Impuestos a la carta

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Miren Etxezarreta

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Patrick Thomas

Es curioso el revuelo generado en torno a la hipotética demanda que se han planteado hacer algunos ricos españoles de que se les aumenten sus impuestos siguiendo el ejemplo de sus colegas de Estados Unidos, Alemania y Francia. En el fondo es un tema menor que ha recibido una gran atención mediática. Parece que ser un muy rico moderno exige que se pida al Estado que aumente la imposición sobre sus respectivas fortunas para hacer su aportación a la salida de la crisis, añadiendo además sobre qué bases y tasas de imposición se puede hacer. Hay quien se impresiona por este patriotismo de los fortunados y considera que es una encomiable actitud digna de ser copiada. ¡Qué buenos, qué progres, son los ricos de ciertos países, mientras que nuestros ricos siguen negándose a asumir estas tasas voluntarias! Porque, eso sí, los ricos españoles, por si acaso, de momento se niegan rotundamente a esta posibilidad.

Este es un pequeño indicador que muestra ampliamente hasta qué punto estamos perdiendo las rutas del análisis social. Resulta que ahora quienes poseen las más grandes fortunas son quienes van a decidir por sí mismos si van a ser o no gravados y en qué formas y niveles, usurpando una de las pocas atribuciones que le quedan al Estado de regular la vida social. Sólo si a ellos les parece bien, podrán ser gravados y serán ellos asimismo quienes decidirán sobre el alcance de dicha imposición. Es totalmente el fisco al revés. En lugar de ser el Estado el que disponga el sistema impositivo que considere adecuado, se encuentra ahora en una posición en la que los filántropos adinerados le dirán lo que tiene que hacer. ¿Es el poder del dinero tal que se le admite que establezca su propio sistema de imposición? Quizá sea más grave que quienes guían a la opinión pública lo presenten como algo positivo en vez de mostrar su verdadera naturaleza de absorción de uno de los pocos reductos que le quedan a la acción pública.

Filántropos con intención de incidir en la actuación pública los ha habido siempre y los seguirá habiendo en el futuro, pero que esta supuesta filantropía llegue a determinar una parte importante del sistema fiscal no deja de ser una ocupación escandalosa de la autoridad democrática.

Desde la crisis de los setenta, los impuestos disminuyeron en todo el mundo occidental y en España han estado disminuyendo principalmente en las dos últimas décadas. Y ahora estos ricos que tanto han presionado para la disminución de impuestos a los tramos económicos más altos y sus fuentes de riqueza pretenden presentarse como ciudadanos responsables que están dispuestos a pagar un poco más, si es en sus términos: discuten “qué es un rico”; desde qué nivel de riqueza se puede empezar; cuánto podrían pagar; a qué se tendrían que dedicar esos fondos. Entre otras cosas, ni se nos ocurre pensar en el absurdo y en el enorme agravio comparativo que supone, ¿puede el resto de la ciudadanía diseñar el sistema fiscal al que será sometida? Si esto no es la usurpación del poder democrático, habrá que explicarlo.

Incluso ahora, existen suficientes figuras fiscales para mejorar la recaudación de los más ricos sin grandes modificaciones legales, sin recurrir a las aportaciones graciosamente ofrecidas. Bastaría con que se revisasen las exenciones al impuesto de sociedades, o establecer gravámenes superiores a figuras como la imposición a los fondos de inversión y las sicav, o que se recuperara que la llamada imposición al ahorro que establece una tasa de imposición más baja para los intereses y dividendos que el cómputo de ingresos totales que regía hasta hace poco, o se incrementen los tipos de imposición a los tramos más altos del IRPF. Por no hablar de las posibilidades que ofrece la mejora del control del fraude fiscal –es curioso que entre algunos de estos muy ricos que piden ser taxados, en Francia, por ejemplo, aparece algún nombre hasta hace muy poco conocido por su grado de fraude fiscal–. Que empiecen por pagar lo que el sistema fiscal les puede exigir que paguen y ahora eluden con ingeniosas fórmulas fiscales legales.

El sistema económico y social actual no precisa de filantropía, requiere de derechos y actuaciones fiscales que aseguren a los entes públicos la capacidad de participar de forma regulada legalmente, y sin excepciones en la riqueza creada por la sociedad.

El objetivo de los más ricos no es ingenuo: pretenden adelantarse a que, ante la enorme acumulación de riqueza por unos pocos, esta se cuestione, pretenden que no se ponga en cuestión su derecho a seguir siendo muy ricos, se presentan como filántropos en lugar de absorbedores de la riqueza social y se aprestan a limitar el coste que están dispuestos a pagar por ello.

Incluso es necesario revisar los números con cuidado. Aunque es una propuesta de otro cariz, pensemos que en las recientes propuestas de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio y un impuesto a la banca, se prevé que el primero ingrese 1.080 millones de euros y el segundo en torno a 1.000 millones, mientras el antiguo Impuesto sobre el Patrimonio en su último ejercicio de vigencia recaudó 2.212 millones. ¿Filántropos progresistas además de más baratos? Inteligente combinación… para los ricos.

La supuesta filantropía de estos muy ricos consigue manejar el aparato del Estado como ellos quieren, pagar menos de lo que tendrán que hacer si la opinión pública realmente toma constancia de su privilegiada situación y, además, quedar como personas profundamente preocupadas por la situación social. ¡Que fantástica operación de imagen!