Capitalismo holandés y nostalgia colonial. Una nota a propósito de la dimisión del gobierno Rutte

El primer ministro dimitido holandés, Mark Rutte, sale montado en bicicleta del Palacio Real, en La Haya, el pasado viernes. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La noticia saltó la semana pasada en una gran variedad de medios de comunicación: el gobierno holandés, encabezado por Mark Rutte, ha dimitido en pleno. Una dimisión tramposa porque en realidad sólo el titular de economía ha dejado de ejercer como tal. El resto del gabinete sigue en funciones hasta las elecciones generales de marzo. Rutte inicialmente no quería dimitir pero sus socios de gobierno –el gabinete es un cuatripartito- le convencieron, so pena de quedarse sólo ante la próxima cita electoral.

El motivo de esta dimisión colectiva también ha trascendido. Desde 2012 un total de 26.000 familias que percibieron ayudas sociales para la infancia fueron obligadas a devolver tales ayudas, acosados por los distintos organismos de la administración y del estado neerlandés (jueces, funcionarios y los ministerios de Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, con la complicidad del Gobierno y el propio Parlamento mirando hacia otro lado) que les acusaron de fraude masivo. En realidad se trataba de pequeños defectos de forma, como la falta de firma en algunos documentos, que podrían subsanarse administrativamente sin dificultad. Pero ninguna apelación fue atendida. Muchas familias han quedado arruinadas y destruidas al tener que devolver las ayudas y los correspondientes intereses, lo que ha supuesto deudas de hasta 100.000 euros. De este modo muchos padres han perdido la vivienda y los puestos de trabajo. La indemnización de 30.000 euros por familia, a tanto alzado, decidida por el Gobierno es claramente insuficiente, aunque muestra un reconocimiento de responsabilidad. Dos detalles hay que retener de esta persecución. En primer lugar, al ser perceptores de ayudas sociales, se trata –vamos a dejarnos de eufemismos- de la persecución de familias pobres. En segundo lugar, ha sido una persecución racista. En efecto, la gran mayoría de estas familias no eran blancas, sino, que se trataba sobre todo de gentes de origen turco y marroquí, que indistintamente habían adquirido la nacionalidad holandesa. En suma, aporofobia y racismo institucionales.

Este asunto ha estallado poco después de que varios medios digitales y de televisión se hicieran eco de un trabajo de investigación presentado por la Fundación 1º de Mayo y encabezado por el sociólogo Pablo López Calle. Un estudio que profundiza en otro anterior que llegó a suscitar una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En él se detalla la situación de los españoles que trabajan en la logística en Holanda. Alojados en pésimas condiciones de habitabilidad, agravadas por la pandemia de COID-19, viven atados al móvil esperando una llamada para desplazarse a cumplir un servicio. Si no les llaman no cobran. Se da así la paradoja de que algunos meses les sale a pagar, puesto que han de abonar el alojamiento. El negocio está en manos de un entramado de empresas, que controlan desde el reclutamiento de mano de obra al envío de paquetería, pasando por el alojamiento de los trabajadores y la habilitación como albergues de espacios destinados a otros usos. Esta sobreexplotación se escuda en la legislación laboral holandesa. Un cóctel explosivo de liberalismo institucional dogmático y explotación laboral decimonónica.

En marzo del año pasado, en el momento más álgido de la pandemia para Italia y España, la UE discutía la distribución de fondos para paliar la crisis sanitaria y económica. El plan estuvo inicialmente diseñados por Francia y Alemania.  Frank Rutte, a la cabeza de los mal llamados frugales (Dinamarca, Suecia, Austria y los propios Países Bajos) se opuso a las ayudas a los países del sur. En ese contexto, su ministro de finanzas Wopke Hoekstra, pidió a Bruselas que investigara por qué países como España e Italia se encontraban sin margen presupuestario para enfrentarse a la pandemia y se preguntaba por qué había que ser solidarios con ellos. El jefe de gobierno portugués, Antonio Costa, calificó estas declaraciones de repugnantes.

A finales del mes siguiente, unas imágenes dieron la vuelta a través de todos los telediarios europeos. Se trataba nuevamente de Rutte. Esta vez, era interpelado por un empleado de una empresa de reciclado de basuras de La Haya en la que el primer ministro estaba de visita. El empleado le grita: Por favor, no les des dinero a esos italianos y españoles. Rutte respondió sonriendo y diciendo por tres veces no, mientras levantaba el pulgar hacia arriba.

Esta falta de empatía hacia las poblaciones (propias o vecinas) asaltadas por la precariedad social así como una actitud que recuerda al pasado colonial no son exclusivas de Rutte y de su gobierno, como bien muestran algunos ejemplos. Así, en plena discusión sobre la cuantía y distribución de fondos a la que ya nos hemos recibido, el semanario holandés Elsevier Weekblad' publicó una portada que concentraba todos los estereotipos al uso. En efecto, en la mitad superior aparecían dos jóvenes rubios en actitud laboriosa. La parte de abajo la ocupaban tres vagos. Uno, tocaba la guitarra; otro disfrutaba de un café sentado en una terraza y una tercera, una chica joven, se remojaba los pies al borde de una piscina mientras jugueteaba con su móvil. El titular, era inequívoco: Ni un céntimo más al sur.

Y si apartamos por un momento la vista de los conservadores y liberales neerlandeses para fijamos en los dirigentes socialdemócratas del llamado Partido del Trabajo (PvdA), observaremos los mismos tics políticos y culturales. De hecho, el escándalo de la retirada de las ayudas a las familias que comentamos al principio de este artículo, se ha llevado por delante al cabeza de lista socialdemócrata Lodewijk Asscher, a la sazón ministro de Asuntos Sociales en los años de retirada de las prestaciones a las 26.000 familias afectadas. Otro ejemplo, en 2017, el presidente del eurogrupo no era otro que el holandés Jeroen Dijsselbloem. Su partido, el PvdA había sido electoralmente derrotado en su país y se dirimía su continuidad al frente del eurogrupo. En ese contexto ofreció una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ni corto ni perezoso declaró: en la crisis del euro, los países del Norte se han mostrado solidarios con los países afectados por la crisis. Como socialdemócrata, atribuyo a la solidaridad una importancia excepcional. Pero el que la solicita, tiene también obligaciones. Uno no puede gastarse todo el dinero en copas y mujeres y luego pedir que se le ayude. Otro compendio de estereotipos ofensivos hacia los países del sur. Esta vez, agravado con un indisimulado machismo.

Por otra parte, si Bruselas, haciéndose eco de la propuesta de Wopke Hoekstra, iniciase una investigación sobre la fiscalidad en los países de la UE, pondría sobre el tapete, algo que ya se sabe: los Países Bajos son un paraíso fiscal. De hecho, según fuentes citadas por El Periódico (16/IV/2020) en 2019 Holanda ocupaba el cuarto puesto mundial del Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, sólo por detrás de ínsulas de acrisolada tradición en la materia, como las Islas Vírgenes, las Bermudas y las Caimán. Eso, si, por delante de dos clásicos como Suiza y Luxemburgo. Holanda es asimismo el octavo país del mundo en opacidad financiera, según datos de 2020. De este modo hurta anualmente al conjunto de sus socios de la UE un total de 9.500 millones de euros de recaudación fiscal. De ellos, en torno al 10 por ciento corresponderían a España. Esto lo hace mediante sociedades pantalla instaladas en su territorio, a las que las compañías multinacionales derivan sus impuestos. En tanto que paraíso fiscal Holanda recauda anualmente 3.400 millones de euros.

El capitalismo neerlandés ha presumido siempre de una cultura de la racionalidad, la laboriosidad y la eficiencia, que se presenta como una herencia de la ética calvinista. Pero lo que la realidad nos muestra es una mezcla de sobrexplotación de la mano de obra, de odio a los pobres, racismo institucional y xenofobia, además de una nostalgia colonial proyectada hacia los países del sur de Europa. Esta cultura es ampliamente compartida por el establishment político y mediático y configura una especie de cápsula comprimida en un pequeño país de neoliberalismo a ultranza. No nos extrañe entonces, el crecimiento también allí de la extrema derecha.