Opinión · Dominio público
Horizonte 2023: territorialidad, política y Estado
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Este artículo forma parte de la colaboración entre el Institut Sobiranies y 'Público'.
Se repite hasta la saciedad, pero partiremos de allí. En las elecciones de 2023 se juega una doble posibilidad: o un gobierno del PSOE conjuntamente con Unidas Podemos (o la condensación especifica que tome para entonces el área del cambio al entorno de la candidatura de Yolanda Díaz) con el apoyo de los distintos soberanismos y regionalismos del Estado (o una parte de los mismos); o un gobierno del Partido Popular con VOX.
Parecería una disyuntiva fácil, pero no lo es. Tanto en lo social y económico, como en lo territorial. Aquí, de todas formas, nos centraremos en lo territorial, pero teniendo en cuenta que lo uno, lo social, sólo tiene condición de posibilidad a partir de la resolución de lo territorial; de la misma forma que lo otro, lo territorial, sólo tiene condición de posibilidad, a partir de la resolución de lo social. No es un debate teórico ni universal, en ese campo los distintos bandos pueden tomar partido como les plazca en una guerra infinita, es un debate práctico. Ahí esta la mayoría de investidura -y, en parte, de gobierno- de 2019. Ese gobierno no hubiera sido posible sin el concurso de las izquierdas, los soberanismos e, incluso, los regionalismos.
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De hecho, la legislatura, ha ligado todavía más esta única alianza posible, fenecidos los distintos intentos por parte del PSOE de la alternativa con Ciudadanos. Intentos que llevaron primero a la repetición electoral de 2019, esperando que Ciudadanos pudiera crecer (se hundió y creció Vox). Inasequibles al desaliento, más tarde los dirigentes socialistas fracasaron de nuevo buscando a los “liberales” para pactar los presupuestos generales del Estado de 2021 (llevando a la que probablemente fue la crisis más importante en el seno de la coalición gobernante con Podemos). Con todo ello no bastaba y, finalmente, se construyó la moción de censura en Murcia para dar un gobierno autonómico al partido de Arrimadas, como quien da un balón de oxigeno al ahogada que se necesita para el futuro (acabó fatal y la carambola llevó a reflotar no a Ciudadanos, sino al conjunto de la derecha después de la victoria de Díaz Ayuso en Madrid). Subió entonces para el PSOE el preció de las alianzas de izquierdas y territoriales, ante la evidencia que no había otras posibles, con facturas que difícilmente aguantaran más allá de 2023.
Eso afecta, sin duda, a la negociación con Catalunya –una negociación que, si aguanta, tendrá una primera fase hasta 2023 y una segunda, más resolutiva, a partir de esa fecha–, pero va mucho más allá. De las cuatro grandes crisis territoriales vividas en los que llevamos de milenio (el Plan Ibarretxe, el Procés, la España vaciada y la madrileña) la de Cataluña ha tomado los contornos más agudos, provocando incluso una crisis de Estado, pero no es ni mucho menos la única. El crecimiento del soberanismo en el caso de Euskadi o Galicia en las últimas contiendas electorales autonómicas, la consolidación de Compromís, o la misma emergencia como segunda fuerza política en Madrid de una candidatura como Más Madrid, va acompañada ahora, más allá incluso de lo que pueda suceder en espacios como Canarias o las Islas Baleares, de la presentación conjunta de la España Vaciada en distintas provincias después del éxito ya cosechado en Teruel. Movimiento, este último, que amenaza con hacer saltar por los aires el último resguardo del bipartidismo. Las provincias en las que, dado los pocos escaños en juego, se tendía a la concentración de voto sólo entre el PP y el PSOE, ahora son las principales afectadas por las posibilidades de la España vaciada.
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Ante este movimiento tectónico, plural e incluso contradictorio, que certifica que la crisis de representación democrática y social abierta con el 15M, tiene una segunda ola en la crisis de representación nacional española (tanto por la no asunción de la existencia de diversas naciones, es decir de la plurinacionalidad, como por una lectura de lo nacional español que deja fuera a vastos territorios). Una segunda ola que impactará en 2023 y ante la que hay dos posible declinaciones.
En una el PSOE intentará de nuevo o gobernar solo, a pesar de que no tenga la mayoría, o con la llamada área del cambio (tome la forma final que tome ésta), con apoyos externos de las opciones soberanistas y regionalistas. El argumento principal para pedirles el apoyo no será otro que el del temor (fundado) de un gobierno del PP con VOX y a cambio negociar algunas reivindicaciones sociales, territoriales o de carácter plurinacional con cada una de las distintas fuerzas por separado y por fases. Un juego en el que el PSOE se puede asegurar el poder, ya que se encuentra en el centro de todas las alianzas, pero que no hará sino aumentar las contradicciones, tanto para el conjunto de las fuerzas implicadas como por la posibilidad del crecimiento de las derechas ante ellas. La pura alianza de correlación de fuerzas entre proyectos distintos, disciplinados por la amenaza de una alternativa que no se quiere vivir, no suela durar mucho: o se rompe internamente o la rompen desde fuera.
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En la segunda posible opción, las fuerzas implicadas en las alianzas con el PSOE, construyen una agenda común y compartida. Una agenda que, más allá de la mera reivindicación y del horizonte de resistencia, se transforma en un horizonte de transformación compartido. Éste afecta tanto al modelo social y económico, como al territorial y plurinacional y a la propia conformación del Estado (una agenda de este tipo no es posible sin la modificación, por la misma mayoría absoluta que puede dar una investidura en primera vuelta, de leyes orgánicas como las del Poder Judicial, Financiación, del Tribunal Constitucional, de referéndums, etc., y la producción de nuevas).
En este caso, las mutuas debilidades –producidas por la fragmentación que tiene como único polo central la capacidad de negociación con el PSOE– devienen fortaleza conjunta con capacidad de desborde. Evidentemente los distintos proyectos políticos implicados en este proceso no consuman, por su misma diversidad, sus objetivos últimos, pero les dan una mayor condición de posibilidad y, sobre todo, muestran la capacidad de transformar la vida de las mayorías. Es un paso de la reivindicación a la propuesta global, de sufrir el Estado a transformarlo, de la subordinación ante el mismo a su dirección, pero, sobre todo, es el único paso que asegura a la larga que no gobiernen, no el Estado, sino nuestras vidas, las versiones más extremas de las derechas. Al final sólo se resiste avanzando.
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