al día siguiente, el general Prats presenta su dimisión. En la carta se lee: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban, habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado, de sólidos principios, no constituirme en factor de quiebre de la disciplina y de la dislocación del Estado de Derecho, ni de servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno constitucional (…) he estimado un deber de soldado presentarle la renuncia indeclinablemente de mi cargo de Ministro de Defensa Nacional, y a la vez, solicitarle mi retiro absoluto de las filas del ejército, al que serví con el mayor celo vocacional durante más de cuarenta años.”
Guillermo Pickering, comandante de las Escuelas Militares, y Mario Sepúlveda, comandante de la segunda división (Santiago), generales con mando en tropa, renuncian en solidaridad con el general Prats. El director general de carabineros, Jose María Sepúlveda Galindo, se mantiene firme. Estará con el presidente en La Moneda, el 11 de septiembre, solo abandona su puesto cuando Allende se lo ordena. El subdirector Jorge Urrutia y los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas tampoco se pliegan al golpe, los alzados recurren a un general mediocre, sexto en la cadena de mando, Cesar Mendoza. En la Armada, su comandante, Raúl Montero, será retenido en su casa. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery, el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín, constitucionalistas son separados del mando, se autoproclama jefe de la armada José Toribio Merino.
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En la Moneda, Joan Garcés relata su percepción de Allende al valorar la situación y tras la declaración de los golpistas: “…Resumo el comunicado de la radio (…) aparece firmado por Leigh y Merino, pero también por Mendoza que se autodenomina director general de Carabineros y por Pinochet. No hace ningún comentario. Estamos solos. Toma el teléfono y pronuncia una breve alocución por radio. (…) son las 8.45. De pie, la mano sobre la mesa de trabajo, repiqueteando los dedos, la mirada perdida en la distancia, Allende se limita a decir a media voz: Tres traidores, tres traidores…”
Mendoza un general rastrero se autonombra; Merino, secuestra al comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero; y Pinochet, un cobarde que el domingo 9 de septiembre juró lealtad en la residencia presidencial, se pliega al putsch, debía activar el plan Hércules, dispositivo antigolpe el 11 de septiembre. Allende convocaría a referéndum en su alocución prevista a las 12.00 horas en la Universidad Técnica del Estado. En su discurso plantearía la necesidad de una nueva Constitución, cuyo borrador estaba siendo redactado. La vía chilena al socialismo, se asentaría en un nuevo marco jurídico, nacido de una votación popular. La Democracia Cristiana, el partido Nacional y la patronal son informados. Brady, general golpista al mando de la guarnición de Santiago, tras la renuncia del general Sepúlveda, garantiza la movilización de la tropa. El golpe debía adelantarse, será el 11 de septiembre. El discurso de Allende no podía ver la luz, eso desbarataría el putsch. El 10 de septiembre, la Armada en medio de la operación Unitas con la marina USA, desplaza sus acorazados hacia Valparaíso, buques de guerra estadounidenses le apoyan, la aviación controla los aeropuertos civiles y tiene desplazados los aviones Hawker Hunter. Serán utilizados ante el fracaso de la infantería en la toma de La Moneda. No pudieron romper la defensa de Allende, los GAP y los civiles apostados en su interior. Una derrota militar en toda regla.
El 11 de septiembre, el ejército y la aviación bombardean, toman ministerios, medios de comunicación, fábricas, sedes de los partidos y universidades. Se inicia la detención y asesinato de dirigentes y militantes de la Unidad Popular. La tiranía se cierne sobre Chile. Hoy, la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, pone sobre la mesa la convocatoria de un referéndum y la formación de una asamblea constituyente, esta vez para acabar con el ordenamiento espurio de la constitución pinochetista. De su triunfo depende que se puedan abrir las grandes alamedas, cerradas durante décadas. Allende esta presente.
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